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En una reunión de tono cordial, en la que además de los temas de fondo también abundaron las anécdotas, los obispos católicos de la provincia de Buenos Aires le dijeron a Felipe Solá lo que, de alguna manera, el gobernador quería y necesitaba oír de la jerarquía eclesiástica. Aprovecharon la ocasión para dar a conocer sus diagnósticos y sus reclamos, pero se apartaron de la afirmación simplista que pretende resolver el problema de la inseguridad con “mano dura”. Solá sabía de antemano –porque mantiene un diálogo fluido con algunos de los obispos de la provincia– que la jerarquía eclesiástica podría aprovechar la ocasión de la consulta que fue motivada en la inseguridad para plantear cuestiones “de fondo” y expresar la necesidad de “erradicar las causas de los problemas”. Para los obispos la principal razón de la inseguridad está vinculada con la pobreza, con una educación que no responde a las necesidades del momento y con la falta de políticas de Estado, no sólo en cuanto a justicia y seguridad, sino respecto de otros aspectos de la gestión de gobierno. El gobernador bonaerense también escuchó de varios de los obispos la necesidad de que la provincia más grande del país y el Estado nacional encaren acciones conjuntas y coordinadas, dejando de lado eventuales diferencias. Y como corolario a sus planteos, los miembros de la jerarquía católica volvieron a insistir en el diálogo como método, en la necesidad del encuentro y la concertación, reivindicando la experiencia del “diálogo argentino” que, con poco éxito, impulsaron en los tiempos en que el país se incendiaba después del estallido del 2001. Aunque el gobernador Solá cargó su mochila con muchos reclamos episcopales, es muy posible que en su balance esté considerando que el saldo es positivo. A la luz de las declaraciones posteriores de los obispos que participaron del encuentro, los consejos de Semana Santa antes que ponerle dificultades al gobernador le sirven como aliciente moral para lo que necesita encarar. Lo anterior no quiere decir, sin embargo, que la jerarquía eclesiástica no coincida con que la reforma de la policía debe ir a fondo (aunque en público siempre dirán que “nosotros no damos soluciones técnicas, porque no nos corresponde”) y que se debe trabajar en profundidad en reformas estructurales. Lo que sí dejaron claro es que la Iglesia –o por lo menos la mayoría de los obispos que estuvieron reunidos con el gobernador– no se suma a los argumentos de los que sostienen la política de “mano dura”. Y que cuando se habla de corrupción es necesario mirar tanto arriba como abajo, porque se trata de un mal que atraviesa a toda la sociedad.