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Todas las miradas siguen puestas en Fernando de la Rúa, y no pocos consideran que debería estar preso. Volvió a escena con la reactivación del escándalo del Senado pero nadie olvida su rol protagónico en la masacre del 20 de diciembre de 2001, cuando ordenó reprimir la movilización popular que exigía su renuncia. En todo el país murieron 37 personas, y no 34 como se conocía hasta ahora. Sergio Ferreira, de 20 años, y Sergio Pedernera, de 16, murieron en Córdoba hace dos años por el plomo que llevaban en sus cuerpos. En junio pasado, De la Rúa fue indagado por el homicidio de cinco manifestantes en el microcentro porteño, pero la jueza María Servini de Cubría le dictó la falta de mérito. A dos años de los hechos, hay cinco policías y un militar retirado presos, dos altos ex funcionarios procesados por homicidio y ya fue designado el Tribunal Oral (TOF 2) que el año próximo juzgará la primera parte de la causa, correspondiente al asesinato de Gustavo Benedetto. En el camino quedaron varios intentos de entorpecer la investigación, como la aparición de un supuesto francotirador en los techos de Avenida de Mayo, un clásico argumento que resurge cada vez que las fuerzas de seguridad pretenden desviar el foco que las ubica como responsables materiales de las muertes de más de cincuenta personas durante operativos represivos en democracia.
“Este sistema tiene tres patas, la corrupción, el traspaso de riquezas a grupos económicos y la represión. Si pensamos en las coimas del Senado, el megacanje y la masacre de Plaza de Mayo vemos que De la Rúa tendría que estar preso por las tres cuestiones”, opinó Rodolfo Yanzón, uno de los representantes legales de las víctimas.
Para María del Carmen Verdú, otra de las abogadas querellantes, hay un elemento positivo a destacar. “A diferencia de otras causas ésta es la única que avanzó sobre las responsabilidades políticas, (Enrique) Mathov y (Rubén) Santos están procesados por homicidio, y De la Rúa llegó a ser interrogado, acusado de ese delito. Si la Cámara Federal revoca la falta de mérito que le dictó la jueza y lo procesa será un hecho inédito”, expresó. Los querellantes pidieron el procesamiento del ex presidente argumentando que no podía ignorar lo que ocurrió el 19 de diciembre de 2001 a la noche, cuando fue baleado Jorge Cárdenas en las escalinatas del Congreso, y por lo tanto debió frenar la represión del 20. Al fundamentar la falta de mérito, que implica la carencia de pruebas tanto para procesar como para sobreseer al ex presidente, Servini de Cubría adujo que Cárdenas no fue baleado por la policía, en base a un video en el que se ve un fogonazo que proviene de otro sector. Un peritaje posterior demostró que lo que se ve no es el fogonazo de un disparo.
Del mismo modo quedó descartado por los investigadores, de la fiscalía de Luis Comparatore y Patricio Evers, el video filmado por un programa televisivo de investigación que pretendió reconstruir la presencia de un presunto francotirador en los techos de Avenida de Mayo e Irigoyen. El dueño del edifico de estilo ubicado sobre la avenida declaró que se sintió indignado cuando vio las imágenes porque le habían pedido permiso para subir a su terraza “para hacer una película”. Pero lo más importante es que afirmó que al momento de los hechos no había posibilidad alguna de acceder a los techos, ni siquiera por la cochera ubicada sobre Irigoyen. También quedó eliminada la posibilidad de que las escopetas Itaka hayan sido cargadas con munición de caza mayor, como publicaron algunos medios. “No hay ninguna duda de que los perdigones de plomo los disparó la policía”, enfatizó la fuente ante este diario.
Andrea Pochak, del CELS, manifestó que esperan dar con los autores directos de las muertes de Gastón Riva y Diego Lamagna. De hecho, ya quedó imputado el principal Víctor Manuel Belloni. Pero manifestó su preocupación por la indefinición de la situación de De la Rúa. “Para demostrar interés real en el esclarecimiento no se puede dejar afuera de la responsabilidad penal a quienes tuvieron la máxima responsabilidad política, y por acción u omisión permitieron la brutal represión de ese día”, apuntó.
80 cuerpos de expediente
Aquella mañana del 20, Servini de Cubría acudió a la Plaza de Mayo, se comunicó con De la Rúa para anoticiarlo de la existencia de un “proceso criminal”, y ordenó, sin éxito, el cese de la represión. A última hora reunió en su despacho a los fiscales, al ex ministro del Interior Ramón Mestre, al ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el ex jefe de la Federal Rubén Santos. De la Rúa ya había tomado su helicóptero.
En Capital murieron Marcelo Gastón Riva, Alberto Manuel Márquez, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gustavo Ariel Benedetto. A las 16.28 Benedetto cayó sobre el asfalto de Avenida de Mayo y Chacabuco, frente al HSBC. Policías de la custodia del banco y otros al mando del subcomisario Omar Bellante, que se habían refugiado en el local, efectuaron unos 60 disparos desde el interior del banco. La balacera fue iniciada por el jefe de la custodia del HSBC, el coronel retirado Jorge Varando, preso por ese homicidio, mientras que Bellante está procesado por encubrimiento y destrucción de prueba. A las 19.20 fue asesinado Márquez, y fueron heridos Martín Galli, Paula Simonetti y Paulo Córdoba, en 9 de Julio entre Sarmiento y Perón. Por estos hechos están presos los policías Orlando Oliverio, Carlos López, Eugenio Figueroa y Roberto Juárez. Todos pertenecían a Asuntos Internos de la Federal. Finalmente, por las muertes de Riva, Lamagna y Almirón está detenido el principal Belloni.
La causa irá separada a juicio oral. Al proceso por la muerte de Benedetto seguirá el vinculado a la de Márquez. Y también habrá un capítulo para las responsabilidades políticas. De la Rúa está imputado por cinco homicidios culposos y 230 lesiones, Mathov está procesado por los mismos hechos y por 190 detenciones ilegales (acompañadas de vejaciones en la mayoría de los casos), Santos y dos altos ex jefes de la Federal están en igual situación que Mathov. Y nada hace prever que alguno de ellos pueda evitar sentarse en el banquillo de los acusados, a excepción del ex presidente.