La Justicia jujeña realizó ayer un allanamiento en la sede central de la Tupac Amaru con el objetivo de reunir documentación en el marco de las diversas causas que investigan a la referente de esa organización y diputada del Parlasur Milagro Sala, además de otros dirigentes pertenecientes al colectivo social. La organización atribuyó la medida judicial a una “estrategia de tapar los cada vez más frecuentes conflictos internos”, la que atribuyó a “la justicia de Gerardo Morales”, el gobernador provincial.

A través de un comunicado, la Tupac Amaru denunció que los allanamientos, ordenados por el fiscal Gustavo Araya, se dieron “en el marco de los escándalos y renuncias en el Ministerio de Ambiente, las denuncias hacia el intendente radical Raúl Jorge sobre el manejo de basurales y después del importante impacto que tuvo la Marcha Federal”.

La medida se concretó en las oficinas que la organización barrial posee en el centro de la capital San Salvador de Jujuy durante el mediodía. Según fuentes judiciales, Araya contó con la asistencia del abogado Roberto Fernández y efectivos de la Brigada de Investigaciones para buscar y “secuestrar” diferentes documentaciones vinculadas a las cooperativas de vivienda que tenían relación con la organización liderada por Sala, quien permanece detenida desde enero pasado en el penal de mujeres de Alto Comedero, en las afueras de la capital.

En el comunicado, la Tupac aseguró que sus integrantes “se mostraron prestos a colaborar con los requerimientos del fiscal y dispusieron sin ningún impedimento del acceso a las oficinas durante el allanamiento. También advirtieron que “llamó la atención la llegada casi simultánea de los funcionarios judiciales con los equipos de prensa del multimedio Canal 2” a las oficinas de la organización, lo que les permitió sospechar de una estrategia oficial de “distracción” social. Interpretaron que la presencia de los medios de comunicación en el allanamiento “confirmaría la intención de mediatizar las causas contra la Tupac Amaru entre la opinión pública para distraer la atención después del grave conflicto en el Ministerio de Ambiente, con la tala de árboles en una reserva provincial de Yala, entre otros sucesos que están socavando la imagen de Gerardo Morales entre los jujeños”, apuntaron en el comunicado.

Milagro Sala fue detenida el 16 de enero último acusada de “instigación” de una protesta de cooperativistas de vivienda frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. De esa causa fue finalmente excarcelada, pero ya no recuperó su libertad. El gobierno jujeño al mando de Morales promovió varias denuncias en su contra por malos manejos de fondos públicos en las cooperativas que funcionaron relacionadas con la Tupac, entre otros delitos penales por los que supuestamente se la investiga.

Sala está imputada por fraude a la administración pública y asociación ilícita para desviar fondos destinados a la construcción de viviendas sociales en Jujuy por parte de algunas de las cooperativas que formaban parte de la Red de Organizaciones Sociales impulsada por la agrupación Tupac Amaru. La mayoría de estos expedientes fueron abiertos por denuncias del propio gobernador Morales y del fiscal de Estado del gobierno provincial, Mariano Miranda. Algunas otras fueron impulsadas a raíz de denuncias de ex compañeros de Sala imputados en algunas de esas causas, como la diputada provincial Mabel Balconte, eximida de prisión, y Jorge Páez, sobreseído por el juez provincial Pablo Pullen Llermanos.