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Para la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, el camarista de Salta Ricardo Lona debe ser removido por su responsabilidad en la masacre de Las Palomitas, en la que fueron asesinados doce presos políticos el 6 de julio de 1976. Así lo resolvió ayer al formular los cargos de “mal desempeño” y “posible comisión de delito” que ubicaron al magistrado a un paso de ser suspendido por el plenario del cuerpo, que tratará el asunto en su reunión del 27 de agosto. El dictamen incluye otros dos cuestionamientos: uno por administrar como albacea una sucesión multimillonaria –algo incompatible para un juez– y, otro, por el trámite de una causa en la que avaló la venta de un bebé.
La decisión de Acusación agrega, así, un paso importante en el esclarecimiento del fusilamiento de Palomitas. En los últimos días fueron detenidos dos militares implicados, Miguel Gentil y Carlos Mulhall, y un tercero, Hugo Espeche, está prófugo. A Lona, actual camarista y juez federal de Salta durante la dictadura, lo denunció ante la Magistratura Pablo Eliseo Outes, hijo de una de las víctimas, quien señaló su compromiso con el traslado desde el penal de Villa Las Rosas de los detenidos que terminaron acribillados en el camino a Tucumán.
La comisión que preside la diputada y consejera Marcela Rodríguez (ARI) resolvió por unanimidad acusar a Lona en un trámite de pocos minutos, después de considerar suficiente el descargo por escrito que el magistrado presentó días atrás en relación al “caso Palomitas”, aunque sí declaró en persona previamente como testigo. Este tema, que instruyó Marcelo Stubrin, es el que encabezará la acusación. Aunque todavía falta pulir los fundamentos, los ejes serían: el pedido de Lona de traslado de los presos, el hecho de no haber investigado nada sobre la masacre inmediatamente después de perpetrada sino siete años después, y no haber tomado medidas ante las denuncias de apremios ilegales de presos que estaban bajo la órbita de su juzgado, como surge de los testimonios de los sobrevivientes Eduardo Tagliaferro y Mirta Josefa Torres en el Juicio por la Verdad.
En otra de las causas que probablemente llevarán a Lona ante el jurado de enjuiciamiento, se le achaca haber administrado la sucesión –que según una denuncia llegaría a 60 millones de dólares– de César León Pereyra Rozas, un vecino suyo que falleció en julio de 2000. Los consejeros señalan que, por ley, ningún magistrado puede ejercer esa actividad. La situación estaría agravada, dicen, porque él reconoció que dispone de 600 mil dólares de una cuenta de Pereyra Rozas y que, sin embargo, nunca pagó impuesto a los bienes personales. La investigación en este expediente estuvo a cargo de Beinusz Szmukler, igual que la de un tercer caso que integra los cargos y que se refiere a la actuación de Lona como juez en 1988. Se le cuestiona haber apañado el cambio de identidad de un bebé y su venta a una pareja francesa sabiendo que el médico había alojado en su casa a la madre biológica, que la internó con nombre falso, la atendió sin costos, emitió un certificado de nacimiento trucho y entregó la criatura a un matrimonio francés, al que también alojaba en su propia casa.