Cómodo desde que consiguió mayoría, el oficialismo en el Consejo de la Magistratura finalmente desestimó las tres investigaciones abiertas contra el juez federal Claudio Bonadio, como así también contra los magistrados que revocaron el procesamiento del empresario Carlos Blaquier, imputado por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la dictadura. Además, los consejeros del PRO y el radicalismo, junto con el voto del presidente del Consejo Miguel Piedecasas, determinó el despido de 10 trabajadores jerárquicos, y propició el descenso de categoría de un grupo de empleados al mismo tiempo que ascendió a otros más afines al nuevo gobierno. Otra de las resoluciones de ayer fue una nueva ampliación del cuerpo de Auditores encargado de detectar las irregularidades en el Poder Judicial, en este caso reincorporando profesionales afines a la corporación con escasos reflejos para la tarea encomendada. Y la comisión de Disciplina resolvió citar al juez federal Norberto Oyarbide.

Fue en la reunión del Plenario que Blaquier obtuvo la desestimación de los cuestionamientos a los jueces de la Cámara de Casación que lo habían desprocesado, miembros de la sala IV de ese tribunal, que avalaron la decisión de la Cámara Federal de Salta que en 2013 había determinado que Blaquier, y el ex administrador del ingenio Ledesma Alberto Lemos, sólo contribuyeron a la producción del delito de desaparición de personas durante la Noche del Apagón, sin realizar la ejecución del hecho ni ser punibles como autores. Los jueces de Casación Eduardo Riggi, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani dictaron la falta de mérito del empresario azucarero sin revisar si se ampliaba o no la acusación inicial.

Según una fuente consultada por Página/12 que participó del encuentro, el consejero Luis María Cabral defendió el accionar de Casación en este caso con el argumento de que el Consejo no puede juzgar el contenido de una sentencia. Al cruce de su intervención salió el diputado Héctor Recalde, del Frente para la Victoria, quien insistió en que la denuncia contra los camaristas no debía ser desestimada sin ser analizada, por la gravedad de la consecuencia que tuvo la decisión que tomaron en ese expediente. Además, el legislador recordó que Casación no suele abrir los recursos hasta que no haya sentencia y en este caso en particular lo hizo, en contradicción con su propia jurisprudencia. A pesar de haber perdido la votación, dado que el macrismo cuenta con los siete votos mayoritarios, el kirchnerismo solicitó que su disidencia conste en las actas.

También consiguió su cuota de beneficios el juez de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, cuestionado por su desempeño en procesos por delitos de lesa humanidad. Cabral no se privó de defenderlo, pero finalmente lo salvó una formalidad: como es juez subrogante, el Consejo no tiene potestades para sancionarlo.

Ya en la sesión de la Comisión de Disciplina, el juez federal Claudio Bonadio se benefició de la mayoría automática y así, las causas que podrían haberlo llevado al juicio político quedaron desestimadas. Este magistrado lidera la ofensiva judicial contra funcionarios del gobierno anterior y ya citó a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además de las resonantes causas de Hotesur y contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, donde Bonadio estaba acusado de prevaricato, denegación y retardo de justicia y mal desempeño, ayer quedó archivada una denuncia de un particular que luego de haber sido sobreseído por este juez se presentó siete veces en el juzgado para obtener un certificado que acreditara su situación procesal pero nunca lo consiguió.

En tanto, la Comisión de Disciplina y Acusación aprobó una citación al juez federal Norberto Oyarbide para que formule su descargo en una causa en la que está acusado de haber frenado un allanamiento por influencia política y por la que le cabría un proceso por mal desempeño. La decisión fue adoptada por unanimidad, con la ausencia del diputado Recalde. Oyarbide en diciembre anunció su voluntad de jubilarse luego de la feria judicial de enero, algo que hasta ahora no se concretó.