Para el ministro de Economía, Axel Kicillof, no es exagerado decir que “el resultado obtenido en la ONU por la Argentina en favor de su propuesta de normas para las reestructuraciones de deudas soberanas fue el mayor éxito diplomático y económico del país alcanzado en muchos años”. Especialmente, si se toma en cuenta su trascendencia tanto el momento por el que transita la crisis mundial, como los escollos que debió doblegar el proyecto, al cual se opusieron algunas de las principales potencias económicas del planeta. En la cartera de Kicillof nació el proyecto que, esta semana, recibió en Nueva York 135 votos a favor contra tan sólo 11 en contra. “Desmesurado”, es la primera expresión que utiliza el ministro al iniciar la conversación con Página/12, para calificar el éxito obtenido por la iniciativa. “Empezamos muy de atrás –repasa–, intentando demostrar al mundo que no era Argentina la equivocada al resistirse a cumplir con un fallo totalmente absurdo del juez (Thomas) Griesa, y llegamos a este punto en el que una mayoría abrumadora de países rechaza el accionar de estos fondos buitre favorecidos por el juez de Nueva York”. Kicillof subraya, además, que la resolución de Naciones Unidas, en su artículo tercero, indica que la asamblea general del año que viene “deberá seguir avanzando en esta cuestión; a nuestro criterio, lo más razonable sería que el paso siguiente fuera la creación de alguna instancia especializada en el tema de reestructuración de deudas soberanas en el seno de las propias Naciones Unidas. El FMI ha demostrado que, a pesar de ser sumamente crítico del rol de los fondos buitre, no pudo ayudar a resolver el problema. La ONU es un lugar más democrático y menos condicionado por el poder financiero, y eso lo puede convertir en más efectivo para resolver el problema”.

–¿Cuáles fueron los mayores obstáculos que debió vencer la Argentina para conseguir la aprobación de los nueve principios sobre reestructuración de deuda?

–Hubo un gran esfuerzo de los países centrales, los que votaron en contra de la resolución, por convencer a sus aliados de que también debían oponerse. Es muy impresionante ver cómo en un organismo tan grande, tan burocrático como las Naciones Unidas, se desarrolla una tarea desde las principales potencias por poner en discusión el valor de cada frase, cada palabra de la propuesta, para tratar de limitar su alcance. En el caso del principio de la soberanía (Primer principio: “Un Estado soberano tiene derecho a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana”), hubo algún planteo acerca de que no tenía en cuenta o violaba el derecho de los acreedores, pero quedó en claro que era simplemente una excusa para negar ese criterio de soberanía. Hasta los países europeos, que votaron en bloque, se negaron a pronunciarse en contra. Se abstuvieron, es cierto, pero al menos no rechazaron la propuesta.

–Llama la atención que Grecia o Portugal, con una situación de deuda muy comprometida, se abstuvieran, cuando la necesidad de reestructurar deuda aparece como una posibilidad tan cercana para ellos.

–Sí. Podría decirse que son beneficiarios directos de la propuesta. Pero primó la condición de votar en bloque. Era algo que estaba decidido de antemano. Pero, repito, es importante que no se hayan opuesto, teniendo en cuenta que el Reino Unido y Alemania estaban dentro del boque de seis que votaba en contra. Algunos opinan que la resolución de Naciones Unidas no tiene importancia, que no tiene efectos prácticos. Yo me pregunto, si fuera así, ¿por qué hubo tanto esfuerzo del poder financiero por rechazarla?

–¿Y qué respuesta le daría a su propia pregunta?

–Que con este planteo, metimos el dedo en la llaga. Aun para países que se abstuvieron en la votación, quedó claro que a ellos también los beneficia. Hay una enorme cantidad de países, como Grecia y Portugal, con deudas que superan a su PBI anual. Si tienen que ir a una reestructuración de deuda y hay un solo acreedor que se opone y consigue un juez que le falle a favor, como Griesa, tendrían que pagarle el 100 por ciento de la deuda en las condiciones originales, y antes de que cobren los que acepten la reestructuración. En esas condiciones, ¿quién va aceptar reestructurar? No hay ninguna posibilidad de reestructuración. El FMI lo sabe y lo ha dicho, pero no hizo nada por ayudar a resolver el problema. Lo que nosotros decimos es que debe haber un marco global que dé respuesta, establecer una especie de manual de conducta. Y lo que se logró en la ONU fue aprobar una referencia importante para todo el mundo, que me parece que hay que interpretarlo como un rechazo muy claro al accionar de los fondos buitre. Y a ciertas interpretaciones como la que hace el juez Griesa de la cláusula pari passu. Por primera vez, un organismo internacional de este nivel asume una definición tan fuerte con respecto al sistema financiero. Si no tuviera importancia, no habría existido esta presión de países de tanto peso para bloquearla. Esta resistencia es una medida de su importancia.

–¿Cuál fue la clave para haber obtenido este buen resultado?

