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Difícil desenchufarse de la realidad en la oficina del jefe de Gabinete. Sobre una pared, varias pantallas transmiten los principales canales de noticias más otras dos que informan en tiempo real sobre la evolución de la Bolsa y de las variables económicas. En uno de estos canales, un ex funcionario analiza la cotización del dólar blue, que ya supera los 11,50 pesos. “Qué capos que son estos tipos. Lo voy a llamar a éste y le voy a decir: ¿para qué estamos nosotros? Si son capos ustedes, ¿por qué no gobiernan?”, reacciona Jorge Capitanich antes de acomodarse en un sillón. Detrás, hay imágenes de la presidenta Cristina Kirchner –una del día en que le tomó juramento, el pasado 20 de noviembre–, de sus hijas y de su visita al papa Francisco. La ola de calor ha vuelto y, con ella, un amago de nueva protesta policial en Córdoba. Un fantasma de los días de diciembre que Capitanich tiene muy presentes. “Hay un intento de desestabilización permanente hacia el Gobierno”, asegura.

–¿Qué balance hace de su decisión de dar conferencias de prensa diarias?

–La agenda que hemos diseñado por instrucción de la Presidenta fue tener una comunicación fluida con los medios. Nos parece una metodología apropiada, aun cuando existen interpretaciones capciosas de determinado tipo de periodistas o de grupos mediáticos concentrados. Una conferencia de prensa no significa tener una agenda temática con una duración definida. Los medios que son férreamente opositores critican cuando la conferencia es de seis minutos, cuando es de 52 minutos, cuando se utiliza un lenguaje técnico para explicar determinadas situaciones y cuando se usa un lenguaje más rudimentario. Nunca están de acuerdo con nada.

–¿No preveía que esto podía suceder?

–Sí, pero qué es lo que pretenden aquellos que son opositores al Gobierno: que uno diga lo que ellos quieren que uno diga. Y, en general, los opositores quieren que uno haga lo que ellos quieren que uno haga. Pero para eso hay que ganar elecciones. Y acá la única persona que ha ganado una elección con casi el 55 por ciento de los votos se llama Cristina Fernández de Kirchner, así que si quieren ocupar ese espacio tienen que competir en elecciones y ganarlas.

–¿No cree que se instaló un clima de pesimismo con los cortes, la cotización del dólar y con la caída de las reservas?

–El tema central es que desde la oposición en forma permanente van a intentar generar pesimismo y esmerilar todas las acciones del Gobierno. Pero lo importante es ver razones objetivas de comportamiento de cada una de las variables.

–Vamos a las reservas, que bajaron de los 30 mil millones de dólares.

–Efectivamente, hemos tenido una evolución de las reservas conforme al programa de desendeudamiento. Prácticamente 43 mil millones de dólares se destinaron a pagar deuda. En definitiva, se utilizó una política contracíclica no a través de la política fiscal sino de la política de acumulación de reservas. Argentina en una primera fase del ciclo expansivo con Néstor Kirchner tuvo acumulación de reservas en virtud de la expansión de la política fiscal para tener mayor cobertura previsional, para incrementar la inclusión social, para mejorar la actividad distributiva. Mientras se producía este esquema de crecimiento de la actividad económica, también se generaban condiciones como para acumular reservas. Esas reservas han permitido pagar deuda. Eso fue lo que permitió bajar de casi 160 por ciento de deuda en términos del PBI al actual cerca del 42 por ciento.

–¿En qué nivel comienza a ser preocupante la falta de reservas?

–Lo que hay que pensar es que las reservas eran un activo que se destinaron a cancelar un pasivo, por lo tanto no tiene variación patrimonial. Digámoslo de otra manera: en vez de tener casi 30 mil millones de dólares podríamos tener 73 mil millones de dólares. El problema es que si no hubiéramos cancelado la deuda con el FMI tendríamos políticas que hubiesen condicionado el desenvolvimiento de la actividad económica. Entonces, no tendríamos una desocupación del 6,6 por ciento, no tendríamos la capacidad de generar 6 millones de puestos de trabajo, la industria automotriz no hubiera tenido cerca de 800 mil autos producidos localmente. Tampoco 2,5 millones de jubilados que no habían completado los aportes previsionales, ni cerca de 3,8 millones de niños y jóvenes con AUH. En definitiva, se invirtió en el pueblo argentino. ¿Quiénes son los que critican a la Argentina? Las grandes usinas internacionales, los fondos buitre, los que tienen capacidad de lobby en los medios dominados por el poder financiero.

–Más allá de esto hay una idea, incluso en gente afín al Gobierno, de que la situación no es la misma que la de hace un par de años.

–Las condiciones son distintas. La puja distributiva se ha acentuado. Acá hay una discusión política de carácter ideológico. No es lo mismo la capacidad de representación de los sindicatos con 25 por ciento que con 6,6 por ciento de desempleo. La puja implica que los especuladores y quienes proponen una estrategia neoliberal pretenden prescindir del Estado, generar un ajuste de carácter recesivo y castigar a la gente. Hay dos modelos en pugna.

