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Aunque Carlos Menem asegure que la causa de las armas “hoy está archivada”, como hizo anteayer ante el diario El País de Madrid, lo cierto es que el sobreseimiento con el que en su momento lo benefició el juez en lo penal económico Julio Speroni está siendo analizado por la Sala B del fuero penal económico. La respuesta de este tribunal de alzada lejos de garantizarle días tranquilos puede reactivar un expediente en el que, como pocos, está complicado Menem y el que supo ser su entorno más directo.
La decisión de Speroni de sobreseer a Menem en la investigación por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia también alcanzó a Domingo Cavallo y Carlos Sánchez. El último 17 de marzo, la fiscal Alicia Sustaita, el fiscal de Cámara Ramiro Rodríguez Bosch y la Aduana apelaron la medida. Cada uno lo hizo con distintos argumentos. Rodríguez Bosch pidió la nulidad de lo actuado por Speroni.
El tribunal de apelación integrado por los camaristas Marcos Grabiker, Carlos Pizzatelli y Horacio Hornos todavía no se expidió. Los tiempos procesales tienen una lógica pocas veces comprensible para el sentido común. Tan incomprensible como algunas decisiones.
“El plan era ordenar mi detención después de declarar”, dijo Menem en un reportaje a El País. Cuando se le preguntó cómo lo sabía, dijo que se trataba de información extrajudicial. De esta manera, el riojano dejaba en claro que en tribunales las paredes hablan. Tanto hablan que desde hace varias semanas se repetía hasta el cansancio que la Cámara en lo Penal Económico rechazaría lo actuado por Speroni y Menem volvería a estar en problemas. A tal punto llegó el rumor que el abogado del prófugo Diego Palleros, intermediario en la venta ilegal, presentó un escrito por prevaricato contra el tribunal y todo está como era entonces. Es decir sin definición.
La principal preocupación del abogado de Palleros, Isaac Wieder, era que la Cámara volviera a instalar la figura de la asociación ilícita. Algo que complicaría en extremo a su cliente. Por cierto que esto también preocuparía a Menem. Cuando en su momento la Corte Suprema desestimó la utilización de esta figura por parte del juez federal Jorge Urso dijo que era por la falta de pruebas para sostenerla. En su apelación, el fiscal Rodríguez Bosch pidió que la causa por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero fuera anexada a la de la venta ilegal de armas. Tal como lo demostraron las últimas pericias, consideró que se trató de un hecho intencional. Y sostuvo que fue para encubrir la maniobra. De esta manera, no sólo sobrarían móviles para la explosión sino que también quedaría en claro qué profunda es la cadena de encubrimientos.