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Por A.D.
Desde Santiago del Estero

Ese estado de asamblea permanente que terminó desbarrancando al régimen de los Juárez se trasladó a la Casa de Gobierno. La política de puertas abiertas de los interventores genera un maremagnum de reclamos, debates y discusiones en escaleras, oficinas y en esos pasillos donde poco a poco van desapareciendo los viejos fantasmas. Ayer a la mañana más de 150 personas esperaban al nuevo interventor. Estaban todos: los obreros de la construcción corridos por los pobres que se abalanzaron sobre los barrios sin terminar, los pobres ocupantes y hasta quienes se presentan ahora como Familiares de los Detenidos de La Dársena, el crimen que disparó la primera crisis orgánica del régimen. Pablo Lanusse pilotea la nave con su tripulación: los ministros van desarmando los congestionamientos deteniéndose frente a la gente. En rueda de prensa reconocieron un plazo de 60 días para normalizar la crisis judicial antes de comenzar, a partir de entonces, con un aún temido proceso eleccionario.
Perseguido literalmente por los medios de prensa locales, el nuevo ministro del Interior ayer se detuvo algunos minutos frente las cámaras. Luis Ilarregui no pudo evitar lo que siguió: una catarata de preguntas sobre la runfla política que corre por Santiago. ¿Quiénes entran a la Casa de Gobierno? ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué trenza arma la intervención? ¿A quién apoya? ¿A quién condena? ¿A quién redime? Ilarregui respondió. Por primera vez funcionó como portavoz de la línea política del nuevo gobierno. Dijo que “recibirá a todos los intendentes”, incluso a los señalados. Y aseguró que lo que impulsan en Santiago del Estero es “un proceso electoral lo más democrático posible”. Inmediatamente se dedicó al resto: “No somos padrinos de nadie, no avalamos candidaturas de nadie”.
Ilarregui es uno de los hombres que llegó a Santiago desde el Ministerio del Interior. Segundo de Aníbal Fernández en el ministerio, su carrera política incluye su paso como intendente durante dos períodos de uno de los municipios bonaerenses. Tiene cintura política y sabe que el interior de la provincia es una de las herencias donde el juarismo conserva caudillos. Los intendentes aún mueven ese aparato político. En Santiago existen sectores que le piden a la intervención una limpieza completa que incluya a los jefes comunales. Pablo Lanusse hasta ahora fue cauteloso: “Es una facultad del interventor”, había dicho el sábado pasado. Ilarregui se metió en ese asunto: “Yo vengo de la provincia de Buenos Aires –dijo—, no me puedo sorprender por Santiago”. Una provincia donde el gobierno, dijo, “era una referencia además para la oposición”.
En ese escenario, de líderes agonizantes, nuevas alianzas y un gobierno que apuesta por un proyecto de cambio, apareció la inquietud sobre los plazos. En sus palabras, la intervención se tomará 60 días para normalizar la Justicia y de allí en adelante abrirán el espacio para la normalización democrática. Los 180 días previstos por la ley de intervención podrían extenderse a 210, según aclaró. “Muchos pueden pensar que comenzó una carrera electoral –dijo–, pero comenzó una carrera democrática.”
Luis Salim, intendente de la localidad de Frías, ayer le adelantaba a Página/12 el programa del sector que rompió con el juarismo en los últimos dos meses: “Queremos pedir la intervención del partido”. El dato no es nada menor para los peronistas de la post-intervención: Carlos Juárez, el mismo que ayer declaraba por las imputaciones de crímenes de lesa humanidad en el juzgado federal, todavía es el presidente del PJ de Santiago. El año pasado obtuvo la renovación del mandato, un cargo que técnicamente debería extenderse durante los próximos tres años. “Son 50 años de historia –decía Salim en los pasillos de Gobierno–: sin la intervención, Juárez dentro del PJ sigue manejando el aparato.”