La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata por la cual el suspendido juez Pedro Cornelio Federico Hooft deberá prestar declaración indagatoria en una causa por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Denunciado en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Hooft ya logró en cinco oportunidades postergar la citación a declarar como imputado que ordenó el juez federal Martín Bava, quien ahora deberá disponer una nueva fecha de audiencia. El ex magistrado es investigado por su responsabilidad en privaciones ilegales de la libertad, torturas y homicidios en el contexto de la llamada Noche de las Corbatas, como se conoce a la desaparición de un grupo de abogados laboralistas de Mar del Plata durante el terrorismo de Estado. Hooft tiene prohibida la salida del país por orden de la Cámara Nacional de Casación Penal.

El último manotazo de ahogado de Hooft para ganar tiempo y evitar rendir cuentas sobre su responsabilidad durante la dictadura fue un recurso de queja ante Casación que firmaron sus abogados Héctor Granillo Fernández y Horacio Mariano Ayesa. La Sala II de Casación, integrada por Alejandro Slokar, Pedro David y Angela Ledesma, lo rechazó en poco más de una carilla por considerar que no existe una “cuestión federal” que justifique su intervención, que el recurso no se dirige contra una “sentencia definitiva” y que ya se le brindó al imputado la garantía de la doble instancia, es decir que la decisión de Bava de indagarlo fue confirmada por la Cámara marplatense, que además le recomendó “prudencia en este tipo de planteos, que conllevan un retraso tácito para la continuidad del proceso penal”.

Hooft está imputado por rechazar hábeas corpus presentados por familiares de desaparecidos y por encubrir a los grupos de tareas que actuaron en Mar del Plata en al menos 17 casos de secuestros, torturas y homicidios. Tal como ocurrió en Mendoza con Otilio Romano, en su caso con mejor suerte, lleva siete años apelando a contactos políticos y de la corporación judicial a la que pertenece para dilatar la acusación penal y también el jury, que ya lo suspendió y podría quitarle sus fueros.

Para bloquear su citación a indagatoria, Hooft presentó infinidad de planteos de nulidad, revocatorias y recusaciones, con las cuales logró apartar a distintos operadores judiciales que intervinieron en el expediente. En septiembre, los fiscales federales Jorge Auat y Horacio Azzolin le reclamaron a la Cámara de Mar del Plata que pusiera fin a la estrategia dilatoria de Hooft, que también había recusado a los representantes del Ministerio Público Fiscal. La Cámara rechazó ese planteo y tomó nota de los argumentos de los fiscales, quienes recordaron que tanto la recusación contra Bava como la nulidad del llamado a indagatoria ya habían sido rechazadas por el tribunal.

Hooft recusó a Bava dos veces, invocando un supuesto “temor de parcialidad”. En la segunda oportunidad sostuvo que el magistrado había intervenido como cuarto juez en un proceso que abarcaba hechos por los que está imputado, excusa que intentó respaldar con el testimonio de un conjuez de aquel tribunal, Juan Carlos París. La Cámara de Mar del Plata rechazó una y otra vez los argumentos de los abogados de Hooft, que entonces presentó un recurso de queja ante Casación.

En paralelo con sus presentaciones en el expediente, Hooft implementó en los últimos meses una estrategia de victimización. Acompañado por sus defensores más famosos, el ex fiscal Julio Strassera y el ex juez supremo Gustavo Bossert, impulsores de la teoría sobre un supuesto complot contra su cliente, logró ser recibido incluso por el entonces titular de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Jorge Yoma, quien termina su mandato en los próximos días.