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Por M. M.

Néstor Kirchner no se mostró exultante, ni mucho menos. Pero el Gobierno cerró, finalmente ayer por la tarde, un acuerdo con el Fondo Monetario que contempla casi todos los cambios que el Presidente planteó en la mesa de negociación: superávit fiscal máximo de 3 por ciento del PBI; no hay ninguna condición en materia de ajuste tarifario; ni compromiso alguno de compensar a los bancos por los amparos. Pero, por sobre todo, el Gobierno logró imponerse en un punto en el que a último momento Roberto Lavagna parecía dispuesto a ceder: no se echará mano a las reservas para efectuar pagos netos de deuda al FMI. Sin embargo, no todo es color de rosa. Aunque para los acreedores luzca exiguo, nunca en la última década Argentina consiguió un superávit fiscal –destinado íntegramente al pago de la deuda– como el comprometido para el año próximo.
No fue una casualidad que, pasadas las diez de la noche, el Presidente, personalmente, se encargara de explicar, en conferencia de prensa, los alcances de la nueva carta de intención, mientras Lavagna ocupaba junto al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, un discreto segundo plano. Kirchner ganó un protagonismo inédito en los últimos días de la negociación, y no quiso dejar pasar la oportunidad de presentarse como el artífice del acuerdo. Tanto es así que se mostró preciso e informado sobre cada una de las aristas del documento.
Los puntos más destacables del acuerdo son los siguientes:
- No habrá a lo largo de los 3 años cancelaciones netas de capital con las reservas a los organismos internacionales, que aceptaron refinanciar 21.610 millones de dólares. Durante ese período se cubrirán entre 1800 y 2100 millones de intereses con el FMI, el Banco Mundial y el BID, con lo que se obtenga de superávit fiscal.
- Este es un triunfo político para el Gobierno, ya que desde el comienzo de la negociación los técnicos del Fondo plantearon la necesidad de que Argentina achicara parte de la deuda con el organismo –de 14.000 millones de dólares– efectuando pagos netos de capital con las reservas. Más aún, Lavagna se había mostrado flexible ante esa condición, pero Kirchner se negó rotundamente a sacrificar las reservas del Banco Central.
- Así, antes del viernes o el sábado, cuando el Directorio del Fondo debiera aprobar formalmente la carta de intención, el Gobierno pagaría los 2900 millones del vencimiento del martes pasado, los cuales serían luego reintegrados en su totalidad por el organismo. Ese mecanismo de giro y reembolso total actuaría a lo largo de los próximos tres años sobre todos los vencimientos de capital.
- Se acordó un superávit fiscal de 3 por ciento del PBI para el año próximo, frente al 2,5 por ciento de este año. Parece poco en comparación al 4,5 por ciento que llegaron a exigir los burócratas del Fondo. Sin embargo, en la última década, nunca se alcanzó un superávit fiscal semejante, ni siquiera durante los “años dorados” de la convertibilidad. El resultado de ese esfuerzo fiscal que deberá hacer toda la sociedad irá a parar, en su totalidad, al bolsillo de los acreedores, públicos y privados.
- Para los dos años subsiguientes, el Fondo aceptó dejar abiertas las metas fiscales, supeditándolas a la evolución de la economía. Esto último es algo absolutamente inusual en los acuerdos firmados históricamente por Washington.
- Se logró postergar la eliminación de los llamados “impuestos distorsivos”, según el diccionario del FMI. Así, recién en el segundo semestre del 2004 se empezará a contabilizar el impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias, mientras que la eliminación “gradual” de las retenciones se iniciará en enero del 2005.
- Gracias a esta concesión, si la economía creciera al 4 por ciento anual –como está pautado– el Gobierno contaría con cierto margen –unos 2000 millones de pesos– para incrementar la obra pública. En cambio, no estáprevisto ningún aumento salarial para los empleados públicos ni para los jubilados. De hecho, el compromiso es mantener un “control estricto y continuo del gasto primario”.
- No hay ningún cronograma de aumento de tarifas, ni se menciona la cuestión. Sí se habla de “garantizar la viabilidad de los servicios públicos”. Además, se hace referencia al proyecto de ley, con media sanción del Congreso, que otorga al poder ejecutivo la facultad de renegociar todos los contratos de servicios públicos.
- Tampoco hay un compromiso explícito de compensar a los bancos por los amparos, ni se abrir al capital privado el Banco Nación, una condición que solía colarse en acuerdos anteriores.