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El oficialismo votará en el Senado la reforma a la ley de Inteligencia nacional y la oposición se dividirá entre aquellos que cuestionen sus artículos en el recinto y quienes a la misma hora participen de un show mediático sobre la muerte violenta del fiscal Alberto Nisman y su acusación contra la presidente CFK. Para este sector, la reforma de los servicios de Inteligencia es una cortina de humo que distrae la atención de lo único que importa: el magnicidio de Estado, según la audaz definición con que el fiscal Carlos Rívolo se refirió a la muerte de Nisman. Rívolo es uno de los fiscales que en la semana de Carnaval convocarán junto con gremios de la CGT de Hugo Moyano y partidos de la oposición a una marcha de repudio al gobierno nacional, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. El representante de los fiscales en la directiva de la Asociación de Magistrados, que también participará de la algarada, es Ricardo Sáenz, quien ocupa su vicepresidencia. Sáenz es el Secretario General de Certal, la entidad de lobby que sostienen los operadores de cable, entre ellos el Grupo Clarín. Su coordinadora es Ana Recondo, hija de Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados. Recondo y Sáenz convocaron a los candidatos presidenciales a la firma de un acuerdo reclamando que las escuchas judiciales no queden a cargo del Ministerio Público Fiscal sino de la Corte Suprema. Ese es el deseo de su discreto presidente, Ricardo Lorenzetti, quien observa la máxima aristotélica de que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, y también conoce el arte de actuar por interpósita persona. Nunca cometería la estupidez brutal de romper un diario en conferencia de prensa. Sólo la sensación de asedio que se registra en el gobierno explica que aún no haya sido desautorizado el Jefe de Gabinete, quien superó todas las marcas conocidas en el hobby de apuntar al propio pie. A este ritmo, pronto no van a quedar dedos sanos. Está por verse si la astucia de Lorenzetti lo preservará del Abrazo del Oso que le propuso la oposición, con una solicitud de audiencia para analizar el dictamen y la muerte de Nisman, temas que no son de la competencia originaria de la Corte. La oposición instaló la idea de que el gobierno tuvo responsabilidad en la muerte del fiscal y que otras personas molestas podrían padecer ataques similares. Dos políticos entusiastas, que fueron parte del gobierno, Miguel Bonasso y Carlos Stornelli, se regodearon al afirmar sin asomo de dudas que lo sucedido es sólo el principio e insinuaron que otros episodios aterradores estaban en lista de espera.

En cambio el Poder Ejecutivo percibe una nueva ofensiva de desestabilización con el propósito de forzar un final abrupto del mandato presidencial, como las que padeció luego del rechazo de la resolución 125, las elecciones de medio término de 2009, el fallo en Nueva York a favor de los fondos buitre o las repetidas corridas financieras y cambiarias. La semana pasada uno de los candidatos a la vicepresidencia derrotados por Cristina llego a proponer el adelantamiento de las elecciones para mayo. Los medios de la oposición se llenaron de audaces paralelos con la presidencia de Isabel Martínez de Perón y ominosos vaticinios sobre su destino.

La muerte de Nisman les ha permitido instituir un clima de emergencia que ayuda a fantasear con un frente de salvación nacional. Pero tan grave no debe ser la situación si no deponen la odiosidad recíproca que se profesan y siguen tan lejos como siempre de articular una fórmula unitaria que pueda batir al Frente para la Victoria. En todos sus análisis, periodistas y políticos opositores repiten: “Esta vez sí”, como una letanía que expresa sus anhelos. Esta es la hora de quienes más dificultad tienen para discernir sus deseos de la realidad: Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Laura Alonso, arietes de demolición detrás de quienes no se advierte quién pueda construir una alternativa. La de este año no es una elección legislativa, sino presidencial, el electorado ya sabe que cuando terminan las celebraciones hay que gobernar y no es propenso a tentarse por revoltijos como el que desembocó en la crisis de fin de siglo y sus peores extremos. Hasta Pepe Mujica se da cuenta de lo obvio.

