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Preocupado por obtener “apoyo moral” para fortalecer su gestión, el gobernador Felipe Solá se reunió ayer con un grupo de obispos de la Iglesia Católica –todos de la provincia de Buenos Aires– para analizar el problema de la inseguridad y el clima social instalado desde la marcha por Axel Blumberg. A contramano de lo que sucede en el Congreso –donde hoy se aprobará el endurecimiento de las penas–, los obispos destacaron que la solución a la ola delictiva no pasa por aumentar el castigo sino en actuar contra “las causas profundas”. “Las soluciones no están en el endurecimiento de las penas, sino en educar a la gente y en que siempre las sanciones deben apuntar a la rehabilitación”, subrayó tras la reunión con Solá el obispo de Avellaneda-Lanús, Rubén Frassia.
La reunión se realizó en el Salón Francés de la residencia del gobernador, en La Plata. Solá estuvo acompañado por sus ministros de Justicia, Edgardo Di Rocco, de Educación, Mario Oporto; el jefe de Gabinete, Florencio Randazzo, y la vicegobernadora a cargo interinamente de Seguridad, Graciela Giannettasio. En representación de la Iglesia estuvieron 18 de los 19 obispos de la provincia de Buenos Aires: el único que faltó fue Justo Laguna, de Morón.
Tras un introducción de Solá, quien reconoció que la marcha por Blumberg produjo “un antes y un después” en la escena política, los religiosos comenzaron a plantear sus argumentos. No hubo opiniones discordantes, porque habían acordado qué decir en una reunión previa: en general, se manejaron con prudencia y evitaron sumarse al discurso de mano dura que parece volver en los discursos de los legisladores justicialistas. “El endurecimiento de las penas no es solución. Hay que erradicar las causas de los problemas. No alcanza con un plan de coyuntura, hay que ir a fondo”, remarcaron los representantes de la Iglesia.
En la reunión participaron Héctor Aguer (La Plata), Guillermo Garlatti (Bahía Blanca) y Héctor Di Monte (Mercedes-Luján) –los tres arzobispos de la provincia de Buenos Aires– junto al resto de los obispos del territorio bonaerense. La única excepción fue Laguna. Aparte de Frassia, estaban Jorge Casaretto (San Isidro), Emilio Bianchi Di Cárcano (Azul), Carlos Malfa (Chascomús), Agustín Radrizzani (Lomas de Zamora), Juan Alberto Puíggari (Mar del Plata) y Fernando María Bargalló (Merlo-Moreno), entre otros.
Fue Casaretto quien transmitió una de las principales preocupaciones de los obispos. Le dijo a Solá que “no era bueno que la provincia, la Nación y la Ciudad de Buenos Aires mostraran diferencias” en la lucha contra la inseguridad. Los religiosos se referían a los tironeos entre el gobernador, el gobierno nacional y el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, en relación al lanzamiento de una nueva fuerza policial para el área metropolitana. Un rato antes, el obispo Radrizzani había cuestionado “las luchas internas permanentes” y la intención de “ganar espacios políticos a cualquier costa”.
Uno de los temas que genera diferencias entre Solá y Kirchner es la profundidad que debería adquirir una eventual reforma de la Policía Bonaerense. Sobre ese tema, los obispos le plantearon que debería “ir más a fondo” con sus medidas. Eso pareció un guiño de la Iglesia para la política que desea Kirchner, aunque los prelados también pidieron que se “salve” a la “institución” (por la Bonaerense). “La institución tiene que ser salvada porque es importante, más allá de que en su seno existan personas malas o deshonestas en distintos rubros”, opinó Frassia.
Justamente, la Bonaerense fue uno de los temas que más concentró la atención de los obispos. Luis Stokler (Quilmes), José Mollaghan (San Miguel) y Aguer plantearon alternativas para mejorar su relación con la comunidad. El primero propuso crear “unidades más pequeñas” que permitieran un mayor “control social” en el Gran Buenos Aires. Mollaghan habló de que era necesaria una “nueva formación policial”. Y Aguer –a quien sus pares definen como un “conservador”– sorprendió reconociendo la “fragilidad del Estado” y que era necesario realizar “cambios en la policía”.
Pero además de hablar de la Bonaerense, los obispos contaron las dificultades que se viven en sus diócesis. El obispo de Moreno, Bargalló, relató los obstáculos que tiene la Justicia en ese municipio, que parece haberse convertido en una “zona liberada” para los secuestros. “No tiene sentido aumentar las penas, el problema es que la Justicia penal llega tarde a los hechos”, expuso. Explicó que en Moreno muchos procedimientos se atrasan por cuestiones burocráticas, porque toda orden de fiscal o juez debe llegar desde Mercedes, cabecera del Departamento Judicial.
Solá también escuchó algunas críticas a sus últimas decisiones, como el nombramiento del ya renunciado Raúl Rivara al frente de la cartera de Seguridad. El obispo de Avellaneda, Frassia, dijo que para fortalecer las instituciones “hay que poner a cargo a personas idóneas”. Otro cuestionamiento, planteado con la diplomacia propia de un prelado, lo hizo Casare-
tto al recordar las diferencias entre el gobierno nacional y el bonaerense en muchos casos policiales. Concretamente, Casaretto recordó el descubrimiento del cuerpo de Marela, la niña que había sido violada y asesinada en Avellaneda. Tras aquel hallazgo, Solá había culpado al ministro de Justicia, Gustavo Beliz, de “azuzar a las víctimas” en su contra. Finalmente, los obispos aprovecharon la ocasión para volver a pedir por la reforma política, un reclamo que vienen impulsando desde los tiempos del Diálogo Argentino.