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Organizaciones sociales, de derechos humanos, judiciales y académicas, entre otras, presentaron impugnaciones a los jueces de la Corte Suprema nombrados en comisión y mediante un decreto por Mauricio Macri. Hoy vence el plazo para llevar al Ministerio de Justicia avales y rechazos a los magistrados.

El CELS objetó tanto a Carlos Rosenkrantz como a Horacio Rosatti por haber convalidado “un procedimiento de designación irregular y de dudosa constitucionalidad. La aceptación de este procedimiento los hace pasibles de impugnación”. El organismo cuestionó que el Presidente sostenga la designación en comisión y, a la vez, abra el trámite normal de selección de jueces para la Corte. “Con este procedimiento irregular, la legitimidad social y política de la decisión del Poder Ejecutivo y de los candidatos que resulten electos se verá totalmente afectada”, señaló el CELS, que también criticó que no se haya respetado el equilibrio de género.

Sobre el perfil de los designados, observó que incluyen “posturas regresivas” en “temas vinculados a la protección de derechos y la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, así como por sus posiciones respecto de la relación entre el derecho, la política, el mercado y el Estado”.

Con argumentos en varios puntos similares, un importante conjunto de profesores de la Universidad Nacional de Córdoba impugnó a Rosenkrantz y Rosatti. En cambio, la Comunidad Homosexual Argentina y la Asociación por los Derechos Civiles avalaron al primero.