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El ministro de Educación, Alberto Sileoni, y sindicatos docentes firmaron un documento conjunto que busca darles continuidad a las actuales políticas educativas, entre ellas, las paritarias del sector, la inversión en recursos pedagógicos e infraestructura, los programas socioeducativos y la estabilidad de los trabajadores.

“Ratificamos junto a los gremios el escenario paritario como el único posible para la discusión salarial de los empleados de la educación”, destacó el titular de la cartera educativa nacional.

En el encuentro en la sede del ministerio participaron, además, el secretario de Educación de la Nación, Jaime Perczyk; el secretario general del Consejo Federal de Educación, Tomás Ibarra, y el subsecretario de Coordinación Administrativa del ministerio, Daniel Iglesias. Por los gremios docentes estuvieron la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso; la secretaria general de AMET, Sara García; el secretario general de CEA, Fabián Felman; la secretaria adjunta de Sadop, María Lazzaro, y el secretario general de UTE, Eduardo López.

La “carta de intención” busca “garantizar y sostener, en acuerdo con todas las jurisdicciones, el incremento progresivo de la inversión educativa”; así como “las condiciones necesarias para el cumplimiento efectivo de la obligatoriedad escolar y del tiempo de aprendizaje alcanzando los 190 días de clase efectivos en todo el país”, indicó el Ministerio de Educación.

Además propone la profundización de la inversión “en infraestructura, equipamientos y recursos tecnológicos y pedagógicos a fin de garantizar las condiciones materiales necesarias para los procesos de mejoramiento de la calidad de la educación”, y garantizar las acciones socioeducativas “que contribuyen a una educación integral y de calidad”.

Los gremios también pidieron preservar las condiciones de trabajo docente, las políticas nacionales de compensación salarial y las acciones llevadas adelante en el marco del Programa Nacional de Formación Permanente. “La calidad educativa contiene a la inclusión social, al ejercicio de la ciudadanía y al respeto por los derechos humanos –sostiene la carta–, donde el Estado debe garantizar las condiciones materiales y culturales para que todos los estudiantes logren aprendizajes comunes de buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural.”