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La jueza María Romilda Servini de Cubría procesará esta semana al otrora prófugo Ibar Esteban Pérez Corradi. La magistrada dará por probada su participación en el tráfico de efedrina ya que Pérez Corradi admitió haber armado una red que compraba el precursor, aunque fue esquivo a la hora de declarar sobre los compradores: mencionó a una serie de mexicanos que nadie sabe si existen. En paralelo, el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, deberá concurrir a prestar una demorada indagatoria, supuestamente por no haber acelerado la captura de Pérez Corradi en los últimos meses de 2015. Sin embargo, una cuidadosa lectura del expediente demuestra que el proveedor de narcos se ofreció a entregarse al gobierno de Mauricio Macri seis meses antes de su detención y que en esa mitad de año funcionarios de Inteligencia y del Ministerio de Seguridad viajaron a Paraguay a negociar con él los términos de su pactada confesión.

Está claro que arreglaron con Pérez Corradi que le iba a echar la culpa a Aníbal Fernández por el triple crimen de General Rodríguez, pero parece que también en esas excursiones se acordó involucrar a Ernesto Sanz en el cobro de una coima de 200.000 dólares para desplazar al juez Federico Faggionato Márquez. Lo llamativo es que no se procesa a los funcionarios del actual gobierno por encubrimiento sino a Parrilli, argumentando que demoró 20 días el informe sobre un Facebook vinculado a Pérez Corradi. Ese posteo –descubierto en noviembre de 2015 por la administración kirchnerista– fue el que permitió ubicar a Pérez Corradi en Foz de Iguazú, aunque todo se encaminó a una larga negociación entre el ministerio a cargo de Patricia Bullrich y el prófugo, en la que quedó claro que el narco terminó entregándose voluntariamente.

En los tres meses transcurridos desde que lo trajeron a la Argentina, Pérez Corradi aportó poco y nada de nuevo al expediente que instruye Servini. Como se recordará, aterrizó en Aeroparque en medio de un increíble operativo con decenas de efectivos, chalecos, cascos, un doble, drones y perros. Desde entonces hasta esta semana, Pérez Corradi contó que armó una estructura de droguerías con las que trajo la efedrina al país y luego se la vendió a cárteles mexicanos. Dio nombres, pero todavía no se sabe si son verdaderos o no. Como confesó su participación en el tráfico del precursor, Servini dictará su procesamiento esta semana. Sin embargo, la magistrada aún no resolverá el vínculo de Pérez Corradi con el triple crimen de General Rodríguez. En el juicio oral que se hizo en su momento, los tres jueces del tribunal concluyeron que Pérez Corradi mandó a matar a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina porque le competían en el negocio de la efedrina. “Había que desplazar de modo absoluto y definitivo a quienes se perfilaban como competidores en el negocio ilegal de la efedrina”, dice el fallo. Forza le debía dinero a Pérez Corradi y hubo una entrega del precursor estirado con sal. Como mano de obra del asesinato –siempre según el fallo– Pérez Corradi contrató a los hermanos Lanatta y a los hermanos Schillaci. Martín Lanatta, otra estrella televisiva del macrismo, era socio de Pérez Corradi en el tráfico de la efedrina.

El procesamiento de Pérez Corradi será con prisión preventiva, sobre todo teniendo en cuenta que estuvo cuatro años prófugo. En la semana que pasó debía declarar el ex titular de la AFI, Parrilli, pero lo más probable es que sea convocado por el juez Ariel Lijo entre el 17 y el 21 de octubre. La imputación es por encubrimiento, a raíz de una supuesta demora de la entrega de un informe sobre un Facebook de la nueva pareja de Pérez Corradi.

Según se percibe en el expediente, a principios de agosto de 2015 el fiscal Juan Ignacio Bidone, de General Rodríguez, recibió un informe de la Gendarmería según el cual un informante contó que instaló cámaras en un barrio cerrado de Ciudad del Este, en Paraguay y que le tocó hacer una instalación en la casa de una persona que podría ser Pérez Corradi. Recién tres semanas después, el fiscal –ya junto con el fiscal federal Franco Picardi– pidieron asistencia a la ex SIDE. A mediados de noviembre –según el expediente–, los agentes de la AFI informaron que Pérez Corradi no estaba en Ciudad del Este pero que detectaron una cuenta de Facebook que podría estar relacionada con la nueva pareja del narco. Como se sabe, 20 días después, Parrilli y todo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dejaron sus puestos y asumió la administración de Mauricio Macri. La imputación contra Parrilli es por una supuesta demora en informar del Facebook que podría permitir la ubicación de Pérez Corradi.

Sin embargo, lo que más llama la atención en la causa es que hay una carta de los abogados del prófugo, Carlos Broitman y Juan José Ribelli, poniendo a Pérez Corradi a disposición. La carta dirigida a Patricia Bullrich tiene fecha 13 de enero de 2015. Más curioso todavía es que hay una respuesta firmada por Pablo Noceti, jefe de gabinete de Bullrich, en que ni siquiera le dicen a Pérez Corradi que debe entregarse de inmediato, sino que “esta Cartera pone a disposición los recursos materiales y personales para facilitar al señor Pérez Corradi hacer efectiva su decisión de estar a derecho”. Los términos cordiales del ministerio de Seguridad ponen en evidencia que se buscaba crear un clima de convivencia con Pérez Corradi para que este venga a declarar contra el anterior gobierno.

En el expediente por encubrimiento contra Parrilli se percibe que hubo una larga negociación entre el gobierno y Pérez Corradi, con varios viajes a Paraguay de por medio. Las tratativas empezaron el 13 de enero y culminaron el 19 de junio, o sea que duraron seis meses. Queda claro que no encontraron al prófugo sino que se entregó, o sea que se fue de Foz de Iguazú, donde estaba viviendo, para entregarse a la policía paraguaya e iniciar el regreso a la Argentina.

A principios de febrero hubo un episodio impactante. Hombres de la AFI y de la Policía Bonaerense irrumpieron en la vivienda de la ex esposa de Pérez Corradi, destrozando buena parte de los bienes de la mujer y matando un perro. La movida se produjo sin autorización de Servini de Cubría, quien convocó a una reunión a Silvia Majdalani –número 2 de la AFI– para reprocharle el procedimiento. Todo indica que fue un apriete para forzar la negociación con Pérez Corradi.

Finalmente el prófugo después cumplió con lo que le pedían, involucró a Aníbal Fernández, pero no pudo aportar ninguna evidencia. Dijo que se lo dijo Forza, asesinado en General Rodríguez, o sea que recurrió a un testigo muerto. Para colmo después terminó acusando al referente de Cambiemos, el radical Ernesto Sanz, en el cobro de una coima de 200.000 dólares pagada por el rey de la efedrina, Mario Segovia. Tampoco Pérez Corradi aportó ninguna prueba sobre esa acusación.

Hoy por hoy, Pérez Corradi es un arrepentido que no dió frutos. Por eso le bajaron tanto el perfil. En silencio, quedará procesado está semana y tendrá que batallar para escaparle a la acusación más grave: la de ser el autor intelectual de tres homicidios.

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