Durante los dos días que duró la recuperación del cuartel de La Tablada, que en enero de 1989 había sido copado por militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), el Ejército cometió casi todos los delitos de lesa humanidad que había practicado en forma sistemática durante la dictadura. Pero recién ahora la Justicia determinó que esas graves violaciones a los derechos humanos –torturas, fusilamientos extrajudiciales, desapariciones forzadas y rapiña de bienes de las víctimas– son imprescriptibles. En su último encuentro del año, la Corte Suprema revocó el sobreseimiento por prescripción del general Alfredo Arrillaga y del mayor Jorge Varando, imputados por los fusilamientos de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, miembros del MTP detenidos con vida durante el enfrentamiento pero desaparecidos desde entonces. “Estamos exultantes de alegría, es un gran logro luego de tantas derrotas, ahora hay que conseguir que estos genocidas vayan presos”, dijo a Página/12 la abogada Liliana Mazea.

La decisión fue tomada sobre la base del dictamen de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, que consideró que en 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado argentino había faltado a su obligación de investigar “de manera exhaustiva, imparcial y concluyente” la ejecución de Díaz y Ruiz. A su vez, la Procuración usó los mismos argumentos que habían planteado las abogadas querellantes Mazea y Marta Fernández, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, cuando presentaron el recurso extraordinario para acceder al máximo tribunal.

Este fallo revocó el sobreseimiento de Arrillaga y Varando, que ya había sido confirmado por la sala I de la Cámara de Casación, y fue firmado por Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni. Los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt consideraron que el recurso extraordinario era inadmisible. “Ni siquiera se tomaron el trabajo de decir que no tenemos razón, se ampararon en la potestad de la Corte, que no está obligada a analizar aquellos temas que no le parezcan pertinentes, y al parecer no les pareció importante analizar que desapareció gente en democracia”, se quejó Mazea. “La Corte avaló nuestro planteo, es decir que, como en el caso de Walter Bulacio y otros, estos delitos no prescriben, aunque fueron cometidos en democracia son graves violaciones a los derechos humanos que no están sujetas al derecho interno respecto de la prescripción”, enfatizó.

Los 49 integrantes del MTP irrumpieron en el cuartel de La Tablada, en La Matanza, el 23 de enero de 1989, con el objetivo de frenar un supuesto golpe de Estado durante la presidencia de Raúl Alfonsín. En la causa ahora reabierta se investigaba si Ruiz y Díaz fueron ejecutados en ese lugar luego de que militares recuperaran a sangre y fuego el control del regimiento, y cuando ya se encontraban detenidos por tropas que operaron al mando de Arrillaga. Como muestra la serie de fotografías que tomó Eduardo Longoni, fueron apresados con vida, pero luego nunca aparecieron. Según el relato del Ejército, tras horas de combate sin agua ni comida, los detenidos fueron entregados a Varando, quien los entregó a otro militar al que lograron engañar y así escaparon. Ese militar apareció muerto.

La Cámara Federal de San Martín había declarado prescripta la acción penal contra Arrillaga y Varando. El primero ya está condenado por delitos de lesa humanidad, por La Noche de las Corbatas. Varando estuvo imputado por el asesinato de Gustavo Benedetto, baleado desde el interior del banco HSBC, en pleno centro porteño, el 20 de diciembre de 2001. Marta Díaz, Aurora Sánchez Nadal y los demás querellantes presentaron un recurso de casación porque sostenían que la decisión de la Cámara de San Martín implicaba incumplir con lo que la CIDH había dispuesto en 1997. Como Casación rechazó el recurso, llegaron en queja hasta la Corte Suprema.

Además de Ruiz y Díaz, entre los militantes del MTP que asaltaron el cuartel de La Tablada también fueron capturados con vida otros miembros de esa agrupación que siguen desaparecidos. Carlos Samojedny y Francisco Provenzano, ambos de la conducción del MTP, se rindieron en la mañana del 24 de enero y fueron llevados junto a otros compañeros a una oficina en los fondos del cuartel. Según denuncias de sobrevivientes, allí los torturaron a todos y después preguntaron por Samojedny y Provenzano, a quienes apartaron del resto y nunca más aparecieron. Esos testimonios indican que también murieron por fusilamientos y ejecuciones sumarias otros integrantes del MTP rendidos y heridos, como Berta Calvo y Pablo Ramos.

“Queremos la verdad de lo que sucedió luego de la rendición y la condena a los responsables de todo esto. Vamos a seguir investigando no sólo a Arrillaga y Varando, queremos la sanción a todos los responsables, que se siguen evadiendo a pesar de que la Presidenta levantó el secreto que regía sobre el caso Tablada”, apuntó Mazea.