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El presidente Néstor Kir-
chner firmó anoche dos decretos llamados a dejar una fuerte marca en la lucha contra los crímenes del pasado. Por un lado instruyó al canciller Rafael Bielsa para hacer efectiva la adhesión argentina a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Por otra parte envió al Congreso un proyecto de ley para otorgarle rango constitucional al Tratado.
La medida es un fuerte gesto político que no puede pasar desapercibida ni por la Corte Suprema de Justicia, ni por ambas cámaras parlamentarias, que precisamente debaten sobre la nulidad o la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Además de insistir en que “no puede ponerse en duda la decisión política del gobierno para remover todos los obstáculos que impidan llegar a la verdad, la justicia y decirle no a la impunidad”, el ministro de Justicia Gustavo Beliz aseguró que se trata de “señales muy importantes para que los otros poderes del Estado interpreten la voluntad de dar por tierra con las violaciones de los derechos humanos y del brutal atentado a la Embajada de Israel y la Amia”.
La mención del ministro explicaba por sí sola la presencia de quienes acompañaron al funcionario en el anuncio. Luego de reunirse con Kirchner, estuvieron la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el presidente de la Amia, Abraham Kaul; el de la DAIA, José Hercman; el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el secretario de Política Exterior de la Cancillería, Jorge Taiana; y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini.
La Convención fue aprobada por Naciones Unidas en 1968 y entró en vigencia en 1970. Luego de que la Argentina la firmase, a instancias del radical Hipólito Solari Yrigoyen ambas cámaras del Congreso le dieron su respaldo a través de una ley aprobada en 1995. A pesar de ello siempre estuvo pendiente de resolución la ratificación presidencial del Convenio. Sin éxito el senador riojano Jorge Yoma intentó que concretaran la medida primero Carlos Menem y luego Fernando de la Rúa. Consultado por Página/12, Yoma no dudó en señalar que la decisión de Kirchner “es la medida más importante y valiente que ha firmado un presidente democrático por la vigencia de los derechos humanos”. Acotó que “con esta norma, el mundo encarceló a los nazis”.
En su primer artículo, la Convención sostiene que “los crímenes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido”. En el tercer artículo señala que “los Estados Partes en la presente Convención se obligan a adoptar todas las medidas internas que sean necesarias, legislativas o de cualquier otro orden, con el fin de hacer posible la extradición de conformidad con el derecho internacional”.
El Tratado insiste en la necesidad de adecuar la legislación vigente a lo que de él se desprende. En este punto los crímenes de la dictadura no prescriben y habrá que remover todos los obstáculos que impidan juzgar el genocidio. En buen romance, las leyes de punto final y obediencia debida podrían convertirse en una cuestión abstracta y sus efectos también, aunque como en toda disputa de interpretación de la Constitución la última palabra la tendrá la Corte.
“La señal del Gobierno es tan fuerte que será difícil para un tribunal, incluso para la Corte Suprema, ir en sentido contrario a un tratado de Naciones Unidas con rango constitucional”, comentó anoche un funcionario del Poder Ejecutivo que pidió reserva de su nombre. A su modo, y cuidándose de no inmiscuirse con decisiones del Poder Judicial, Beliz lo reconoció en la rueda de prensa de anoche cuando dijo que “la Corte mañana –por hoy– tratará cuestiones vinculadas a derechos humanos. Cada uno de los poderes hace lo suyo, pero más allá de interpretaciones, no se puede dudar de la voluntad del gobierno”. Extremando el tacto, aunque no demasiado, Beliz opinó que los tramos en los que el Tratado se enfrente con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida “deben ser analizados desde el punto de vista del Poder Judicial”. Consultado por este diario, Taiana no dudó en señalar que, en caso de que la Convención obtenga rango constitucional, luego de que los dos tercios del total de legisladores de ambas cámaras lo respalden, ésta estará por encima de las leyes. En esa línea el Congreso podría realizar modificaciones a los códigos y luego la Justicia debería dar su interpretación a cuestiones como la de la ley más benigna.
La atribución de indultar también tiene rango constitucional. En ese caso la Corte, luego de que la Convención sea constitucional, debería laudar entre qué nivel manda, si un tratado o la atribución del presidente. Muchas cuestiones se definirán en el terreno de interpretación de las leyes, mientras muchos responsables de los crímenes de la dictadura se acercan al banquillo de los acusados en la Argentina o a ser extraditados a otros países.
“No soy abogada, soy una luchadora”, dijo Carlotto en la presentación de los proyectos. Para ilustrar su acuerdo con la medida, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que últimamente “no se gana para alegrías”. Y elogió: “Estamos viviendo un momento histórico. Hay un Presidente que no sólo dice sino que hace. Estamos avanzando en el buen camino”.
La norma a la cual adhirió ayer la Argentina fue inspirada por los juicios de Nuremberg que siguieron a la derrota del nazismo alemán. “No podrá haber Justicia para las víctimas de los atentados a la Embajada de Israel y de la AMIA si no hay Justicia para los crímenes de Margarita Belén”, señaló el presidente de la AMIA. “Es un solo país”, concluyó.
La Convención será ley argentina dentro de 90 días, tal como lo contempla el Tratado de la ONU. Y si el Congreso aprueba el proyecto del Ejecutivo, se transformará de hecho en algo superior: un artículo de la Constitución. Así hasta los juicios de la verdad podrían convertirse en penales.