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La interventora del PAMI, Graciela Ocaña, presentó el proyecto para la normalizar la obra social de los jubilados, lo que ocurrirá en un plazo de 120 días una vez aprobada la ley. La iniciativa fue entregada por Ocaña al presidente Néstor Kirchner, quien la enviará al Congreso. Además de llamar a elecciones para designar al nuevo directorio, propone modificar el modelo de prestaciones y hacer una reestructuración del personal.
Uno de los principales cambios propuestos es que el Gobierno tenga mayoría propia en el directorio del Instituto. El organismo de conducción será más chico (de los antiguos once integrantes pasará a tener ocho) y los jubilados tendrán en él menor representación, ya que en lugar de siete directores elegirán sólo dos, mediante el voto directo y secreto. Los trabajadores contarán con dos directores (nominados por las dos CGT y la CTA), mientras que el Estado nombrará cuatro.
“Decidimos tener un directorio más chico para hacerlo más ejecutivo. Y con mayoría del Estado porque si bien el PAMI se financia con fondos aportados por los trabajadores, el Estado tiene una responsabilidad importante en su administración y, en definitiva, cuando el PAMI tiene problemas siempre es el Estado el que sale a garantizar las prestaciones. Es su obligación hacerlo y por ese mismo motivo no puede desligarse de su gobierno”, dijo Ocaña a Página/12.
La obra social seguirá teniendo las mismas fuentes de financiamiento que en la actualidad, pero con un tope para los gastos administrativos y de funcionamiento, que no podrán exceder el 8 por ciento de sus recursos. El directorio deberá realizar, en un plazo de 180 días, un censo de los trabajadores para llevar adelante la reestructuración del personal.
Ocaña dijo que su proyecto apunta a eliminar, además, alrededor de 540 millones de pesos de gastos improductivos, que en la actualidad se están llevando las empresas intermediarias. La obra social gasta por año 2700 millones de pesos en prestaciones médicas y el 20 por ciento de ese total son comisiones que estos grupos cobran por supuestas tareas de administración.
Allí está el nudo de los negociados dentro del PAMI. “La corrupción más grande que encontré tiene que ver con el modelo de las contrataciones, que implicaba una intermediación parasitaria creada al solo efecto de quedarse con parte del dinero que debería ir a los médicos y hospitales”, señaló ayer la interventora.
Su propuesta es que el PAMI tome nuevamente en sus manos el gerenciamiento de los contratos, “en base a sus propios intereses, firmando convenios con redes de salud o directamente con los prestadores, pero eliminando esa intermediación que no presta ningún servicio a los jubilados”.
El nuevo modelo descentralizará las prestaciones con la creación de Unidades de Gestión Local (UGL), centros encargados de ejecutar los programas del Instituto. Los titulares de cada UGL serán designados por el directorio, mediante un concurso abierto y público de oposición y antecedentes.
Para fiscalizar la actividad del PAMI se creará una Sindicatura General, a cargo de un funcionario designado por el Poder Ejecutivo, que controlará todas las operaciones administrativas, contables, financieras, patrimoniales y técnicas de la entidad.
Ocaña asumió como interventora en la obra social hace tres meses, con el compromiso de permanecer en su cargo durante esta transición, aunque podría continuar al frente del PAMI luego de la normalización. Ayer, durante la reunión en la Casa Rosada, Kirchner le dijo que siguiera trabajando en la línea de modificar las condiciones que facilitan la corrupción “con políticas de Estado”.
La propuesta de normalización de la interventora fue consensuada con el Poder Ejecutivo, por lo que en la obra social consideran que será aprobadapor el Congreso sin modificaciones de fondo. El proyecto de ley sería enviado al Parlamento este mes. Una vez aprobado, la normalización deberá concretarse en el término de cuatro meses.