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“Todo se hizo dentro de la legalidad”, dijo Jorge Olivera Rovere al ser interrogado ayer. El militar fue arrestado el 20 de marzo, luego de que el juez Rodolfo Canicoba Corral declarara la inconstitucionalidad de los indultos. El represor tuvo que responder por su responsabilidad en 180 desapariciones ocurridas durante la última dictadura militar, en la que tuvo a cargo todos los centros clandestinos de la Capital Federal.
Olivera Rovere, de 79 años, estaba acusado por cinco casos de secuestros cuando en 1989 fue beneficiado por el indulto menemista. Después de que Canicoba Corral anuló el perdón, el represor quedó detenido y ayer fue indagado por 180 hechos por los que nunca había sido acusado formalmente. Como respuesta, el represor argumentó que “todas las personas que estaban detenidas bajo su órbita pasaron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”. Esa afirmación fue ampliamente desmentida por centenares de denuncias y refutada en causas judiciales, entre ellas, en el Juicio a las Juntas.
Entre marzo y diciembre de 1976, Olivera Rovere estuvo a cargo de la subzona Capital del Primer Cuerpo del Ejército y por lo tanto controló el funcionamiento de todos los centros clandestinos de detención que se montaron en la ciudad como el Club Atlético, Garage Azopardo, Automotores Orletti y El Olimpo. Ayer, el represor se comportó como si esos sitios no hubiesen existido. “El personal a mi cargo trabajaba en forma legal y uniformado”, señaló. También dijo que “nunca” recibió órdenes de realizar detenciones ilegales por parte de su superior, el general Carlos Guillermo Suárez Mason.
El 20 de marzo pasado fue la cuarta vez que Olivera Rovere fue arrestado en los últimos cuatro años. En las tres oportunidades anteriores logró recobrar su libertad en poco tiempo. En abril de 2000 fue detenido por el entonces juez Adolfo Bagnasco, que investigaba el plan sistemático para apropiarse de los hijos de los desaparecidos. Dos años después, Claudio Bonadío lo arrestó por la desaparición de veinte personas en 1980, en el marco de la Operación de Contraofensiva de la organización Montoneros. El año pasado volvió a quedar preso por orden del juez español Baltasar Garzón.
Esta vez, el arresto de Olivera Rovere no parece destinado a durar sólo unos pocos días. Ayer, antes de volver a su domicilio donde cumple con su detención domiciliaria, el represor pidió fotocopiar algunos legajos de su acusación para estudiarlos.
La inconstitucionalidad de los indultos a los represores que violaron los derechos humanos en la jurisdicción del Primer Cuerpo alcanzó, además de a Olivera Rovere, a Carlos Guillermo Suárez Mason y Juan Bautista Sasiaiñ, quienes ya estaban presos en otras causas y serán indagados en los próximos días. El perdón presidencial también había alcanzado en este expediente a José Montes, Adolfo Sigwald y Andrés Ferrero, que están fallecidos. En esta causa, reabierta después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, ya hay 24 represores detenidos y en las próximas semanas se ordenarían nuevos arrestos.