A 39 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, agrupaciones políticas, sociales y de derechos humanos volverán a marchar el martes a la Plaza de Mayo para homenajear a los miles de detenidos-desaparecidos durante la dictadura, reclamar juicio y castigo a los represores que todavía no han sido condenados, y ratificar el apoyo a la democracia. En el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, declarado feriado nacional durante la presidencia de Néstor Kirchner, habrá dos movilizaciones con sus respectivos actos frente a la Casa Rosada.

A las 14, bajo la consigna “Defendemos las victorias y vamos por más democracia”, será el turno de las organizaciones cercanas al kirchnerismo, como Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, Asociación Madres de Plaza de Mayo y el conglomerado de Unidos y Organizados, entre otras, las que se congregarán en Avenida de Mayo y 9 de Julio para luego marchar a la plaza. “El 24 de marzo marchemos todos juntos a Plaza de Mayo. ‘Defendamos las victorias y vamos por más democracia’”, sostiene un afiche de la entidad presidida por Estela de Carlotto. Horas más tarde, a las 15.30, en las inmediaciones del Congreso nacional, partidos de izquierda junto a las agrupaciones que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) llevarán reclamos y críticas, tanto para la Justicia como para el Gobierno. “Cárcel ya a todos los genocidas; restitución de la identidad de los jóvenes apropiados; desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje; aperturas de los archivos secretos; AMIA; comisión investigadora independiente” son algunos de los reclamos.

En un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo que “en los últimos años, el proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes del terrorismo de Estado ha avanzado de manera significativa” y esto “ha sido un aspecto fundamental de la consolidación del Estado democrático”.

De todos modos, el CELS recalcó que “hoy enfrentamos nuevos desafíos” porque el avance de los juicios contra los responsables directos del plan de “de-saparición y exterminio” ha generado “las condiciones para profundizar el análisis del contexto político y económico en el que tuvo lugar” echando luz sobre “las contribuciones criminales de los sectores civiles –judiciales, económicos y eclesiásticos– que facilitaron esos delitos o se beneficiaron de ellos”.

Según el CELS, estas investigaciones sobre las responsabilidades civiles “se han encontrado con diversos obstáculos” y en la actualidad “reaparece una constante de los procesos de justicia por los delitos de lesa humanidad: quienes en cada momento histórico han detentado o detentan espacios de poder presionan para dilatar o entorpecer las investigaciones y encuentran eco en núcleos de resistencia institucional, sobre todo en el seno del Poder Judicial”.

Como muestra, se mencionó el fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que decretó la falta de mérito al empresario Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, y del juez subrogante Claudio Pontet, para liberar de responsabilidad al director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot.

La Comisión por la Reconstrucción de la Memoria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y organizaciones estudiantiles realizarán un acto el próximo miércoles en esa casa de estudios, para homenajear a los estudiantes, docentes, no docentes y graduados de esa facultad muertos y desaparecidos.

El acto se realizará, a las 19, en el salón de actos de la Facultad, en Córdoba 2122. Estarán presentes Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Carlos Rozanski, juez del Tribunal Federal Oral en lo Criminal Nº 1 de La Plata, donde se condenó a prisión perpetua por genocidio a Miguel Etchecolatz y Christian von Wernich.

Como parte de los actos, cinco ex centros clandestinos de detención serán señalizados en las provincias de Santa Fe, Neuquén, La Rioja y Buenos Aires. Se trata de la delegación La Rioja de la Policía Federal; el ex centro clandestino de El Infierno, en Avellaneda; la delegación neuquina de la Policía Federal; el Batallón de Arsenales 603 (ex 121) Fray Luis Beltrán, en Santa Fe; y el ex centro La Huerta, de Tandil.