La jueza María Servini de Cubría rechazó apartarse de la causa sobre la apropiación de Ignacio Guido Montoya Carlo-tto. Le parece “prematuro” enviarla a la Justicia federal de La Plata, ya que a su entender, según escribió en una resolución, no hay pruebas todavía de que haya sido en esa jurisdicción donde el joven fue arrebatado a su madre biológica al nacer para ser entregado a otros. La incompetencia había sido planteada por el juez platense Manuel Blanco y apoyada por Abuelas de Plaza de Mayo. La decisión de Servini aumenta la tensión con la titular de la entidad, Estela de Carlotto, quien ayer dijo que si bien ha tenido con ella históricamente una “relación cordial”, “se ha equivocado en este proceso” sobre su nieto. La semana pasada, la jueza acusó a la entidad de querer “desviar la investigación” respecto de la pareja que crió a Ignacio Guido. “No vamos a salvar a nadie que tenga responsabilidad, lo que las Abuelas queremos es justicia”, retrucó Carlotto.

La discusión por la competencia podría continuar. El juez Blanco falleció la semana pasada y por ahora subroga el cargo el juez Adolfo Ziulu, quien deberá pronunciarse sobre si acepta o rechaza la decisión de Servini. Formalmente, la resolución de la jueza no es apelable para las partes, aunque en Abuelas no descartan hacer algún nuevo planteo.

Cuando el análisis de ADN confirmó que Ignacio Guido era el hijo biológico de Laura Carlotto y de Walmir Oscar Montoya, la causa donde había sido denunciada su apropiación –en el juzgado de Servini– estaba en un impasse, sin resultados. Blanco fue quien investigó los crímenes cometidos en el centro clandestino La Cacha, en La Plata, donde estuvo secuestrada Laura entre noviembre de 1977 y agosto de 1978, cuando fue asesinada. Al pedirle a Servini que se declarara incompetente, Blanco argumentó que no se podía disociar la apropiación del chico del cautiverio de la mamá y que habría sido entregado por quienes comandaban el centro de exterminio, como se probó que sucedió con otros hijos de desaparecidos restituidos.

Las Abuelas coincidieron y pidieron que la causa pasara al juzgado de La Plata. Recordaron, además, que en la sentencia del juicio oral sobre el plan sistemático de apropiación de niños, el Tribunal Oral Federal Nº 6 señaló que no era posible decir con certeza dónde había nacido el hijo de Laura Carlotto, sólo que era una dependencia militar.

El fiscal Carlos Stornelli pidió que Servini se quede con la causa: para él no está probado que Ignacio Guido haya sido entregado para su apropiación en La Plata. Esa hipótesis, sostuvo, surgía de dichos del joven al presentarse en Abuelas ante la duda sobre su origen. Allí relató que una persona cercana se lo había dicho y que su entregador había sido el empresario rural Carlos Francisco “Pancho” Aguilar, dueño del campo donde trabajaba la pareja que lo crió como hijo propio, Clemente Hurban y Juana Rodríguez. Un planteo similar al de Stornelli hizo el médico acusado de haber firmado la partida de nacimiento falsa, Julio Sacher.

Servini defendió su competencia en base a algunos de los argumentos de Stornelli y enumeró movimientos de la causa, como la declaración de un ex conscripto, Carlos López López, quien había dicho que en una oportunidad lo mandaron al Hospital Militar Central a custodiar a una parturienta “subversiva” (sic) y que la reconoció cuando vio fotos de Laura. De allí, contó, la sacaron dormida, sin su bebé. Según el TOF 6, y según remarcaron las Abuelas, esa versión nunca se pudo corroborar. Los testimonios de compañeras de cautiverio de Laura hablaban de que parió engrillada, que tuvo al bebé cinco horas y se lo quitaron, pero no surgía con exactitud dónde era la maternidad, sólo sus rasgos militares. Las embarazadas que pasaron por La Cacha parieron en el penal de Olmos o en el Regimiento 7. En el relato de los hechos que expone Servini hay datos que para las Abuelas están prácticamente descartados, por ejemplo que Laura haya estado secuestrada en la ESMA.

Para Servini, es “prematuro” desprenderse de la causa y calificó como “descabellado” que sea agregado un manuscrito en las actuaciones administrativas labradas en las computadoras de Abuelas, “sin firma del declarante”, y que “se tome en cuenta para decidir si el juzgado de La Plata debe atraer el proceso”. La jueza aludía al relato de Ignacio Guido, quien por ahora no declaró en su juzgado, por un pedido de postergación de las Abuelas. “La resolución de Servini es infundada”, dijo el abogado de Abuelas, Alan Iud. “No se expide sobre muchos elementos que se fueron conociendo en la investigación de La Cacha y de las embarazadas que pasaron por allí”, añadió.

La jueza, además, está molesta porque Carlotto la criticó. La presidenta de Abuelas reiteró ayer que se había enojado porque Servini dio información sobre su nieto, su nombre de crianza y el lugar donde vivía, a las pocas horas de dar a conocer su identidad. “Eso trajo perturbaciones muy grandes”, señaló. “Acá hay una sola víctima, que es mi nieto”, dijo Estela. “Lógicamente –insistió–, las Abuelas lo que queremos es justicia. No interesa quién sea, no vamos a salvar a nadie que tenga responsabilidad.”