Los fiscales federales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita reiteraron su pedido para que se cite a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y al ya detenido Lázaro Báez, por fraude al Estado en la adjudicación de obras públicas. El juez federal Julián Ercolini haría lugar en los próximos días al pedido. Los fiscales insistieron en que la adjudicación de obra pública a Lázaro Báez fue una “maniobra previa” al lavado de dinero que, supuestamente, ocurrió luego con los alquileres en hoteles de los Kirchner, que se investiga en la llamada causa Hotesur. En la defensa de la ex presidenta señalan que el ejercicio de deducción de los fiscales supone la existencia de una coima del 0,2 por ciento de lo adjudicado, algo que no cierra por ningún lado según el propio discurso de los acusadores, que siempre dijeron que el kirchnerismo cobraba coimas de 15 por ciento. Los mismos fiscales sostienen que la maniobra empezó en 2003, pero se contradicen porque no hubo alquileres hasta cinco años después, en 2008. El principal problema es que no pudieron encontrar una cuenta en el exterior de CFK, fondos ocultos o no declarados, ni propiedades que no estuvieran registradas, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con Báez y con José López.