El ex senador radical, Mario Cimadevilla, fue designado ayer al frente de la nueva Secretaría de Investigación del Atentado contra la AMIA. Se trata de una dependencia del Ministerio de Justicia, que ya existía desde el año 2000 pero que ahora cobrará rango de secretaría. “Elevar el organismo al rango de Secretaría de Estado promueve una mirada integral para la investigación y litigación del atentado y las causas potencialmente vinculadas a él”, explicó el Ministerio de Justicia a través de un comunicado. El puesto cobra mayor relevancia tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien estaba a cargo de la UFI-AMIA, una fiscalía especial, dependiente del Ministerio Público Fiscal, que desde entonces se encuentra a cargo de tres fiscales y un coordinador. Cimadevilla dejó entrever ayer que podría desarticularse esa unidad, pese a que no se trata de una facultad del Poder Ejecutivo. Además, sostuvo que tratará de contribuir en la causa que investiga el fallecimiento de Nisman.

Ex senador, ex diputado nacional y ex integrante del Consejo de la Magistratura, Cimadevilla cobró notoriedad en los últimos años por ser uno de los más acérrimos opositores a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. De hecho, fue uno de los únicos tres senadores que no votó a favor de su pliego, incluso contra la posición del su propio bloque radical. Llega al Ministerio de Justicia luego de una reunión el viernes con el ministro Germán Garavano, quien le hizo el ofrecimiento. La designación se confirmó ayer por la mañana, tras otro encuentro con Garavano.

La Unidad Especial de Investigaciones, que ahora pasará a ser secretaría, fue creada para asistir de modo directo a la justicia en la investigación del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 y coordinar la acción de las distintas fuerzas de seguridad y organismos dependientes del Estado Nacional. Sin avances concretos, cuatro años después el entonces procurador general, Esteban Righi, creó la UFI-AMIA, donde se designó a Nisman.

Entre los objetivos que se trazó Cimadevilla está la redacción de un proyecto de ley que contemple los juicios en ausencia, lo que permitiría avanzar con el juzgamiento de los sospechosos iraníes.