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La investigación del juez español Baltasar Garzón sobre los crímenes de la última dictadura recibió un fuerte respaldo. Pero esta vez no vino de su país sino de la Argentina. La Cámara del Crimen le respondió al abogado Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa –preso a espera del pedido de extradición– que el magistrado que encerró al dictador Augusto Pinochet “es el juez natural de la causa habida cuenta de que se trata de delitos contra la humanidad, donde está en juego el principio de Justicia Universal”, dijeron los camaristas Edgardo Donna y Mario Filozof.
Torres de Tolosa es la única persona que nunca perteneció a las Fuerzas Armadas que figuraba en la orden de captura internacional enviada por Garzón el mes pasado. A pesar de no haberse vestido de uniforme, en la época en que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) era uno de los mayores campos de concentración del país, sus vínculos con la Marina eran más que fluidos.
El abogado fue incriminado en Madrid por el ex marino Adolfo Scilingo, quien aseguró que el hombre había participado al menos de un vuelo de la muerte, como se llamaba al hecho de tirar a los desaparecidos al río desde un avión. Aunque el hombre niega la acusación (dice que tiene una “enfermedad congénita” que le impide volar) reconoció que visitaba la ESMA “dos veces por semana” y que allí vio desaparecidos. Garzón lo acusó de genocidio, terrorismo y torturas.
Después de quedar detenido por el juez Rodolfo Canicoba Corral, Torres de Tolosa reclamó su excarcelación, pero ese beneficio no le fue concedido. El magistrado consideró, de acuerdo a lo que había opinado el fiscal Guillermo Marijuán, que la gravedad de los delitos por los que están acusados los represores no permitía su liberación. Presentó entonces un hábeas corpus al que la Sala I de la Cámara del Crimen respondió ayer.
“Se debe afirmar que se está frente a un pedido de un juez natural de la causa, en este caso el de España, habida cuenta de que se trata de delitos de lesa humanidad, en donde está en juego el principio de justicia universal, motivo por el cual todo reclamo que se quiera hacer, a los efectos del control de legitimidad del trámite de extradición en curso, debe ser ante el juez federal que entiende en la causa” (es decir, Canicoba Corral), aseguraron los jueces. El tercer camarista, Carlos Elbert, no se expidió porque estaba de licencia.
“Cuando el accionante posee los remedios legales, en el caso ante el juez federal, y allí las respectivas instancias para ejercer plenamente sus derechos, el hábeas corpus no resulta vía adecuada ni procedente”, afirmaron Donna y Filozof al rechazar el planteo del acusado. Pocas líneas alcanzaron para que los magistrados respaldaran a Garzón como juez competente para investigar los crímenes cometidos en Argentina en los años del terrorismo de Estado.
Torres de Tolosa, como los otros 40 arrestados por orden de Garzón, deberá esperar ahora que el juez español envíe el pedido de extradición y que, a partir de ese momento, se inicie un juicio que demorará varios meses. El abogado fue consultor legal de los represores de la ESMA –ya que era amigo personal de Jorge “El Tigre” Acosta– y fue funcionario del Departamento de Prensa de la Cancillería durante la dictadura. Cuando Garzón envió a Buenos Aires la lista de las personas que se debían arrestar para luego extraditar, Torres de Tolosa presentó una denuncia en la que figuraban como imputados el juez español, todos los miembros de la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional de España, los abogados Carlos Slepoy y Manuel Ollé, que impulsan la causa, y el canciller Rafael Bielsa. En un reportaje publicado por la revista Noticias, Torres de Tolosa rechazó que en Argentina se hubiera producido un genocidio. Ante la repregunta del periodista, que le habló del ensañamiento hacia los desaparecidos de origen judío, el acusado respondió: “Si había uno en el medio, bueno, porque no es que por ser judío no se lo puede perseguir”.