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15.37. Carlos Juárez, camisa y esposas en las manos. En una camioneta azul de la Policía Federal de Santiago, a esa hora cruzaba el cerco de policías en la entrada del Juzgado federal. Durante un instante mostró su gélida sonrisa de dientes blancos. Cuarenta grados de sensación térmica. La calle vacía, protegida por un cordón policial que a lo largo del día concentró 100 efectivos en distintos puntos de la ciudad. Sus fuerzas apenas se movilizaron. Fueron planchados por los calores de la siesta o por los efectos de los últimos despidos ordenados por la intervención federal entre los dirigentes del partido. El calvario judicial del caudillo empezó con una sesión abreviada pero mortal: 50 minutos de audiencia con una acusación de desaparición forzada de personas y privación ilegítima de la libertad en grado de partícipe en el caso del ex concejal Emilio Abdala. Ayer, se abstuvo de declarar. El juzgado analiza el procesamiento. Y hoy la fiscalía intentará acelerarlo: presentará una imputación por 24 detenciones ilegales y su responsabilidad en cuatro desapariciones.
Juárez se encontró con un escenario delicado. El juez Angel de Jesús Toledo tiene en su despacho la megacausa con las denuncias por los desaparecidos y detenidos políticos impulsada el año pasado por la Nación a través de la Secretaría de Derechos Humanos. La causa contemplaba inicialmente el período de la última dictadura militar pero fue ampliada más tarde hasta la última gestión de Juárez antes del golpe: 1973-1976. Entre el cúmulo de denuncias está el caso del ex concejal Emilio Abdala, desaparecido el 3 de diciembre de 1975. El juzgado federal optó por esa causa para impulsar el resto. De acuerdo con el criterio que siguen, el caso Abdala es el único que probatoriamente estaría cerrado. “Esto recién empieza”, le dijo a este diario una fuente del juzgado. “En este momento se están construyendo las pruebas para establecer los elementos que sostengan una acusación por crímenes de lesa humanidad.”
Durante la audiencia, Juárez escuchó la acusación formal y los cargos pero prefirió no declarar y adelantó que sus abogados pedirán una nueva audiencia. El pedido de la ampliación de indagatoria aún no fue presentado, pero deberá ingresar al juzgado antes de 10 días, el plazo que tiene la Justicia para dictarle el procesamiento o liberarlo. De acuerdo con los datos recogidos por este diario, Toledo le daría espacio a la ampliación antes de pronunciarse. Aun así, el juzgado ya se encaminaría al procesamiento con el encadenamiento de las causas de mayor voltaje político: desaparición forzosa de personas y privación ilegítima de la libertad antes del golpe, violación de las leyes de inteligencia por las denuncias de espionaje político, una acusación impulsada por la fiscalía federal que no sólo apunta contra Carlos Juárez sino contra Nina, su socia política.
Para frenar la embestida que podría dejarlos de por vida con la prisión domiciliaria, los abogados defensores del matrimonio desarchivaron un viejo expediente en el que la Justicia ordinaria de Santiago del Estero trabajó sobre el mismo caso Abdala. Aquella vez, el imputado no era Juárez sino su ministro de Gobierno Robin Zaiek. Después de idas y vueltas, la causa cerró con el dictado de la “falta de mérito” para Zaiek, el antecedente jurídico que pretende interponer la defensa.
Esa suerte de vía de escape provocó ayer un gran revuelo en los Tribunales. La fiscalía que viene empujando las últimas acusaciones está convencida de que en este contexto Juárez puede quedar en libertad a mediano plazo. Las razones son dos: el antecedente de “cosa juzgada” por el caso Zaiek y los cargos de la imputación por el caso Abdala. Por ese motivo, ahora presentarán por séptima vez el pedido de imputación contraJuárez. Pretenden instalarlo en el centro de las maniobras de desaparición y detención ilegal de personas de los años previos al golpe. Para el fiscal Alberto Pravia, Juárez sería responsable de los delitos de lesa humanidad como “jefe de asociación ilícita y autor ideológico de los delitos de apremios ilegales y tortura, incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Según una de las fuentes, la acusación pretende romper además con la dinámica del “caso por caso” establecida por el juzgado: “Como en el Juicio a las Juntas, nosotros estamos tomando todos los testimonios, reunimos las pruebas y los casos para establecer mecanismos, intervenciones y responsabilidades”.
En esa suerte de Juicio a la Junta Militar pendiente estarán varios. Entre ellos el ex comisario Musa Azar y el mayor retirado Jorge D’Amico, el jefe de la Secretaría de Seguridad del juarismo hasta comienzos del año pasado. Y, tal vez, Mercedes “Nina” Aragonés de Juárez. Pero hoy, sin embargo, no dará cuenta de ninguno de estos puntos. Aparentemente a las cuatro de la tarde, Nina ingresará al Juzgado Federal para una de las dos indagatorias pendientes: la causa Anses en la que está acusada por una defraudación al fisco de más de medio millón de pesos. La fiscalía tiene preparado su cuestionario con la intención de encontrar elementos de pruebas sobre el resto de las causas pendientes, incluida la violación a los derechos humanos. Tal vez, Pravia no tenga espacio ni siquiera para empezar a leerlo. Tal como sucedió ayer. El fiscal entró al despacho de audiencias, se sentó frente a Carlos Juárez y tuvo que guardarse para más adelante un cuestionario de 130 preguntas.