Un grupo de diputados del Frente para la Victoria encabezados por el jefe del bloque, Héctor Recalde, presentaron un escrito en el juzgado de Sebastián Casanello para pedirle que frene la venta de la empresa del primero del presidente Mauricio Macri, Ángel Calcaterra, y que se lo incluya en la investigación que lleva adelante contra el empresario Lázaro Báez. En sus dos últimas declaraciones, Báez destacó que Calcaterra era su socio -se presentaron juntos para licitaciones por un valor de 10 mil millones de dólares, aunque sólo ganaron algunas- y que armaron una UTE para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, detenidas por el Gobierno.

Luego de la primera declaración de Báez sobre este tema ante Casanello, se conoció la decisión de Calcaterra de vender la constructora Iecsa, que años atrás recibió de manos de su tío Franco Macri. Supuestamente, la intención es no perjudicar políticamente al Presidente. En el entorno de Calcaterra aseguran que el Estado le debe mucho dinero a Iecsa y que cada vez que reciba un pago, se lo van a facturar a su primo. Además, podría recibir denuncias por tráfico de influencias.

Calcaterra ganó licitaciones por la friolera de 1.800 millones de dólares durante el kirchnerismo y mantenía un fluido contacto tanto con el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, como con su secretario de Obras Públicas, José López. Esos datos fueron puestos en relevancia por Báez en sus declaraciones judiciales, dado que su firma, Austral Construcciones, figuró 36º en el ránking de las que más obra pública obtuvieron durante el kirchnerismo mientras que Iecsa fue la tercera del escalafón.

Por eso, los diputados Recalde, Juliana Di Tullio, María Teresa García, Carlos Kunkel y Rodolfo Tailhade solicitaron a Casanello que frene la venta de Iecsa, tal com trascendió. “Habiendo tomado estado público la inminente venta de Iecsa, y el consecuente desapoderamiento de bienes de Calcaterra situación que incluso implicaría una limitación patrimonial de las eventuales responsabilidades que pudieren surgir con motivo de la investigación, resulta conveniente adoptar respecto a Iecsa, idéntico criterio que el adoptado por el juez en la causa en cuanto dispuso una medida de no innovar tendiente a impedir cualquier inscripción que implique la venta de bienes o activos, el desmembramiento y/o modificación del estatus jurídico de las empresas del citado grupo”, escribieron en la presentación.

Además, en el documento agregan que “no deberían descartarse medidas tendientes a resguardar la responsabilidad patrimonial en la que eventualmente pudieren incurrir los socios, gerentes, síndicos y directores de Iecsa, y por ello debería considerarse ordenar un embargo de los bienes registrables de quienes resulten imputados, como así también la inmovilización y congelamiento de los fondos de sus cuentas bancarias con la finalidad de asegurar el patrimonio involucrado en los ilícitos que se investigan”.