–Hoy el repiqueteo informativo tiene que ver con la última cotización del dólar blue, que aunque represente a un mercado marginal genera impacto psicológico, porque la gente imagina hasta dónde podría llegar el dólar oficial. ¿Eso les preocupa?

–Es un mercado ilegal. Son transacciones de quienes no tienen sus dólares declarados o no pueden explicar el origen de sus fondos. La política económica que define la Presidenta está orientada a la sustitución de importaciones, la industrialización más acelerada y el incremento de exportaciones. Esos son los temas a resolver, igual que el autoabastecimiento de energía, que va a implicar menor demanda de divisas. El consumo de energía creció de una manera extraordinaria. Eso es porque crece la calidad de vida en los hogares y también la demanda industrial.

Hay muchos que proponen un modelo agroexportador. Eso implica dejar afuera a 10 millones de argentinos, o tener salarios más bajos, o generar mayor exclusión. No es casualidad que exista un diseño urdido por grupos mediáticos concentrados, con una acción deliberada para generar pesimismo y pérdida de confianza.

–¿En qué ve ese diseño?

–No es casualidad lo que ha ocurrido en diciembre. Nosotros asumimos el 20 de noviembre y el 3 de diciembre hay un alzamiento policial en Córdoba, qué enorme coincidencia. Pero no es casualidad, hay causalidad. Hay un intento de desestabilización permanente hacia el Gobierno. El cambio de expectativa, a través de un cambio de gabinete, ha sido sistemáticamente atacado. Primero, por las características personales de sus miembros. Los alzamientos policiales fueron para provocar una deslegitimación de los gobiernos provinciales que lograron, en muchos casos, respaldo popular en las elecciones. Todos los petitorios fueron con acciones coordinadas. Por lo tanto, ha habido actores políticos, actores sindicales y actores económicos. No es casualidad un proceso de desestabilización política con un nivel de fuerte impronta por las fuerzas de seguridad provinciales, que portan armas. Fue una afrenta institucional en la fecha de celebración de 30 años de la democracia, porque empezó el 3 de diciembre y se agudizó esa semana con una finalidad determinada. El mensaje es que hay fuerzas organizadas para provocar disturbios y desestabilización de un gobierno. A eso se le suman acciones deliberadas, o no, por parte de empresas de energía para no prestar servicios o no programar adecuadamente, mecanismos de omisión de comunicación y de capacidad operativa para resolver el problema. El permanente ataque a la gestión desde medios de comunicación en donde no hay nunca una noticia positiva. Se puede estar a favor o en contra de un gobierno, pero un medio de comunicación tiene una responsabilidad social y eso implica garantizar pluralidad de voces y perfil de carácter informativo. Cuando existe la acción manifiesta de solo atacar a un gobierno, eso, más que oposición política o mediática, es acción desestabilizadora.

–A partir de lo que sucedió el jueves en Córdoba, ¿cree que pueden reanudarse las protestas policiales?

–Todo mecanismo de aceptación de la extorsión por parte del sistema democrático termina mal. Lo que hay que hacer es garantizar el cumplimiento de la ley. Hay un rol indelegable de la Justicia para la investigación y la detención de aquellos que fueron autores de delitos. No se puede autorizar ningún tipo de negociación bajo extorsión.

–Con ese argumento, en algunas provincias se está planteando la nulidad de los acuerdos salariales firmados durante las protestas. ¿Cuál es la posición del Gobierno sobre la validez de esos acuerdos?

–Lo que dice la Justicia en muchos casos, que bajo extorsión se determina la nulidad de los actos. Es imprescindible pensar si con 30 años de democracia todavía tenemos que aceptar métodos extorsivos. Toda negociación de carácter salarial tiene que hacerse en el marco de la representatividad de los actores. En ese contexto, quien usa un arma no puede tener sindicalización, porque debe primar su misión principal, que es garantizar la vida, la propiedad y la libertad de los habitantes.

–Vamos a los que hacen reclamos sin usar armas, entonces. Las primeras declaraciones de los referentes de las diferentes centrales obreras coinciden en un pedido de recomposición que va del 25 al 30 por ciento para estas paritarias. ¿Cuál será la postura del Gobierno?

–El Gobierno ha establecido claramente una estrategia desde Néstor Kirchner hasta la fecha. Había 200 paritarias en el año 2002 y hoy hay 1500 y la meta del Gobierno es llegar a 1650. Las paritarias son libres y dependen de la capacidad de negociación entre empresarios y trabajadores. No todos los sectores que forman parte de la industria pueden tener la misma capacidad de discusión salarial porque tienen parámetros distintos. Todos quisiéramos ganar lo que gana un trabajador del petróleo pero no puede un trabajador público de una provincia pretender esa equiparación. En ese contexto, creemos que aquellos dirigentes sindicales que pretenden a partir de este mes azuzar con determinados porcentajes, lo que están haciendo es una manifestación de orden político.

–¿Cómo marcha el plan de los Precios Cuidados? Hay denuncias de faltantes en los comercios.

