Los dirigentes de derechos humanos advirtieron sobre la intencionalidad de las amenazas.
Imagen: Dafne Gentinetta.

Lita Boitano habló casi sobre el final. “En estos días pensaba que nunca me encadené a una reja –dijo– pero la verdad es que ahora lo haría, lo haríamos con frío y todo. ¿Ustedes se imaginan que nos lleven con rejas y todo? ¡La verdad es que no van a poder!” La sala Mabel Gutiérrez del edificio Cuatro Columnas de la ex Escuela de Mecánica de la Armada alojaba a esa hora a los trabajadores del Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA reunidos en una conferencia de prensa con carteles en las manos que reclamaban: “Basta de amenazas de bomba”, y marcaban el número 51, en alusión a la cantidad de llamadas sucedidas desde junio del año pasado que obligan a evacuar el predio por los protocolos de seguridad. “Los llamados recibidos semanalmente detienen las visitas”, dijo Amy Rice, del Directorio de Organismos de Derechos Humanos, y al mismo tiempo envió un mensaje al Gobierno: “Estas amenazas no pueden ser la excusa para sostener que el Espacio de Memoria debe ser custodiado por empresas privadas de seguridad o fuerzas de seguridad”. Tampoco para hablar del quite de rejas o ser funcionales a las políticas que buscan intervenir el espacio y fueron proclamadas en los últimos días por los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos a través de algunos medios.

La conferencia de prensa fue convocada por ATE Capital a las 11 de la mañana. En la mesa de presentación se sentó Laura Conte, del CELS, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Estuvo Amy Rice, de HIJOS y del Directorio, y Daniel “El Tano” Catalano, secretario general de ATE Capital, un espacio que anunció durante la conferencia que se presentará como querellante en la causa judicial.

“¡Es impresionante la cantidad de gente que hay acá!”, dijo un señor mayor a su teléfono. “¡Te llamé para que escuches los cánticos de los chicos! ¡Un fervor terrible, impresionante!”, explicó cuando en la sala se oían los cantos. Sobre el escenario, un delegado del predio leyó adhesiones de Abuelas de Plaza de Mayo y del Movimiento de Unión Popular. Laura Conte tomó la palabra para explicar avances en la causa y el estado de situación.

“Fuimos a ver al fiscal que tiene la causa y nos pareció que el trabajo que está haciendo es muy serio”, explicó. Advirtió que no pudieron obtener detalles sobre el contenido de la investigación y la procedencia de las llamadas, “si son de adentro o no son de afuera”, dijo, pero explicó que está convencida de que en el corto plazo las amenazas van a tener “un punto final”. “Esto de las evacuaciones tiene que tener un punto final dado que tiene todo el aspecto de venir a embarrar el trabajo de memoria, verdad y justicia y cambiarlo por cosas que achican” y contó que la “evacuación es una de las tácticas más dañinas en estos casos”.

Las amenazas comenzaron a realizarse con mayor periodicidad a partir del mes de junio del año pasado hasta hacerse cada vez más frecuentes en los últimos meses, cuando llegaron a recibirse hasta cuatro en una semana. “Los llamados cancelan las visitas, cancelan los talleres educativos, suspenden las actividades, impiden que se dicten clases de las tecnicaturas de Música Popular y Periodismo Deportivo”, explicó el Directorio en un comunicado. “Cada amenaza atenta contra la tarea de trabajadores y trabajadores de las diferentes instituciones que aquí llevan adelante políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia. Cada amenaza intenta que vuelva el silencio y el olvido”.

Cada amenaza obliga al desalojo del predio establecido en el protocolo de seguridad, una constante que los organismos de derechos humanos y los trabajadores del predio entienden como una política destinada a obstaculizar el trabajo en este campo, pero que también es funcional a las reformas anunciadas por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a través de los medios hace una semana, durante la visita del ex presidente de Francia Nicolás Sarkozy. Avruj habló de un proyecto para convertir al predio en un “centro cívico”, de “embellecer” el lugar y sacar hasta las rejas. El predio es parte del Ente Espacio para la Memoria, que es un órgano tripartito integrado por Nación, Ciudad y el Directorio de Organismos de Derechos humanos. En ese sentido, durante la conferencia de prensa se dijo que el Directorio no fue consultado sobre las reformas hasta esta semana cuando las preocupaciones fueron trasmitidas en un encuentro con Avruj.

“El predio tuvo, tiene y seguirá teniendo rejas”, dijo Laura Conte. “Las amenazas atentan contra nuestro pueblo que por las amenazas se ve privado de irse con esta experiencia”, dijo a su turno Catalano. “No podemos permanecer en silencio al ver cómo se deterioran las políticas públicas por estas amenazas porque primero sacan la palabra ‘cívico’, después se juntan con familiares de los represores, después no reciben a la Madres, en una demostración muy clara de la política que están haciendo”.

En la sala se oían los cantos: “No lo pudo López Rega, no lo pudo Isabel, no pudieron los milicos, Macri no lo va a poder”. “Nos da mucha fuerza ver a todos los trabajadores y trabajadoras que nos acompañan en este pedido. Esto de que sean parte querellante de la causa es importante”, dijo Lita Boitano. “Pero es urgente que se encuentren a los responsables; no puede ser que cada vez que hablamos nos digan que están en la calle porque hay que desalojar. La Noche de los Museos hubo miles de personas que entraron y ahora están pensando si vienen o no vienen porque es bastante conocido este tema de las amenazas”.