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Por F. Y.

Los diputados Graciela Ocaña (ARI) y Héctor Polino (socialista) y el ex legislador Gustavo Gutiérrez (Demócrata de Mendoza) no le creen al titular de la Corte, Enrique Petracchi; a pesar de sus repetidas desmentidas a todas las acusaciones que sufrió, desconfían de la forma en que construyó su patrimonio. Por eso ayer solicitaron a la Comisión de Juicio Político que no archive los dos pedidos de juicio político que pesan en su contra por presunto “mal desempeño” en sus funciones. El problema, según indicaron los denunciantes, es que datan de 2001 por lo que reglamentariamente estarán en condiciones de ser archivados al término del actual período ordinario.
Los denunciantes sostuvieron que las causas contra el supremo no deben caer en el olvido “sobre todo después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmara que tanto Enrique Petracchi como su primo Alberto, cobraron transferencias desde Uruguay por un monto de 580 mil dólares” en julio de 1998. El detalle es que este movimiento de fondos se habría realizado en la misma época en que la Corte falló a favor de lo que se conoció como rebalanceo telefónico.
Para el ex diputado Gutiérrez, este dato es fundamental para que se reabra la investigación sobre la conducta de Petracchi porque, entiende, debe aclararse “la información que proviene del Departamento de Justicia norteamericano sobre una transferencia al Federal Bank”. Sostuvo también que se “debe investigar este hecho nuevo, porque ese dinero tiene origen desconocido”, y además “no dijo la verdad cuando afirmó que no lo conocía a Raúl Moneta, ya que hay testimonios de que coincidieron en varias reuniones sociales”.
A su turno, Polino se concentró en vincular el hecho con el último rebalanceo telefónico y precisó que “en los tres pronunciamientos (que tuvo la Corte sobre el tema) por acción u omisión el juez Petracchi fue funcional a los intereses de las empresas telefónicas”. Según el legislador socialista, la medida le permitió a Telefónica de España y Telecom obtener “ganancias extra por 2.500 millones de dólares”. “Si en todo esto hay un malentendido o existe una comedia de enredos donde Petracchi está involucrado, creo que ésta es la mejor oportunidad para esclarecer su situación”, aseguró.
La diputada del ARI aseguró que “se deben investigar los hechos y reclamar que Petracchi envíe su declaración jurada del 1993 al 2000”, que en su momento, el cortesano se negó y les recomendó solicitarla a la AFIP. “El magistrado falta a la verdad porque él sabe que sólo un juez puede levantar el secreto fiscal”, indicó Ocaña.
Ante acusaciones previas, Petracchi negó enfáticamente haber cobrado esas sumas y presentó cartas bancarias que aseguran que la transferencia nunca llegó a ingresar a su cuenta, y afirmó que el probable destinatario del dinero era su primo, el abogado Alberto Petracchi, que aceptó ese descargo. También sostuvo que votó en contra en el polémico fallo sobre el rebalanceo telefónico.
Tantas negativas no alcanzaron para convencer a los diputados que ayer volvieron a la carga.