De las 277 denuncias que el fiscal federal Federico Delgado trató en su último turno –15 días–, la gran mayoría fueron por infracción a la ley de estupefacientes y de ese total, también el 70 por ciento (156 casos) fueron procedimientos en los que al detenido o imputado se lo acusó de tenencia para consumo personal. Esos casos no terminan en nada, ya que hay un fallo de la Corte Suprema, el fallo Arriola, que menciona la inconstitucionalidad de la penalización a quienes tienen estupefacientes para consumo personal, si esto no afecta a terceros. Parece claro que las detenciones, por ejemplo, se orientan exclusivamente a los pobres: de un total de 175 detenciones, 70 se hicieron en las estaciones de trenes de Retiro, Constitución y Once. Del resto, la mayoría fueron en San Cristóbal, Barracas, Parque Patricios, Boedo y Constitución. Hay datos notables en el informe: el 87 por ciento de los detenidos fueron argentinos, en el 95 por ciento de los procedimientos intervino la Policía Federal y sólo en el 4 por ciento la Metropolitana y resulta sospechoso –según señala el informe de Delgado– que se repitan los testigos de procedimientos. Hay 22 que se repiten en distintas causas y algunos de ellos hasta siete veces. No es un dato menor que la mitad se inició por denuncias anónimas, un viejo artilugio policial.

Delgado le hizo llegar el informe a la procuradora Alejandra Gils Carbó como una forma de reflexionar sobre la actividad de los fiscales federales. El contenido del texto es detallado e impactante:

- Del total de las denuncias, el 73 por ciento que les llegan a los fiscales son por drogas.

- Pero en el 27 por ciento restante (74 casos), también hay una franja que no lleva a nada. Por ejemplo, un tercio son amenazas de bomba, por lo general en colegios, “que llevaron a procesos judiciales inútiles”. Se agregan, además, causas contra “manteros”, algunos robos a bienes del Estado y otros tantos de interrupción a los medios de transporte que, por lo general, son personas que se suicidan tirándose a las vías del tren. Los casos que sí merecen el esfuerzo fiscal son 7 relacionados con trata de personas y 5 con secuestros extorsivos.

Lo que Delgado plantea es que “estos datos constituyen un muestreo revelador e intentamos incluir variables que permitan visibilizar no sólo la forma en la que opera el Poder Judicial, sino también la selectividad de las fuerzas policiales”.

El fiscal pone el acento en la proporción de causas por drogas y dentro de ellas las de consumo personal. Por ejemplo, en los 156 casos por estupefacientes para consumo personal, se secuestraron 58 gramos de cocaína y 2 kilos de marihuana, a un promedio de 2 gramos por detenido en el caso de los de cocaína y 15 gramos en los de marihuana. La totalidad de esos casos terminó archivada, con todos sobreseídos.

En los expedientes por comercialización de estupefacientes, el 65 por ciento de las causas sigue en curso y el 35 por ciento fue archivado. Y esto tiene que ver –según explica Delgado– con que “un porcentaje bastante grande de estas causas se montan sobre un acto promotor que no es considerado de manera unánime como formalmente válido para impulsar la acción penal: la denuncia anónima”. Delgado propone que la Fiscalía de Política Criminal emita una opinión sobre estos casos de denuncias anónimas.

Según Delgado, la mitad de los expedientes se inicia porque algún policía dice que vio a una persona en actitud sospechosa. En éstos, indudablemente, pesa el prejuicio policial. La otra mitad –según la actuación uniformada– proviene de personas que estaban consumiendo en la vía pública. Y sólo hay un 1,5 por ciento que es detenida porque, cometiendo otros delitos, se le encontró droga. Se ve que una parte de la población ya sabe que “no pasa nada” si lo sorprenden en la calle fumando marihuana, por lo que Delgado sugiere que el tema –no lo dice, pero es obvio que se trata de la despenalización– debería ser tratado por el Congreso.

Este diario dialogó con otros fiscales federales que coinciden en que hay un enorme esfuerzo judicial derrochado en causas de tenencia para consumo personal. Todos saben que serán archivadas. El propio fiscal difícilmente se incline por pedir la detención porque sabe que el futuro del expediente es el archivo y porque las consecuencias son peores: es probable que en caso de detención la persona pierda su trabajo, lo que no hace más que profundizar la situación.

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