–Hubo una convicción muy grande de nuestra parte, desde el principio, de que este tema debía instalarse como una cuestión de debate a nivel internacional. Y lo instalamos nosotros, pero arrancando desde muy atrás. El primer espaldarazo fuerte fue el apoyo del G-77 más China, el conjunto de países periféricos y emergentes, que logra el respaldo el año pasado de la ONU para tratar el tema. Pero muchas veces ocurre que un tema se instala para su tratamiento y después no pasa nada. Hubo una tarea muy intensa, desde la Cancillería, la representación en Naciones Unidas, de la propia presidenta Cristina de exponer el tema en cada foro internacional, y del Ministerio de Economía que trabajó en la elaboración de los documentos y propuestas, para sostener el tema. En junio de este año, la Corte de Estados Unidos rechaza tomar el caso de la deuda argentina, y a partir de ahí se lanza una campaña de lobby tremenda de los fondos buitre contra Argentina. Pero a esa altura ya no estábamos solos. Sacha Llorenti, el representante boliviano en la ONU, tomó el tema y promovió las sesiones especiales donde expusimos nuestras razones. Para Argentina era fundamental conseguir un resultado contundente y rápido, aunque no teníamos ninguna garantía de obtenerlo en la ONU. Pero para nosotros era el ámbito adecuado para discutirlo, el más democrático y el menos influenciable por el poder de las finanzas. Ya habíamos tenido otros reconocimientos a la importancia que tiene el problema a nivel global, pero no soluciones. Argentina había logrado instalar el tema en la agenda del G-20. Hasta el FMI se pronunciaba en términos muy similares a la Argentina en cuanto a los inconvenientes para refinanciar deudas soberanas. Una ex titular, Anne Krueger, llegó a opinar que el FMI debía formar un tribunal para resolver estos conflictos con los fondos buitre.

–Hubo, incluso, una definición de un organismo que reúne a los mercados de capitales en el mundo, el ICMA, a favor de alguna forma de regulación.

–Sí. Ese pronunciamiento nosotros lo tomamos como un éxito, en tanto reconocía como un problema el accionar de los fondos especulativos sobre las reestructuraciones de deuda. Pero lo abordan desde un enfoque contractual de mercado. ¿Qué quiere decir esto? La propuesta que hacen es modificar los contratos de títulos de deuda, proponiendo enmiendas a la cláusula pari passu, o que la mayoría calificada para modificar los contratos fuera de dos tercios de los acreedores pero no más. El solo reconocimiento del problema por parte del ICMA es un avance, pero su propuesta tiene varios problemas serios en la práctica. Uno es que no resuelve el conflicto para deudas por más de 600 mil millones de dólares según algunos, otros la estiman en 900 mil, todavía vigentes en el mundo con cláusulas previas a las modificaciones propuestas. Otro, que para emisión de deudas con varias series, en algunas muy chicas por ahí basta una tenencia de bonos no tan grande para trabar el acuerdo. Pero el problema más grave es que tampoco es un antídoto para una interpretación arbitraria de un juez. Lo que inventó Griesa como interpretación de pari pasu no se evita con esas modificaciones de contrato.

Entonces, la solución tiene que venir por otro lado, desde otro enfoque, que es buscar una solución reglamentaria de carácter global. Es lo que llevamos a Naciones Unidas: un cuerpo de principios como un manual de conducta a seguir por todo el mundo. Si nosotros hubiéramos aceptado las condiciones que fijó Griesa, no habríamos llegado a esta resolución de la ONU. Por más que se reconozca que el estallido del sistema financiero internacional se debió a la falta de regulaciones, y por más que el mundo reclame hoy una nueva ingeniería para el sistema financiero reconociendo los defectos del sistema actual. Y esto lo instalamos nosotros.

–¿Cuáles pueden las consecuencias prácticas de esta resolución?

–Hay países que lo van a adoptar y convertir en ley. Otros lo tomarán como manual de conducta y lo harán respetar como tal por sus deudores. Es un proceso, y en él se irán viendo las distintas formas de adaptación. Tiene ese valor, se instalan estos principios a nivel internacional, fijando criterios que deben regir y que dejan en evidencia a quienes lo violan. En el caso de países como Argentina, que afronta un problema con decisiones arbitrarias que favorecen a los fondos buitre, sin ninguna duda esta resolución le aporta un argumento más de peso ante el sistema judicial norteamericano. Ya no es sólo el gobierno argentino quien lo sostiene, es una resolución avalada por una amplísima mayoría de países la que rechaza este tipo de prácticas de los fondos buitre.

Hay otra cuestión importante la resolución de la asamblea. El artículo tercero dispone que en la próxima asamblea anual, la 70, tiene que seguir tratándose el tema y avanzando sobre los mecanismos para resolver este conflicto, que pone en riesgo la salud de todo el sistema. Para nosotros, el paso siguiente debería ser la creación de alguna instancia, algún organismo dentro de la propia ONU, especializado en reestructuración de deudas soberanas. Para algunos, seguramente, no será el órgano más adecuado, porque consideran que hay organismos internacionales más específicos, como el FMI. Nosotros no nos oponemos a que el FMI lo resuelva. Al contrario, le hemos reclamado que lo haga. Pero hasta acá no demostró ser capaz para ayudar a la solución. La ONU, por su carácter más democrático, donde cada país es un voto, puede ser más efectiva para resolver un problema que ataca a la democracia.