Instituciones fundamentales

Desde todos los alineamientos políticos y la enorme mayoría de los barullos periodísticos se opina sobre las causas y razones del desenlace trágico de Nisman con una banalidad pasmosa, ya sea para afirmar que se suicidó o que lo asesinaron, definición imposible de sostener a esta altura de las investigaciones. La oposición además se sirve de esa muerte como excusa para desertar de la discusión de fondo. Contraponer la investigación sobre Nisman con el tratamiento de la ley que disuelve la SI no es inteligente y contraría incluso los objetivos de quienes eligieron ese camino perezoso, ya que es mucho más fácil escribir 140 caracteres estridentes que estudiar un tema complejo y presentar propuestas viables. Pero la espuma de los días pasará y la ley de Inteligencia quedará, para bien o para mal. La vigente, promulgada en 2002, es una derivación razonada de las de Defensa Nacional, de 1988, y de Seguridad Interior, de 2002. Las tres expresaron el mayor grado de acuerdo alcanzado en tres décadas por las “instituciones fundamentales del sistema democrático”, como el artículo 38 de la Constitución llama a los partidos políticos. Sustraerse ahora a esa construcción colectiva es una enorme irresponsabilidad. El oficialismo, por su parte, presentó un proyecto apurado con errores de forma y de fondo. Si bien ha demostrado disponibilidad para introducir cambios, insiste en aprobarlo en plazos exiguos, para que la presidente CFK pueda anunciarlo en la inauguración del año parlamentario el 1o de marzo. Este ritmo de vértigo tampoco es aceptable, dada la importancia de las cuestiones en juego, como la propia presidente reconoció al decir en el mensaje de elevación que se trataba de una deuda de la democracia argentina. Saldarla requiere reflexión, consultas, discusiones, cotejo de experiencias internacionales, diálogo entre los expertos de cada partido y de la sociedad civil. Después prevalecerá la mayoría, porque esa es la regla maestra de la democracia. Pero no a libro cerrado y sin escuchar a nadie. Luego de la presencia en el Senado del especialista Marcelo Fabián Saín y del Centro de Estudios Legales y Sociales (presidido por el autor de esta nota), que fueron muy críticos con varios artículos del proyecto, tanto el bloque de Senadores como el Poder Ejecutivo aceptaron introducir cambios importantes, aunque insuficientes.

Un compromiso con las víctimas

La reforma de la ley de Inteligencia no es un gesto gracioso del Poder Ejecutivo. Surge de un compromiso con los sobrevivientes del atentado que integran Memoria Activa y que en 1999 denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2004, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N3 confirmó las denuncias de Memoria Activa, absolvió a todos los acusados y denunció por desviación de Justicia y encubrimiento al ex presidente Carlos Menem, a sus ex ministros de interior Carlos Corach y de Inteligencia Hugo Anzorreguy, al ex juez Juan José Galeano, y a sus ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, entre otros. De quienes intervinieron en esa primera fase de la investigación sólo Nisman quedó a salvo de reproche, pese a que como fiscal general tenía jerarquía superior a la de Mullen y Barbaccia, con quienes colaboraba. En marzo de 2005, el presidente Néstor Kirchner dispuso que el Estado argentino reconociera ante la CIDH su responsabilidad por no haber prevenido el atentado, pese al antecedente previo de la explosión de la embajada de Israel, y por el encubrimiento posterior. El Estado se comprometió a investigar los hechos, a reparar los daños, a prevenir su repetición y a reformar la legislación de Inteligencia, con especial mención a la necesidad de “transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado”, ya que con ellos se pagó el falso testimonio de Carlos Telleldín que desvió la investigación. El decreto 812/05 formalizó ese reconocimiento de responsabilidades y la agenda de trabajo que lo acompañaba, y que también incluía desclasificación de documentos secretos y la creación de una unidad especializada en catástrofes, tanto para la atención de las emergencias médicas como para la recolección y protección de pruebas en casos criminales, incluyendo un plan de contingencia para casos de atentados. Lo sucedido la noche de la muerte de Nisman es un ostensible recordatorio de los puntos pendientes de esa agenda. Desde que asumió la presidencia en 2007, Cristina no volvió a recibir a las víctimas, con quienes había tenido una intensa relación cuando integraba la comisión bicameral, y fue la única que firmó en contra de la versión oficial que se derrumbaría en el juicio. Fue necesaria la emergencia que generaron el inconsistente dictamen de Nisman y su muerte, para que el gobierno dejara de cortejar a los propietarios del edificio derruido en 1994 y se acordara de las víctimas. Sin embargo, el dictamen de las comisiones del Senado mantiene la posibilidad contenida en el artículo 4 de la ley vigente de que la nueva Agencia Federal de Inteligencia actúe en las causas judiciales como auxiliar de fiscales y jueces. Esta es la ventana por la que se filtró el monstruo y sin cerrarla no hay forma de erradicar esa relación incestuosa. Además se transfieren de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad a la Agencia Federal las competencias y el personal para “la producción de Inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y actos contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información”. Con esta consagración de las “nuevas amenazas” que impulsan los organismos internacionales de Inteligencia, las distorsiones que hicieron crisis con la muerte del fiscal Nisman, lejos de solucionarse se agravan.