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La aprobación parlamentaria del ejercicio militar “Aguila III” que se realizará en octubre en Mendoza es un tema difícil de digerir para los legisladores. Sobre todo por la inmunidad que se pretende para las tropas norteamericanas. Tanto lo es que ayer el canciller Rafael Bielsa y el ministro de Defensa, José Pampuro, debieron esforzarse para explicar que esa inmunidad no es impunidad. Si bien el despacho de comisión comenzó a firmarse, todavía subsisten dudas en el oficialismo.
El ejercicio militar, previsto para el 27 de octubre, agrupa a Fuerzas Armadas, además de la Argentina, de Estados Unidos, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia. En principio no habría problemas si no fuera por la solicitud de inmunidad que reclamó la diplomacia norteamericana.
Tanto para la oposición como para el oficialismo, el texto del proyecto enviado por el Ejecutivo no es claro con respecto a qué inmunidad se refiere. Este hecho había generado el envío por parte de Cancillería de una nota aclaratoria, que funda su pedido en el artículo 37 del Tratado de la Convención de Viena, donde se alude a la inmunidad “administrativa y civil”. Según explicó Bielsa a los legisladores, el artículo protege a los militares por los actos específicos del ejercicio, como podría ser, por ejemplo, el causado por una falla técnica del equipo bélico.
La explicación no fue todo lo convincente que pretendía el funcionario. El diputado del ARI Carlos Raimundi advirtió que ese mismo artículo hace referencia a otros, entre los cuales está el 31, donde hace referencia a la inmunidad penal, es decir, a la protección que podrían tener los extranjeros frente a delitos cometidos fuera del ámbito del ejercicio. “Esta contradicción me recuerda los debates de los 90”, lanzó Raimundi en referencia a las razones de Estado que argumentaba el menemismo para aprobar las peores leyes.
Bielsa no dudó en responderle. “El texto es sano y jurídicamente responsable”, se defendió, para luego agregar que “ésta es una herramienta de política exterior”. El canciller le recordó que el PEN podría recurrir a la vieja práctica de los gobiernos anteriores de autorizar el ingreso de las tropas y después de realizado el ejercicio recién pedir autorización al Congreso. “La Constitución prevé que el Parlamento debe aprobar el ingreso de tropas extranjeras. Y no quiero después que me acusen de falta a los deberes de funcionario público”, advirtió.
El legislador más componedor fue el radical Marcelo Stubrin, quien se animó a anticipar el apoyo de la UCR. Esto provocó la satisfacción de las autoridades del PJ que se acercaron a la reunión. Para acercar posiciones, el justicialista Gerardo Conte Grand presentó una propuesta que se acomoda mejor a los criterios mayoritarios del oficialismo: aclarar textualmente en el proyecto que la inmunidad sólo regiría para los problemas específicos del ejercicio, sin aludir a la Convención de Viena.