–Los precios cuidados están cumpliendo de forma gradual los objetivos: primero se identificaron 100 productos, 194 precios, 64 proveedores y las cadenas de supermercados para llegar a 1500 bocas de expendio en el área metropolitana. Eso luego se extendió a la Costa y ahora están en proceso de incorporación los supermercados de origen asiático. También está la idea de convocar la semana próxima a los ministros de Economía provinciales para extender el acuerdo a todo el país. Se espera que los productos seleccionados tengan efectos de demostración. Incorporar una mermelada de ciruela es un precio de referencia para la mermelada de naranja o durazno de las mismas características. Apuntamos a desalentar cualquier tipo de expectativa de inflación. El acuerdo tal como está implementado significa una reducción del 7 por ciento en los precios de los productos que forman parte. Se busca mostrar que el Gobierno está dispuesto a utilizar todas las herramientas de política económica. Si se produce el faltante de un producto por algún motivo, el Gobierno está determinado a intervenir, aun con la importación transitoria.

–La famosa discusión del tomate.

–La discusión del tomate es muy importante, porque pone en evidencia que en la cadena existen contradicciones. Por un lado, alguien puede suponer que puede faltar un producto por condiciones climáticas adversas y por otro lado los productores dicen que hay excedente. Por eso queremos poner todas las cosas a la luz pública, para que el pueblo argentino pueda tener información acerca del precio de cada cosa.

–¿Se está pensando qué herramientas se van a aplicar luego de que concluya el acuerdo de precios?

–La tensión de precios en la Argentina es producto de la puja distributiva y del incremento de la demanda. En ese sentido, hay que pensar que es una tensión derivada de la concentración económica y de precios oligopólicos y monopólicos impuestos por sectores que ostentan una posición dominante. Por eso, democratizar la economía significa propiciar políticas públicas para preservar el poder adquisitivo del salario.

–Eso ya hablaría de un plan a largo plazo, no sólo de un acuerdo de precios.

–Muchos hablan de la inexistencia de un programa económico integral. Esa es la permanente afrenta de la ortodoxia para promover planes de ajuste descomunales. ¿Qué significa tener un programa económico? Significa tener reglas esenciales desde el punto de vista fiscal, monetario y cambiario. La regla fiscal la da el presupuesto aprobado, la reglamentación de ese presupuesto y la asignación de los recursos correspondientes. Lo que nosotros hacemos, que la ortodoxia económica rechaza, es utilizar los elementos que nos permite la Carta Orgánica del Banco Central. Pero nada se dice cómo utilizan estos recursos en otros lugares del mundo, donde dedican parte de la renta obtenida por recursos estratégicos, ejemplo petróleo, que se colocan dentro del presupuesto como recursos cuasifiscales para lograr el equilibrio presupuestario. ¿Existe política fiscal en la Argentina? Claro. El Banco Central publicó el programa monetario el último día hábil del año pasado. Y política cambiaria también: hay una flotación administrada, que puede tener distintos niveles conforme lo que determine la conducción política del Estado. Lo que la ortodoxia y las usinas del neoliberalismo pretenden es desacreditar todo este tipo de herramientas. ¿Por qué publican todo el tiempo la cotización del blue? Es un mercado ilegal que no tiene una cotización transparente, no hay un valor que determine claramente el precio de la oferta y de la demanda. Por ejemplo, la cotización del gramo de cocaína es exactamente lo mismo. Los medios de comunicación podrían publicarlo.

–En algún momento advirtieron sobre la posibilidad de que el Estado asumiera el manejo de las empresas energéticas. ¿Quedaron conformes con las respuestas que recibieron en la reunión que mantuvieron con ellas?

–Vamos a quedar conformes cuando las empresas inviertan lo que se comprometieron y hagan efectivo el plan de contingencia que nos han entregado. La Presidenta tomó la decisión de dejar conformado el ente regulador y este ente es el responsable de la supervisión del plan de inversiones, de evaluar la calidad del servicio y del plan operativo y de contingencia a los efectos de garantizar que existan cuadrillas entrenadas con los recursos adecuados. Eso es lo que tienen que hacer las empresas.

–Hay toda una cuestión acerca de si la Presidenta tiene que hablar o no, si está gobernando como siempre o no. ¿Cómo es el trabajo con ustedes?

–La Presidenta toma decisiones en forma sistemática y diaria, tanto estratégicas como operativas, y está en contacto con cada uno de sus ministros, a quienes instruye órdenes y promueve las acciones correspondientes. Es una persona que está gobernando con plena y absoluta dedicación.

–Scioli planteó la posibilidad de modificar las leyes de Defensa y de Seguridad Interior para que el Ejército profundice su participación en la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuál es su posición?

–Es un debate contrario a la Ley de Seguridad Interior. En definitiva, el ámbito de discusión de eso es el Congreso de la Nación. Pero tenemos experiencia como para restringir la participación del Ejército en estas tareas. Lo que hay que pensar es que las fuerzas de seguridad en la Argentina cuentan con 205 mil miembros de fuerzas provinciales y otros cien mil de fuerzas nacionales, además de 150 mil trabajadores registrados abocados a tareas de seguridad, además de los trabajadores no registrados. Por lo tanto, si uno toma sólo los registrados formalmente hoy hay casi 455 mil personas afectadas a seguridad.