El gobierno porteño informó que multará a las empresas recolectoras de basura, que dejaron sin recolección por seis días a más de diez barrios, con una multa de 5,5 millones de pesos a cada una. Esos 11 millones de pesos, no obstante, son una ínfima parte del dinero que la gestión de Mauricio Macri viene adelantándoles a esas empresas para que hagan una compra de nuevos camiones. Según un relevamiento del auditor kirchnerista Eduardo Epszteyn, el gobierno porteño les adelantó 410 millones de pesos a las empresas de recolección y las más beneficiadas fueron las dos que ahora reciben multas. El dinero surge de un endeudamiento que se tomó originalmente para construir una planta de tratamiento de residuos. En la licitación del contrato de la basura, se preveía que la inversión en nuevos camiones la iban a hacer las empresas y no el Estado. Ese fue el principal argumento para extenderle el contrato a diez años.

Más de diez barrios –Palermo, Belgrano y Caballito, por mencionar tres– estuvieron seis días sin recolección de basura. Al día seis, el gobierno porteño reaccionó y ofreció una explicación: el ministro de Espacio Público, Edgardo Cenzón, aseguró que se trataba de un conflicto sindical en las empresas Cliba y Ashira-Martín y Martín. Cenzón aseguró que el conflicto se había solucionado, pero el secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, amenazó con repetir la medida en los días posteriores a Año Nuevo. “El pasado jueves el Gobierno de la Ciudad notificó que el 25 de diciembre y el 1º de enero iba a cortar los servicios, por lo que iba a reducir un montón de puestos de trabajo –afirmó Moyano–. Si con el 25 de diciembre no tomaron conciencia, va a haber reducción de servicios el 2 de enero. Es un mensaje tanto para las empresas como para Macri.”

Mientras el conflicto sigue abierto, al gobierno porteño le llovieron críticas en torno del costo del contrato de la basura –el más caro del país– y a cómo se maneja la relación con las empresas. Este año, el PRO consiguió aprobar en la Legislatura una inyección de fondos para que las empresas compren los nuevos camiones con carga lateral. Diversos opositores –como el dirigente del GEN Martín Hourest– habían advertido que esa inversión debía quedar a cargo de las empresas y que ese era uno de los motivos de la extensión del contrato de la basura a diez años.

El dinero que se redirigió a las empresas de recolección proviene de un endeudamiento de 260 millones de dólares que tenía como destino la construcción de una planta de tratamiento de residuos. De ese dinero, se redirigieron 1312 millones de pesos a las empresas de recolección. Al tercer trimestre de este año, se le habían transferido a las empresas 410 millones, según el siguiente reparto:

- AESA (zona 1): 161 millones.

- Cliba (zona 2): 250 millones.

- Pescarmona (Zona 3): 84,3 millones.

- Ashira-Martín y Martín (zona 6): 164 millones de pesos.

Curiosamente, otras dos empresas (Ecohabitat y Transportes Olivos) no recibieron nada. El equipo de Epszteyn advirtió que las transferencias comenzaron incluso antes de que estuviera aprobada la ley que las avalaba. “Es un gobierno que es absolutamente prisionero de estas empresas, que son las mismas desde hace muchos años”, advirtió el auditor Epszteyn. “Le pagan los camiones, los contenedores, todo. Son rehenes como consecuencia de una política muy blanda y muy flexible con estas empresas. Una política de amigos. De estar cuatro años y medio sin licitar un nuevo contrato pasaron a una licitación que dejó a las mismas empresas pero con las zonas cambiadas. Y además le adelantaron la plata de los camiones”, indicó el auditor.

Cuando el ministro de Espacio Público concurrió a la Legislatura a defender el Presupuesto 2015, informó que –además del adelanto de dinero– les cedieron en comodato a las empresas 215 camiones y 3700 contenedores. Según señala el trabajo elaborado por el equipo de Epszteyn, “por el comodato la Ciudad tiene que pagarles a las empresas incluso los arreglos por la falta de mantenimiento de la flota”.

Como informó este diario, el gobierno porteño resolvió dejar en manos de un privado el control de calidad de la recolección de la basura, lo que suscitó una presentación judicial del Ente Unico Regulador de Servicios Públicos, dado que sus directores consideran que esa auditoría debe ser llevada adelante por el Estado. La licitación es por 473 millones (el ente público tiene un presupuesto total de 183 millones) y está preadjudicada a las consultoras Ingeniería y Asistencia Técnica S.A., TEL 3 S.A., Wia Consulting SRL, HyTSA Estudios y Proyectos, SMS Audit SRL y Latinconsult S.A.