El Centro de Estudios Legales y Sociales valoró ayer la convocatoria realizada por el Senado para debatir la reforma de Ley de Inteligencia y reconoció los avances incorporados por el Frente para la Victoria tras las exposiciones. De todas formas, advirtió que el dictamen aprobado “no resuelve graves problemas de fondo”. El organismo que representa a víctimas y familiares de la AMIA nucleados en Memoria Activa consideró que el proyecto no cumple con aspectos centrales del compromiso asumido en 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como transparentar el uso de fondos reservados o facilitar el acceso a información de Inteligencia por parte de jueces en casos de investigaciones criminales. “El saludable debate iniciado no debería clausurarse a las apuradas, con algunas enmiendas valiosas pero sin modificar las cuestiones de fondo que condujeron a la autonomización de ese sistema y a su relación perversa con jueces y fiscales”, advirtió el CELS, que les reclamó al Gobierno y al Senado “la oportunidad de seguir argumentando”. La cámara alta tiene previsto tratar el tema el jueves.

El CELS rescató el debate parlamentario y la reunión de la presidenta Cristina Fernández con víctimas y familiares de la AMIA. Calificó como “cambios valiosos” la mejora en la definición de la Inteligencia Nacional y la aclaración de que la futura Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dirigirá los subsistemas de Inteligencia estratégica militar y de Inteligencia criminal. Luego advirtió sobre “problemas de fondo” a través de un comunicado:

1. El proyecto elimina disposiciones que le daban a la AFI facultades autónomas de investigación criminal y le impide iniciar actividades sin autorización, pero no modifica el artículo que durante años le permitió a la ex SIDE investigar a pedido de un juez y así colarse en cualquier causa como “auxiliar de la Justicia”, alimentando la “relación promiscua” con jueces y fiscales. “Es preciso que se regule mejor de qué modo” se relacionarán los sistema de Inteligencia y de investigación criminal.

2. La producción de Inteligencia orientada a fenómenos de criminalidad compleja no debería sacarse del subsistema de Inteligencia criminal, a cargo del Ministerio de Seguridad. La función de la AFI debe ser el análisis de la información, la dirección y control del sistema de Inteligencia. Producir Inteligencia con medios propios profundizaría sus vínculos con las agencias extranjeras, que de ese modo terminarían incidiendo en la definición de la política criminal del país, advierte el CELS.

3. Es positivo sacar las escuchas de la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ u “Ojota”), pero se debería distinguir entre las que apuntan a producir prueba en investigaciones criminales de las orientadas a la Inteligencia nacional, que deberían quedar en el ámbito del Poder Ejecutivo.

4. Es fundamental regular cómo se fiscalizarán los gastos reservados. La regulación debería exigir diferenciar lo público de lo privado en el presupuesto y establecer un mejor registro de gastos, con obligación de mostrar documentación respaldatoria. El tema no debería delegarse en la reglamentación de la ley, de hecho la actual le dio a la Comisión Bicameral de Control facultades que la reglamentación después restringió.

5. Según el CELS, el proyecto sostiene una regulación deficiente del secreto sobre actividades e información de Inteligencia. La ley actual, que el proyecto no modifica, establece que todo pedido de acceso a la información debe ser autorizado por el Ejecutivo, al que “concede un margen de discrecionalidad enorme y sin obligación de fundamentar la negativa”. El secreto “debiera ceñirse a (información) que pueda poner en riesgo la seguridad o los intereses de la Nación”. Tampoco es razonable mantener un plazo mínimo de desclasificación de 25 años cuando Estados Unidos o Israel tiene 10 o 15 años como regla general, advierte el CELS.

6. Correspondería derogar la legislación que creó el “Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal, con la autorización de infiltrarse en cualquier organización pública o privada”.

7. Se deberían incorporar disposiciones sobre el perfil profesional del personal de Inteligencia y criterios objetivos de idoneidad para evaluar la planta actual y garantizar un mayor control sobre el personal que se transfiere a la AFI.

El CELS reclama poder volver a argumentar sobre las propuestas, que “cuentan con la aprobación de importantes especialistas tanto en materia judicial como de seguridad e Inteligencia”, y advierte que una reforma “a mitad de camino” constituiría “una frustración democrática que la Argentina está a tiempo de evitar”.