La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, designó a Ricardo Gil Lavedra como su abogado defensor en la causa por el origen del dinero robado en su casa en noviembre, tras la renuncia del estudio jurídico que la venía asistiendo. Voceros de Michetti informaron que la renuncia del estudio de Alejandro Pérez Chada “no tuvo que ver con ningún malestar ni desacuerdo” y que “fue una formalidad”, ya que la letrada María Masanti “asumió la defensa ante la urgencia con que hubo que actuar en la causa pero no era el estudio que Michetti pretendía para el seguimiento del caso”. En cualquier caso, la modificación indica un cambio de estrategia respecto de una causa que complica a la número dos de la administración macrista e implica que la nueva defensa requerirá cierto tiempo para tomar conocimiento del caso.

Por otra parte, la AFIP presentó documentación en el expediente pero aún no trascendió en qué consiste y si es la requerida por el juzgado. Tal como reveló Páginal12, ayer vencía el plazo para que el ente recaudador entregara los datos sobre las fundaciones dirigidas por funcionarios del PRO, sospechadas de lavado de dinero y financiamiento ilegal de la política, entre las cuales se encuentra SUMA, la ONG que la Vicepresidenta mencionó al justificar la suma de dinero que le robaron, y que ella preside.

La oficina de prensa de la Vicepresidencia precisó que “ante la denuncia que recayó en el juzgado de Ariel Lijo el estudio Pérez Chada prestó colaboración para que no se demorara la presentación de Michetti en el expediente”. En un comunicado apuntaron que “su intervención sería hasta tanto la Vicepresidenta designara al abogado que efectivamente llevará adelante su defensa en este juicio. El mismo ha sido designado y se trata de Ricardo Gil Lavedra”.

El ex ministro de Justicia y ex legislador radical Gil Lavedra está actualmente trabajando como asesor en el programa Justicia 2020 que impulsa el ministro de Justicia, Germán Garavano, para reformular el sistema judicial argentino.

La abogada Masanti, del estudio que también defiende al presidente Mauricio Macri, presentó ayer la renuncia a la defensa de Michetti en el juzgado federal de Lijo, a cargo de la causa abierta e impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán a partir de la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero, y los diputados Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, por el origen del dinero robado en el domicilio de la funcionaria y para investigar a la Fundación SUMA, de la vicepresidenta.

El robo ocurrió en noviembre, cuando le sustrajeron 245 mil pesos y 50 mil dólares de su casa, y por el hecho fue procesado y enviado a juicio su custodio, David Cruzado.

Michetti afirmó que, de lo robado, 200 mil pesos que estaban en una bolsa de cartón provenían de donaciones a la Fundación, que 45 mil eran para el pago de refacciones en su vivienda y que los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja, Juan Tonelli Banfi, para pagar una maestría de su hijo. Tonelli, sin embargo, dijo que los 200 mil pesos los había llevado él para donar, no que eran donaciones.

La mención de la fundación SUMA en la explicación que Michetti dio sobre el robo puso bajo la lupa a todo un entramado de ONG vinculadas al gobierno. La Inspección General de Justicia (IGJ) informó que en la causa por la sustracción del dinero a la funcionaria, ni SUMA ni Fundar Justicia y Seguridad, ni Formar presentaron sus respectivos balances.