[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por E. T.

Los senadores pueden seguir cosechando elogios de Juan Carlos Blumberg. En una sesión express, convirtieron en ley un proyecto que regula la venta de telefonía celular. La iniciativa formaba parte de los puntos que el padre de Axel entregó a los titulares de ambas cámaras del Congreso.
Tras dos breves intervenciones, los cincuenta y un senadores presentes dieron su respaldo unánime al proyecto que pretende impedir que la telefonía celular puede ser utilizada en hechos delictivos. El punto central de la norma contempla penas de uno a seis años de prisión para quienes alteren equipos telefónicos, números de líneas o tarjetas telefónicas con fines de lucro o como medio para perpretar otro delito.
De esta manera, la votación de ayer puso fin al recorrido de la iniciativa. En la mayor parte del debate que la norma tuvo en las comisiones de ambas cámaras, los legisladores se enredaron en aspectos que lindaron con cuestiones tecnológicas. Aspectos que bien podrían haber sido resueltos con las resoluciones reglamentarias de la Comisión Nacional de Comunicaciones, órgano encargado de la regulación del servicio de telefonía celular. Pero la presión mediática y la sobreactuación de los parlamentarios produjo, entre otras cosas, una larga y por momentos ininteligible discusión acerca de la tecnología de los teléfonos celulares, facultades de las empresas y otras cuestiones por el estilo.
Luego del asesinato de Axel y de la cruzada iniciada por su padre, la primera versión de este proyecto comenzó a discutirse de manera plenaria por las comisiones de Comunicación y de Asuntos Penales de la Cámara alta. Posteriormente la aprobó la Cámara de Diputados que le introdujo muchas modificaciones. Hoy, después de que el Senado aceptara algunas de las modificaciones incorporadas por Diputados, la iniciativa se hizo ley.
La nueva norma dispone que el servicio de telefonía celular (que actualmente cuenta con 8 millones de abonados) será brindado “únicamente a través de las empresas legalmente autorizadas” y se prohíbe la “actividad de revendedores”. Las empresas deberán “registrar y sistematizar los datos personales y filiatorios” de “los adquirentes” y los usuarios. A diario deberán informar y entrecruzar “los listados de terminales robadas, hurtadas o extraviadas”. También se prohíbe “la reactivación de equipos terminales” que fueran reportados como robados, hurtados o extraviados “sin expresa autorización de los propietarios”. Entre los aspectos novedosos de la ley figura la creación del Registro Público Nacional de Usuarios y Clientes del Servicio de Comunicaciones Móviles, en el que figuran los datos filiatorios de usuarios y clientes así como la “constancia de las condenas firmes dictadas en su contra por delitos dolosos”, en caso de que existan.