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Oscar Vicente, director de Petrobras, sumó ayer una cuota de presión adicional sobre el Gobierno para que autorice una corrección tarifaria; en este caso, que permita una mejor retribución a los productores de gas. El argumento esgrimido ayer es el mismo que hasta hace poco reiteraba como ejecutivo del holding argentino Pérez Companc: no hay aliento para invertir en exploración y las reservas de gas y petróleo terminarán resultando insuficientes.
“Se trataron temas energéticos y petroleros”, fue la vaga explicación que ofreció Alberto Fernández, jefe de Gabinete, al término de un encuentro de casi dos horas. “No se discutió la renegociación de las tarifas, que es una cuestión muy delicada”, negó Vicente, con quien el Presidente cultivó un buen vínculo como gobernador de Santa Cruz, donde Pérez Companc tiene intereses desde hace años. Sin embargo, el temario de la entrevista matinal fue menos anodino de lo que sugirió el jefe de Gabinete y sí incluyó el análisis de los precios del sector, aunque no directamente referido a las facturas que emiten las distribuidoras de electricidad y gas.
Con el tono campechano y el lenguaje directo que ambos manejan bien, Vicente reiteró ante Kirchner que las productoras de gas están en situación difícil si no pueden ajustar sus precios. En realidad, el segmento de la producción está desregulado y por ello no habría restricción para una eventual suba. Pero como los distribuidores están impedidos de modificar su precio final y no admiten absorber ajustes, las productoras terminan también encorsetadas.
“Lo primero que hay que ver es el precio del gas”, reafirmó ayer ante los periodistas el ejecutivo de Petrobras, ahora dueña de lo que fue Pecom Energía. Al decir de los empresarios del sector, esta revisión debería también contemplar la posibilidad de venderle a valor dólar –o al menos a un precio superior– a los grandes usuarios que exportan. “No es posible que estemos subsidiando el combustible de Aluar”, ejemplificaba ayer un vocero de la empresa brasileña.
En rigor, la propuesta bosquejada por Vicente como vocero del sector no difiere sustancialmente de las ideas que tiene in mente el Gobierno para reestructurar los ingresos de los concesionarios de algunos servicios públicos, e incluye también algún tipo de tarifa social que exima a un segmento de los clientes residenciales del futuro aumento. Pero esta coincidencia deja sin resolver –y en un sentido agrava– el actual problema de las generadoras de la electricidad, que son también consumidoras de ese fluido.
A raíz de que las tarifas eléctricas fueron congeladas en un momento de precios estacionales bajos, dejó de entrar dinero al Fondo de Compensación Eléctrica que administra Cammesa (administradora mixta del mercado eléctrico mayorista), y ya no hay fondos suficientes para pagarles a las generadoras por la energía que proveyeron en junio. El jefe de Gabinete ayer admitió que el Estado analiza la posibilidad de aportar los recursos faltantes, una medida extrema para eludir un ajuste en las tarifas finales y, al mismo tiempo, no agravar la situación de las empresas encargadas de la generación, varias en default.
Días atrás, las generadoras advirtieron a través de su asociación (Ageera) que, debido a la falta de inversiones, el sistema puede entrar en crisis si sube mínimamente la demanda. Algo similar a lo que subraya Vicente, para quien las reservas locales de hidrocarburos “son difíciles de desarrollar y caras de buscar, por la poca productividad que tienen los pozos en la Argentina”. En otras palabras, si no hay estímulo para el negocio, habrá menos exploración y la disponibilidad de combustible indefectiblemente entrará en crisis.