En el panel organizado por Justicia se habló del impacto de los cambios introducidos por la reforma.
Imagen: Télam.

La semana próxima se cumplirán veinte años de la reforma de la Constitución nacional. Organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ayer se realizó en el Palacio San Martín un panel para analizar el impacto de los cambios introducidos en 1994. El titular de Justicia, Julio Alak, dijo que “la reforma agregó innumerables derechos para los argentinos”, aunque advirtió que “hay principios que todavía no están llevados a la práctica”. Los panelistas coincidieron en que lo más significativo del proceso fue la inclusión de los tratados de derechos humanos.

En el debate expusieron el ministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, los dirigentes radicales Jesús Rodríguez y Antonio María Hernández, los constitucionalistas Eduardo Barcesat y Raúl Gustavo Ferreyra y el presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, Rafael Gutiérrez.

Alak, encargado de la apertura, aseguró que la Constitución no necesita ser modificada. “Es absolutamente suficiente para los tiempos que vivimos. No requiere modificaciones, pero sí requiere que explicitemos en normas muchos de los principios que se sancionaron en 1994 y que todavía no están llevados a la práctica.” En este sentido, el ministro señaló que hay cláusulas constitucionales como la sanción de códigos que el Congreso “aún no hizo operativas”.

Por otra parte, valoró “la incorporación de los derechos de tercera generación y la constitucionalidad de los instrumentos de hábeas corpus y hábeas data, que han tenido una amplia repercusión en materia de derechos humanos y sociales”.

Zaffaroni eligió remarcar la “legitimidad” que tuvo la reforma. El ministro de la Corte recordó que, en contraste con “una historia complicada de las reformas constitucionales en Argentina”, la del ’94 fue “absolutamente legítima” porque “no hubo exclusiones”.

El jurista indicó que la Carta Magna es “un programa, un proyecto que se debe impulsar constantemente”. En ese sentido, consideró que el texto “no es perfecto”. Entre los desafíos pendientes enumeró que “no es claro el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, los alcances de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, el funcionamiento del Ministerio Público y su regulación”, y consideró que el “control constitucional es muy débil”.

El ministro aprovechó además el debate para proponer “el desafío” de “repensar si tenemos la mejor forma de gobierno”. “Nos debemos una reflexión sobre si conviene o no discutir otra forma de gobierno”, dijo, sobre su conocida preferencia por un sistema parlamentario. “Nos debemos discutir, ver conveniencias, reflexiones para estar preparados para el impensado momento en que pueda abrirse la posibilidad de una nueva reforma.”

Jesús Rodríguez coincidió con Alak en que a la Constitución “no hay que reformarla, sino cumplirla cabalmente”. Ex convencional como Zaffaroni, Rodríguez puso en el listado de lo pendiente que se haya “avanzado lo suficiente en institutos como el Consejo de la Magistratura y el de jefe de Gabinete”, introducidos en el ’94.

Barcesat, que fue constituyente por el Frente Grande, planteó en cambio la necesidad de una nueva Constitución con “un proyecto acorde a los desafíos del sigo XXI”. En esta línea, recordó que “la Constitución de 1853 fue prevista para un país agrario y rentístico. Creo que ahora nuestras exigencias son otras”.

Otro que se inclinó por una actualización periódica fue el constitucionalista Ferreyra. “Los convencionales del ’94 nacieron entre el ’20 y el ’55, pero la mitad de los argentinos con derechos políticos nacieron después del ‘76. ¿Acaso no tienen derecho a decidir bajo qué Constitución quieren vivir y desarrollarse?”, preguntó.

El panel fue cerrado por Hernández. También ex convencional, el constitucionalista remarcó que en la reforma ocuparon “un lugar destacado los derechos humanos”, ya que hoy existe un proceso fortalecido institucionalmente. También mencionó que del debate para modificar la Carta Magna participaron cuatro hoy ex presidentes y la actual jefa de Estado, diez gobernadores en ese momento en ejercicio, treinta diputados nacionales y diez senadores, “con representación de todo el arco ideológico”.