Un grupo de organismos le planteó al presidente Mauricio Macri la necesidad de expresar “un posicionamiento firme sobre las graves violaciones a los derechos humanos” en México durante la visita de su presidente Enrique Peña Nieto, que llegará al país pasado mañana. Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora y el CELS, entre otros, advirtieron en un carta conjunta su “preocupación por la crisis estructural de derechos humanos” que atraviesa ese país, donde hubo más de 28 mil desapariciones en los últimos años, y destacaron el “patrón de absoluta impunidad” como respuesta estatal. Tras recordar el reconocimiento del mundo a la política de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de la última dictadura en nuestro país, consideraron que “la historia reciente de la Argentina debe permear su política exterior y en consecuencia sus relaciones bilaterales con un Estado hoy signado por la desaparición masiva de personas en un contexto de extendida impunidad”.

Peña Nieto tiene previsto llegar el viernes junto a una comitiva de 80 empresarios. El gobierno aspira a poder cerrar acuerdos comerciales en áreas como agroindustria, comunicaciones, minería e industria automotriz. Para los organismos, según la carta que también suscriben Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, “cualquier decisión del gobierno argentino respecto a sus relaciones con México exige un posicionamiento firme sobre las graves violaciones que allí están ocurriendo”.

Varios informes de mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos dan cuenta de que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, “evidencia un patrón de violaciones y absoluta impunidad”, que el gobierno de México se niega a reconocer, destacan. Recuerdan que en distintas partes del país se descubrieron fosas con cientos de restos humanos y que en los últimos años se registraron al menos 150 mil muertes, 28.161 desaparecidos (datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas), incontables detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados de muchas poblaciones.

Informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demostraron la falsedad de la versión oficial sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes y advirtieron sobre el accionar de fuerzas de seguridad al servicio de organizaciones criminales asociadas al narcotráfico. “En México las víctimas y sus familiares merecen verdad y justicia. Al mismo tiempo, para prevenir más violaciones es necesaria una revisión profunda de la militarización de la respuesta estatal frente a la fallida ‘guerra contra las drogas’”, advierten los organismos. La Argentina debería “exigir al Estado mexicano el cumplimiento urgente de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. “Es imperioso que el gobierno de México emprenda las reformas estructurales necesarias, incluyendo el establecimiento de una Ley General contra la Desaparición Forzada que refleje la voz de las familias de las víctimas para enfrentar la problemática de las desapariciones”, concluyen.