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Tras la fuerte presión argentina el gobierno uruguayo desautorizó a un asesor presidencial del presidente Jorge Batlle y se comprometió a retirar la designación del represor Juan Craigdallie como agregado naval en Buenos Aires.
Pese a las especulaciones sobre el eventual retiro del embajador argentino Hernán Patiño Meyer, de las que Página/12 no se hizo eco ayer, el conflicto no escaló. Batlle retrocedió en su ataque al gobierno argentino y éste se dio por satisfecho.
El jueves, el canciller Rafael Bielsa llamó al embajador uruguayo Alberto Volonté Berro y le expresó la irritación argentina ante el envío inminente del capitán de navío Juan Craigdallie como agregado. El ex fotógrafo de la inteligencia naval Daniel Rey Piuma lo había señalado como “un torturador salvaje”. En 1998 el marino ya fue criticado en su designación como prefecto del puerto de Punta del Este.
También el jueves, pero más tarde, un asesor de Batlle, Carlos Ramella, pidió respetar “la soberanía” y dijo que “algunos gobernantes, sobre todo el de la Argentina, no terminan de comprender que están ejerciendo la primera magistratura” y no dirigiendo “un club político”. Y agregó: “No están actuando como agitadores o como simpatizantes de guerrillas como lo hicieron en el pasado”.
Ramella también se sintió agraviado porque Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva se abrazaron con el intendente de Montevideo, Mariano Arana, y con Tabaré Vázquez, el candidato del Encuentro Progresista-Frente Amplio para el 2004.
“No tengo la culpa del enfrentamiento entre el gobierno central y el de Montevideo, que es otro signo”, minimizó ayer Kirchner con Mirtha Legrand al hablar del Partido Colorado de Batlle y el EP-FA.
Con este cuadro negociaron durante todo el día Bielsa y el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos Eduardo Sguiglia, por el lado argentino, y Volonté y el canciller Didier Operti, por el lado uruguayo.
Según recogió Página/12 de un funcionario del Gobierno, “Volonté le dijo a Bielsa que había recibido instrucciones de Batlle”.
“Hacé lo que quieras pero salgamos de este despelote”, habría dicho Batlle. Fue imposible ubicar a Volonté para verificarlas.
Uruguay explicó entonces que la designación de Craigdallie había sido una iniciativa de la Armada y que Buenos Aires era un destino apetecido para militares de alto rango. No era verdad, porque el embajador Patiño Meyer ya había advertido que la Argentina tomaría mal la acreditación de un represor, pero el argumento sirvió para preparar el paso atrás de Montevideo. Los uruguayos hicieron saber que el marino no cruzaría el Río de la Plata. Y materializaron la marcha atrás en un comunicado centrado en Ramella. Dice: “Las expresiones públicas sobre los hechos de notoriedad, efectuadas recientemente por ciudadanos que no revisten la calidad de representantes del Estado, fueron efectuadas en el libre ejercicio del derecho de opinión y no pueden ni deben afectar las fraternales relaciones entre ambas naciones, ni el recíproco respeto debido a las investiduras de sus gobernantes”.
Con estos elementos en la mano, Kirchner ordenó frenar y Bielsa dijo que el incidente con Uruguay estaba terminado.
Habría que agregar: por ahora. Es que Batlle, un liberal económico a ultranza, parece una rareza entre Lula, Kirchner y Lagos. Y, por otro lado, Kirchner convirtió en eje de su política hacia Uruguay el caso de la nuera de Juan Gelman, María Claudia Irureta Goyena. Embarazada, María Claudia fue secuestrada en Buenos Aires en 1976 y llevada a Uruguay. Le robaron a su hija cuando nació y la mataron. En el 2000 Gelman halló a su nieta y comenzó la búsqueda de los restos de su nuera. Sospecha que están en un regimiento yreclama ubicarlos para cumplir con el principio según el que, en sus palabras, “toda persona tiene derecho a una tumba y a una lápida con su nombre que la reinstalen en su propia historia y en la historia y la cultura de nuestra civilización”.
Ramella fue la voz de Batlle en esta pelea. El gobierno uruguayo se ampara en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado sobre delitos cometidos por policías y militares hasta el 1º de marzo de 1985. La ley fue confirmada por un referéndum en 1989 pero el reparo de los organismos de derechos humanos es que según la legislación internacional la desaparición, como es el caso de María Claudia, representa un delito que continúa, es decir que se sigue cometiendo también desde 1985. Y su propio impulsor, el ex presidente Julio María Sanguinetti, dijo que aunque no se puede penar nada impide las investigaciones.
“Me fue a ver la nieta de Gelman, que está buscando a su madre, una argentina desaparecida, y yo como presidente argentino tengo que colaborar en la búsqueda”, dijo Kirchner con Legrand. “También tengo que atender a los familiares de uruguayos desaparecidos en la Argentina, porque son familias agraviadas en nuestro territorio”, explicó.
Batlle luce cada vez más débil, en especial desde el último referéndum sobre la privatización de la comercializadora petrolera estatal Ancap que perdió 60 a 40. Pero a la vez Uruguay está en medio de una crisis que se profundizó con el corralito y la devaluación en la Argentina y confía en recuperar esta temporada parte del turismo que perdió con la devaluación de principios del 2002. Montevideo parece haber entendido que no tiene nada que ganar en un conflicto mayor con la Argentina.