La gestión PRO consiguió que la Legislatura apruebe una ampliación del presupuesto de 4100 millones de pesos. La mayoría de ese dinero cubrirá el aumento salarial de este año, por lo que tuvo el acompañamiento de los votos del kirchnerismo y de ECO. Los sectores que se abstuvieron –o, como en el caso de la izquierda, votaron en contra– señalaron que se aprobaron mayores subsidios para la educación privada. También destacaron que, junto con la ampliación, se aprobó una nueva emisión de deuda de la Ciudad por 2300 millones de pesos, que lleva el total de deuda de este año a 5300 millones.

La Legislatura volvió a sesionar luego de un extenso letargo, que duró más de un mes. Y tiene varios proyectos en carpeta que traerán revuelo en las próximas semanas y meses: entre ellos, la cesión gratuita de 19 edificios y terrenos al Arzobispado porteño –que ayer no pasó la reunión de Labor Parlamentaria–, la venta del shopping Buenos Aires Design en Recoleta, la concesión del nuevo Centro de Exposiciones y la discusión de los cargos en los organismos de control de la Ciudad.

Como es costumbre, ayer el macrismo ató los proyectos centrales que quería aprobar al aumento de los municipales. De esta forma, no tuvo mayor oposición: cosechó 50 votos a favor (sobre 60) del PRO, el Frente para la Victoria, la Coalición Cívica, el bloque de Martín Lousteau, el socialismo, la bancada de Aníbal Ibarra, la de Graciela Ocaña y el Frente Renovador. Los legisladores de los bloques de Nuevo Encuentro, Partido Socialista Auténtico y Seamos Libres se abstuvieron, mientras que votaron en contra cuatro diputados del FIT, el MST, Verde al Sur y Bien Común.

De la totalidad del dinero que se puso a disposición del gobierno de Mauricio Macri, hay 3595 millones de pesos que irán al aumento salarial de los estatales, docentes, médicos y policías metropolitanos. Según el proyecto, los municipales recibirán un aumento total del 38 por ciento, mientras que los docentes recibieron un 32 por ciento, al igual que los policías. También aprobaron un refuerzo a la partida del Hospital Garrahan de 44 millones, que algunos legisladores consideraron insuficiente. Para la educación privada –otro de los temas que provocaron cuestionamientos– hubo un aumento de 450 millones. Ese dinero va principalmente a los sueldos de los docentes.

Por el PRO, el legislador Alejandro García fue la voz cantante sobre la ampliación presupuestaria, que calculó la inflación de este año en 29,5 por ciento, y también sobre la autorización para tomar más deuda. En el proyecto del Ejecutivo se mencionó como fundamento “la situación imperante en los mercados financieros” y señaló que se lo utilizará “ante la eventualidad de que se produzcan deficiencias estacionales de caja”. Esto quiere decir que podrá ser usado para gasto corriente. Serán 2300 millones más que se suman a una deuda que, cuando Macri concluya su mandato, será cuatro veces la que encontró cuando llegó al gobierno.

La jefa de bloque kirchnerista, Gabriela Alegre, defendió el voto positivo de su bancada, pero señaló reparos sobre la política laboral del PRO: “Defendemos las subas salariales obtenidas en paritarias para trabajadores de planta permanente y para los contratados, aunque consideramos que debe resolverse la situación laboral de estos últimos”.

“No alcanza la partida incluida para el Hospital Garrahan para cubrir la parte que debe aportar la Ciudad, correspondiente a la suba salarial y al funcionamiento del hospital”, remarcó Alegre.

En tanto, el diputado de Nuevo Encuentro, José Cruz Campagnoli, señaló a este diario “en particular, votamos a favor de la ampliación para salarios y en contra el endeudamiento”. “Estamos en contra del aumento del endeudamiento de la Ciudad, que pasa hoy a 2800 millones de dólares con la ley que se vota. Tenía un stock de deuda de 2300 millones. No es financiamiento para obras, sino que tiene que ver con gastos corrientes. Esto ocurre por los altos gastos en publicidad, recolección de residuos y subsidio a los privados”, destacó. “Pusieron la inflación en 29,5 por ciento para poder compensar el aumento del gasto con una recaudación mayor. Bajo ese número esconden un déficit de ingresos, que lo tapan con deuda”, indicó el legislador.

Por su parte, el diputado del MST Alejandro Bodart señaló que votó en contra porque “con esta ley se autoriza al gobierno macrista a emitir más deuda pública, en vez de obtener ingresos genuinos anulando las injustas exenciones fiscales concedidas a grandes empresas. A su vez, los subsidios a la enseñanza privada suman casi 3300 millones de pesos este año”.

En tanto, los legisladores se pusieron de acuerdo para aprobar una declaración de repudio a la represión en Tucumán y otra que expresa el “más profundo pesar por el fallecimiento de Ariel Velázquez, militante de la Juventud Radical de Jujuy”. Entre otros temas, en la misma sesión se aprobó un proyecto del legislador del PRO Francisco Quintana en el que se creó una Junta de Faltas y un Cuerpo de Agentes Fiscales. La primera es una nueva instancia de revisión de las faltas: las Juntas tendrán dos salas de tres miembros. Será una instancia que no requiere de la asistencia de abogados e intentará resolver los conflictos por vía administrativa y reducir la judicialización de las infracciones. La ley establece que intervendrá en las faltas de mayor valor, lo que llevó a que la legisladora Paula Oliveto se opusiera, porque “beneficia a los grandes infractores”.