Durante el primer semestre de 2016 hubo una profundización en la demora que el proceso de verdad y justicia viene sufriendo desde hace algunos años. El análisis resulta del informe estadístico que la Procuraduría de crímenes contra la humanidad realizó sobre el estado de las causas sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado y encendió la alarma. “Estos diez años de justicia sostenida en el tiempo comienzan a mostrar algunos signos de agotamiento o de baja de ritmo de las investigaciones”, advierten desde la unidad del Ministerio Público Fiscal especializada en las investigaciones de los crímenes de la última dictadura cívico militar.

Según el informe, bajó la cantidad de sentencias obtenidas en la primera mitad del año y son pocos los juicios programados para comenzar durante la segunda, dos exponentes del ritmo cansino que adquirió el proceso de persecución judicial de los delitos de lesa humanidad.

Para la Procuraduría dirigida por Jorge Amat y coordinada por Carolina Varsky, los números expuestos en el estudio que difundió ayer reflejan “barreras que ya se habían identificado en informes anteriores” cuya “persistencia y en algunos casos intensificación, resulta preocupante”.

Al final del primer semestre de 2016, se registraron 539 causas por crímenes de lesa humanidad en todo el país, en las que fueron imputadas 2436 personas. Desde los primeros juicios orales en 2006 tras la reapertura de los procesos, se dictaron 163 sentencias en las que fueron condenados 689 acusados y resultaron absueltas otras 68. Los procesados actualmente son 846.

La primera advertencia que surge de las estadísticas relativas a la actual situación judicial de los hechos sucedidos durante la última dictadura cívico militar es que durante los primeros seis meses del año solo hubo nueve sentencias. “Parece difícil que vaya a superarse incluso el total de sentencias del año anterior”, plantea la Procuraduría en el informe. En 2015 hubo 20 sentencias –12 de ellas en el primer semestre–; 21 en 2014. El pico, en una década de debates orales, se logró en 2012, con 25 sentencias, y se repitió en 2013.

“Es posible preguntarse si las megacausas brindan alguna explicación vinculada a la disminución de la cantidad de sentencias por año”, plantean desde el Ministerio Público Fiscal. Parte importante de los juicios que comenzaron durante 2014 y 2015 tratan las llamadas “megacausas”. Son juicios que resultan “más comprehensivos del plan criminal, condensan mayor cantidad de víctimas y se extienden, en promedio, tres años y medio”, plantea el informe. En ese punto, la Procuraduría propone tener en cuenta el tiempo invertido por los tribunales en la celebración de los juicios: “En los últimos años no solo se redujo la cantidad de audiencias que realizan por semana sino también la duración promedio de esas audiencias”, concluyen desde el Ministerio Público Fiscal y advierten: “la consecuencia más evidente de estas demoras es la muerte de los actores del proceso, las víctimas, los familiares y los imputados”.

Según las estadísticas elaboradas al 30 de junio pasado, de las 539 causas que existen, 248 –casi la mitad– permanecen en instrucción, mientras que solo 112 cuentan con elevación a juicio. Y aquí el otro dato que aporta al estado de alerta: solo nueve cuentan con fecha de inicio de debate. De esas nueve, una comenzará en 2017. Según el organismo, esta demora tiene relación con la disponibilidad de los tribunales orales y las dificultades para su constitución. En tanto, la Justicia evalúa las responsabilidades de 269 imputados en el marco de 16 causas que están en juicio. De ellos, 168 ocupan el banquillo de los acusados por primera vez. De los imputados en todas las causas, 1056 cumplen prisión preventiva, sea en sus casas o en cárceles comunes, mientras que 937 fueron excarcelados. “Estas cifras desmienten afirmaciones que sostienen que a los imputados se los detiene sin excepción”, indicó la Procuraduría. Hay, además, 48 prófugos. 395 fallecieron.

Por último, la Procuraduría puso de relieve que durante el primer semestre de este año se produjeron avances en las causas seguidas a funcionarios judiciales, pero no así en el juzgamiento de empresarios. La Procuraduría destacó la condena en Salta a 12 años de prisión al dueño de La Veloz del Norte, Marco Antonio Levín, pero resaltó las demoras en la causa Ford (San Martín). Uno de los tres civiles acusados, el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga, falleció. La causa de los crímenes de Minera Aguilar (Jujuy) y de la Comisión Nacional de Valores, no tienen fecha de juicio pese a que hace más de dos años que fueron confirmados los procesamientos de los imputados. Finalmente, la Procuraduría criticó el fallo de la Sala III de la Cámara de Casación Federal que absolvió a tres militares por los crímenes de la Masacre de Capilla del Rosario por descartar los testimonios de las víctimas en detrimento de las versiones de los acusados.