Cinco días tardó en abrirse la primera grieta en Cambiemos. Pese a formar parte de la alianza de Gobierno, un sector importante del radicalismo y de la Coalición Cívica salió a criticar la decisión del presidente Mauricio Macri de designar por decreto dos jueces de la Corte Suprema. Julio Cobos, Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra y hasta el presidente del bloque de Diputados, Mario Negri, cuestionaron públicamente –aunque con distinto tono– que no se haya recurrido al trámite regular de designación, que requiere el acuerdo del Senado. Si bien Elisa Carrió se mantuvo en silencio, uno de sus dirigentes más cercanos, el diputado Fernando Sánchez, rechazó el procedimiento y dijo que “hay que utilizar los mecanismos legales y constitucionales”. Uno de los pocos que defendieron la medida fue el ex senador Ernesto Sanz, al que se le sumó después el nuevo titular del Comité Nacional, José Corral.

Ninguno de los interlocutores con el macrismo había sido advertido sobre la decisión que sacudiría el escenario político. Ni el titular del Comité Nacional ni los jefes de los bloques legislativos de la UCR sabían que Macri se escudaría en un inciso olvidado de la Constitución Nacional para saltearse la consulta a la Cámara alta.

“Creo que es innecesario. No encuentro razones para que sea por un decreto y no a través de un envío al Senado y una convocatoria a extraordinarias si es que hay celeridad”, aseguró ayer Cobos, senador e integrante de la Comisión de Acuerdos, que deberá evaluar los pliegos de los jueces en caso de que se cumpla, más adelante, con el procedimiento establecido por la Constitución y el decreto 222/03. El mendocino reveló que nadie del PRO lo consultó y que si lo hubieran hecho, no les habría aconsejado seguir ese camino. Tampoco fue notificado el senador Angel Rozas, presidente del bloque radical y uno de los que deberán juntar los votos necesarios para lograr que Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sean designados de manera regular. Según la Constitución, se necesita una mayoría calificada (dos tercios de los senadores presentes), que en este caso sólo podría ser alcanzada con el apoyo de los senadores del Frente para la Victoria.

Con un tono más moderado, Negri también criticó la utilización del artículo 99, inciso 19 de la Constitución: “Hubiera preferido que se transitara el camino del diálogo y el consenso hasta el momento del inicio del período ordinario, mientras transcurría el plazo del decreto 222/03 y se avanzaba en la búsqueda del aval senatorial”, dijo el jefe de la bancada radical en diputados.

El más duro fue Gil Lavedra, para quien el nombramiento por decreto genera un “precedente muy funesto”. “La norma constitucional que se utilizó es insostenible frente al alcance que tiene el principio de independencia de los jueces”, aseguró el ex diputado, que sonaba como uno de los candidatos a ocupar una de las vacantes generadas por Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt. “Deja mucho que desear en términos de legitimidad republicana y política”, agregó Ricardo Alfonsín.

El principal apoyo dentro de Cambiemos fue el de Sanz. “Su decisión es legítima, legal, constitucional, necesaria y a pedido de la Corte”, afirmó el ex presidente de la UCR, quien renunció antes de asumir al cargo de ministro de Justicia que le había ofrecido Macri. El dirigente radical consideró que Macri prefirió no convocar a sesiones extraordinarias porque “hay que construir consensos políticos parlamentarios que todavía no están construidos”. Sanz defendió la designación en la necesidad de dar un gesto de “gobernabilidad”.

Estrenando su cargo de presidente, Corral ensayó un equilibrio. Elogió a los dos nombres designados y se limitó a remarcar que se trata de una “facultad constitucional que tiene el Presidente”. “La designación definitiva la tiene que hacer el Senado. En estos meses hay muchos asuntos claves para resolver y una Corte Suprema de tres personas no era lo adecuado. Lo importante es que todo se haga dentro de las normas”, completó el intendente de la ciudad de Santa Fe.