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Aislado, sin aliados y sin un futuro político a la vista, Carlos Menem recibió ayer una nueva mala noticia. La Cámara Federal lo procesó por “omisión maliciosa”, por no incluir en su declaración jurada una cuenta en Suiza de 650 mil dólares que él mismo había reconocido. Aunque el delito es excarcelable, si se confirma el fallo el riojano podría ser condenado a “inhabilitación especial perpetua” para ejercer cargos públicos, con lo cual su sueño de re-reelección quedaría en la nada.
En julio del año pasado, Menem concedió un reportaje a la cadena CNN en el que reconoció que en 1986 abrió una cuenta en la UBS de Ginebra por un total de 650 mil dólares a nombre de Zulema Yoma y su hija Zulemita. Consultado por el origen de semejante fortuna, el riojano dio una explicación sorprendente: dijo que había depositado los 200 mil dólares que recibió como indemnización por su detención durante la dictadura, y que los intereses le habían permitido llegar a esa suma.
Pero no sorprendió tanto la explicación como el hecho de que el mismo ex presidente haya admitido tener esa cuenta. En aquel momento, muchos atribuyeron el desliz a una maniobra para distraer la atención de las declaraciones formuladas al New York Times por un testigo protegido iraní que lo había acusado de recibir diez millones de dólares para ocultar el atentado contra la AMIA.
La cuestión es que la confesión de Menem motivó pedidos de los fiscales y del juez a cargo de la causa, Norberto Oyarbide, quien le tomó declaración al ex presidente. A pesar de los esfuerzos del fiscal Miguel Osorio y de la Oficina Anticorrupción, el tema fue languideciendo: Oyarbide decidió dictarle la falta de mérito alegando que –aunque el mismo Menem la había reconocido– la cuenta no estaba claramente establecida porque Suiza aún no había respondido los exhortos.
Ayer, luego de un pedido del ex fiscal Norberto Quantín, la Sala II de la Cámara Federal –integrada por Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi– decidió revocar la falta de mérito dictada por Oyarbide. Según los jueces, el juez contaba con “los elementos que prueban, con el grado de probabilidad que requiere esta etapa procesal, que Carlos Menem ha omitido en su declaración jurada patrimonial datos referidos a depósitos bancarios de su propiedad existentes en el extranjero”. El razonamiento de los jueces fue sencillo: el ex presidente no incluyó en su declaración jurada del 2000 la cuenta que más tarde reconoció públicamente.
El delito es el tipificado en el artículo 268 del Código Penal, que castiga a los funcionarios que omiten datos en sus declaraciones de bienes. La pena es excarcelable –15 días a dos años– pero también se incluye la posibilidad de prohibirle ejercer cargos públicos.
Es curioso: la obligatoriedad para la presentación de las declaraciones patrimoniales se estableció en la Ley de Etica Pública, sancionada en el final del mandato de Menem, en 1999, en respuesta a las interminables denuncias de corrupción contra su gobierno.
En el fallo, la Cámara dispuso que se gire un nuevo exhorto a la Justicia suiza y que se amplíe la declaración indagatoria del ex presidente una vez que haya llegado la respuesta. Además, dispusieron que se convoque a Elisa Carrió, Graciela Ocaña y Gustavo Gutiérrez, que fueron los primeros en alertar sobre la existencia de la cuenta y en comunicarse con las autoridades suizas para establecer datos más precisos.
“La resolución es importante”, sostuvo ayer Ocaña. “Prueba que Menem había omitido mencionar la cuenta, algo que era evidente y que se establecía cruzando su declaración jurada con sus declaraciones a CNN. Sin embargo, Oyarbide había decidido no investigar. Ahora es necesario ir a fondo, y comenzar a buscar los mecanismos para que las cuentas, que hoy están bloqueadas, sean liberadas y los argentinos comencemos a recuperar el dinero que se fue en corrupción”, agregó la diputada.
Aunque cuidando las formas, en el Gobierno festejaron la decisión de la Cámara. El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, mencionó otras cuentas del ex presidente. “Aquí hay que llegar al nudo y a la cabeza de todo este problema que, sin duda alguna, termina en las cuentas de Menem, de Ramón Hernández y de funcionarios de primerísimo nivel. A lo que hay que llegar no es sólo a la detención y a todo lo que tiene que ver con la sanción de episodios de corrupción, sino a la recuperación de la plata. La sociedad argentina no quiere sólo ver presos por mucho tiempo a los funcionarios que han robado los recursos, sino que quiere ver recuperados esos recursos para ser aplicados a políticas sociales”, concluyó Beliz.