Al igual que en Santa Fe, la policía de Córdoba aparece seriamente vinculada con bandas narcos.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó los procesamientos con prisión preventiva del ex titular de Drogas Peligrosas de la policía de la provincia, Rafael Sosa, de otros cinco policías y de un supuesto informante, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Así lo había impulsado el fiscal federal Enrique Senestrari, quien ayer fue designado para investigar también la muerte del policía de esa división Juan Alós.

Sosa, ex jefe de la división encargada de combatir al narcotráfico, quedó procesado en segunda instancia por los delitos de asociación ilícita y violación de los deberes de funcionario público. Los camaristas le revocaron, en cambio, el cargo de privación ilegítima de la libertad. Lo mismo resolvieron para los policías Gustavo González, Alfredo Seine, Franco Argüello y Fabián Peralta Dáttoli. Con respecto al imputado Mario Osorio, los jueces mantuvieron el procesamiento por violación de los deberes de funcionario público, pero le dictaron la falta de mérito sobre la asociación ilícita.

Finalmente, el supuesto informante Juan “El Francés” Viarnes quedó procesado por asociación ilícita, extorsión y violación de deberes de funcionario público. El antecesor de Sosa, Mario Rogelio Nieto, quedó en libertad por falta de mérito.

Los camaristas Ignacio Vélez Funes, José Muscará y Carlos Lascano también rechazaron los planteos de nulidad en contra de la instrucción de la causa que lleva adelante el fiscal federal Enrique Senestrari y el Juzgado Federal 1 de la ciudad de Córdoba.

El llamado “narcoescándalo” tomó estado público a raíz de una investigación periodística. Entre otras derivaciones, llevó a la renuncia a dos ministros de Seguridad del gobernador José Manuel de la Sota y de dos jefes de la policía de la provincia.

La decisión de que el fiscal federal Senestrari se haga cargo de la investigación por la muerte del policía Juan Alós fue tomada a su vez por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La familia de Alós sospecha que pudo haber sido asesinado, aunque para la Justicia provincial se trató de un suicidio.

El abogado Carlos Nayi, representante de la familia Alós, confirmó que la máxima instancia judicial del país se expidió por “unanimidad” para que el fiscal federal, Enrique Senestrari, sume el expediente de la muerte del policía a la investigación sobre los vínculos de la policía provincial con el narcotráfico.

Senestrari había planteado la competencia federal de la muerte del oficial Alós; sin embargo, el fiscal provincial Emilio Drazile se negó a remitir la causa y siguió con la investigación hasta resolver que el efectivo policial se suicidó. El fiscal archivó la causa el 31 de marzo último, a pesar de la posición de la familia, que insiste en que se trató de un crimen y que en la investigación hubo irregularidades.

La competencia federal del caso fue tramitada por la Procuraduría General de la Nación y ahora resuelta por la Corte.

Alós, de 33 años, se desempeñaba en la Dirección de Drogas Peligrosas de la policía de la provincia y el cuerpo sin vida fue encontrado con un disparo de arma de fuego en la cabeza dentro de un automóvil, en la zona del Observatorio Astronómico de Bosque Alegre, cercano a la localidad de Alta Gracia.