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Rodolfo Canicoba Corral ordenó suspender indefinidamente las pericias que se venían realizando para averiguar el destino de 4150 millones de pesos/ dólares, correspondientes a fondos reservados que la Secretaría de Hacienda entregó a trece diferentes organismos, pero en particular a la SIDE, entre 1988 y 2001. Esta causa, iniciada a comienzos de 2001 y sobre la cual informó ayer en exclusiva Página/12, sufre así una nueva dilación, precisamente cuando los conocedores del expediente confiaban en que por fin se avanzaría, gracias al indirecto impulso insuflado por el recrudecido escándalo de las coimas en el Senado, proceso que lleva el mismo juez. Pero la expectativa se tornó ayer en decepción cuando trascendió en medios de la fiscalía el contenido de un oficio librado por Canicoba Corral, mandando suspender la realización del estudio por parte de los peritos, sin dar ninguna razón para ello, más allá de la de tomarse tiempo para analizar la “pertinencia y utilidad” del procedimiento.
En los hechos, esta decisión no supone sólo detener el avance de la pesquisa sino incluso retrotraerla, dado que al menos algunos de los organismos a los que se pidió la exhibición de los registros, acompañados de los correspondientes comprobantes de cada gasto, respondieron favorablemente y estaban preparando la documentación. Sin embargo, se supone que al juzgado de Canicoba llegaron algunas consultas inquietas acerca de la requisitoria, y ante ello se prefirió congelar una vez más el trámite.
La falta de entusiasmo en relación de estas diligencias ya había quedado de manifiesto cuando el Juzgado Federal número 3 ignoró reiterados pedidos de los peritos para que les fueran extendidas autorizaciones escritas en las que constara que estaban habilitados para recabar la información pertinente. Esta debería echar luz sobre el ignoto destino de enormes sumas de dinero que, en principio, deberían haberse utilizado para remunerar personal sin discriminar, retribuir servicios no personales y comprar bienes de uso. Sobre nada de esto hubo rendición de cuentas alguna.
En el caso de la Secretaría de Inteligencia, el misterio envuelve a una suma impresionante: 2857 millones de pesos/dólares. Pero también otros organismos dispusieron de montos considerables, como los 531 millones entregados al Ministerio de Defensa, los 305 millones que el Tesoro Nacional proporcionó a los estados mayores de las Fuerzas Armadas o los 198 millones que obtuvo la Policía Federal.
Para las fuentes consultadas por este diario, lo incomprensible de la suspensión de las pericias es que anula una inversa decisión anterior de Canicoba Corral, que dispuso realizar las indagaciones, aunque ciertamente después de un largo año de absoluta inacción. Así se diluye una iniciativa judicial que procuraba esclarecer uno de los costados más oscuros del manejo presupuestario, fundamentalmente durante el menemismo, pero también en el período en que gobernó la Alianza.
Todo lo que logró saberse hasta el momento es cuánto dinero proveyó Hacienda en carácter de fondos reservados durante el período 1988-2001 a ese puñado de organismos. Tratándose de un asunto en buena medida emparentado con el de la presunta compra de la ley laboral con dinero no declarado de la SIDE, la paralización de esa causa no contribuye a afianzar la impresión de que esta vez la Justicia quiera realmente desentrañar la verdad y hallar a los culpables.