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La destrucción de la economía, las instituciones y la sociedad reproduce focos de incendio aquí y allá. Algunos tienen que ver en forma directa o indirecta con las penurias sociales de un país con niveles de desempleo y subempleo insoportables. Otros con el vacío creado por la corrupción de instituciones cuya ausencia hace reinar el desamparo y la indefensión. Tampoco faltan agentes políticos que los encienden con propósitos que conviene discernir caso por caso. La cuestión consiste en determinar si esos focos aislados se irán extinguiendo por falta de oxígeno y quedará un campo despejado para avanzar en la reconstrucción de todo lo que estragó en el último cuarto de siglo o, por el contrario, crecerán en intensidad, se expandirán y terminarán por devorar lo que queda de la vieja integración social. Los interesados en que ello suceda son visibles y definidos, aunque no es obvio que sean más eficaces y vayan a conseguir su propósito, mientras aquellos que procuran sofocar los fuegos y remediar los destrozos corren el riesgo de todo voluntarismo.
Humillación y muerte
Dos focos se encendieron en la provincia de Buenos Aires esta semana, de signo contradictorio. En el municipio rural de Castelli una concentración de más de mil personas, en general bienvestidas y bienhabladas, hostigó y tiró de los pelos a la prensa nacional que había acudido interesada por un episodio conmovedor: la denuncia de un padre cuya hija de 10 años había sido desvestida por la maestra ante sus compañeras en busca de 30 pesos que le faltaban de la billetera. Según el padre, como no los encontró, la directora del colegio también revisó al hermanito. Luego de que le negaran explicaciones en el colegio y se burlaran de él en la intendencia, el padre recurrió a la justicia e hizo pública la humillación sufrida por los chicos. Recién entonces las autoridades provinciales ordenaron un sumario que deberá verificar los hechos. En forma preventiva separó de sus funciones a la maestra y a la directora. Los discursos y las consignas que se escucharon en la convocatoria del pueblo, azuzados por el intendente, no se dirigieron a reclamar contra el abuso, sino a vituperar a la familia que lo padeció (llegada hace pocos años al lugar) y, en especial, a la prensa que lo divulgó a todo el país. La virtud ofendida, la oratoria en defensa de un pueblo tranquilo que sólo quiere que lo dejen vivir en paz, y sin referencia alguna al episodio que originó la denuncia, tuvieron unperturbador aire de familia con la campaña oficial de 1978 “Los argentinos somos derechos y humanos”, que exacerbó el orgullo patriotero de la clase media satisfecha por la plata dulce, contra quienes se atrevían a decir en Europa Occidental y Estados Unidos lo que no se podía decir aquí ni en los países del bloque soviético sobre la barbarie desatada por la dictadura militar. En la Argentina del último cuarto del siglo pasado, como en la Italia y la Alemania del segundo, una multitud idiotizada por la propaganda y el miedo hizo posible que un pequeño grupo de fanáticos iluminados subyugara a sociedades tan complejas y sofisticadas. Ese fondo medieval acecha, siempre a la espera de su oportunidad y una vez que emerge se resiste a regresar al subsuelo. Recién este mes el Papa pidió perdón por los abusos cometidos en siete siglos por la Inquisición aunque, para tranquilidad de las almas buenas, aclaró que se habían dicho muchas exageraciones, que el número de las personas quemadas vivas en la pira no era tan grande, lo mismo que diestros detectives aborígenes sostienen de los desaparecidos entre 1976 y 1983.
El otro foco se produjo a las puertas de la Capital, en el municipio conurbano de La Matanza. En Isidro Casanova se encontró el cadáver de un chico de casi dos metros de altura, boca abajo y con el rostro deshecho a golpes. La familia reconstruyó los hechos lo mejor que pudo. Diego Lucena y otros asistentes a un boliche fueron expulsados a empujones por los patos vica por algún roce menor. Siguieron la discusión en la calle, corrieron y se los tragó la noche. Detrás fueron dos patrulleros. Se oyó un tiro. Conclusión: los policías le dieron el alto con un disparo de sus armas y luego lo golpearon hasta acabar con su vida de apenas 22 años y una novia embarazada. En la comisaría negaron que hubiera habido cualquier procedimiento. Hermanos y amigos de Diego llegaron al boliche a media mañana, abrieron las puertas a patadas y prendieron fuego a todo lo que encontraron. La policía trató de impedirlo pero, ante la furia general, escapó con decisión. Abandonó en el terreno un patrullero, que la gente dio vuelta como un escarabajo y también entregó a las llamas.
Es prematuro cualquier pronunciamiento sobre el punto de partida de cada acontecimiento y tampoco importa demasiado. Basta con saber lo que en cada caso se creyó, fruto del prejuicio o de la experiencia. El rechazo al forastero, cuya ajenidad permite someterlo a cualquier infamia, con prescindencia de la realidad de su conducta y de la de quienes lo frecuentan, es el tema de la desesperante película Dogville que, no por casualidad, Lars von Trier ubicó en la gran depresión estadounidense de la década de 1930, la misma del resistible ascenso de Adolf Hitler al poder en Alemania. Pero no lo hizo en un escenario realista sino en una escenografía esquemática, con casas dibujadas sobre un tablado, porque esa ciudad de perros puede ser Castelli o cualquier otra del ancho mundo. Del otro lado, el hartazgo con el crónico abuso policial ha llegado a un punto que no se contiene con arrebatos de energía verbal como los que intentó el ministro Carlos Arslanian. “Si este es el camino de la protesta y la reclamación, estamos muy mal”, dijo. Era hora de que se enterara. Ahora sólo falta que reflexione acerca de las responsabilidades y las soluciones, que no pueden agotarse en la correcta decisión de exonerar a dos policías que mientras alguien mataba a Diego dormían la mona dentro del boliche. Que el nazismo haya ocurrido en la culta Alemania, que el terrorismo de Estado haya rendido a la próspera e ilustrada Argentina, muestra que esas catástrofes pueden suceder en cualquier parte donde existan sociedades humanas. De cómo reaccionen una vez concluido ese desquicio depende que puedan retomar el hilo de su historia o se condenen a vegetar cada vez en un escalón más bajo, olvidadas de sus merecimientos. Que sean la Alemania o la Argentina de hoy.
Panorama desde el puente
Las microfracciones de la paleoizquierda necesitaron un año para olvidarse del recuento electoral (2,5 por ciento sumando todas sus fórmulas). En lugar del connubio entre stalinistas y trotskistas, excepcional aporte a la cultura universal, tan argentino como el tango o el dulce de leche, surgió la pintoresca candidatura presidencial de Raúl Castells. Sus afirmaciones acerca del soborno que habría desdeñado especulan con la desmemoria general. Hace apenas un año y medio, en diciembre de 2002, mostró al salir de la casa de gobierno su verdadera disposición, cuando exhibió triunfal un megacheque. La intransigencia abstracta y la doble moral de tal dirigencia agudizó sus polémicas intestinas, reconvirtió el sueño de las noches de verano de 2002 a su estado natural de dispersión y furor, facilitó la tarea del gobierno surgido de aquellos comicios, que acrecentó niveles de aceptación pública. La decisión de no reprimir ninguna táctica de agitación y propaganda (a menos que ponga vidas en peligro) y al mismo tiempo no acceder a sus petitorios, ha profundizado la confusión de un sector que se aísla y reduce cada día. Pero esto los exaspera aún más. Del mismo estado de ánimo participan la derecha cavernaria y aquel progresismo cuyo discurso descarrió hacia una abstracción inverificable y que, tras los humos de los sahumerios, divisa una dictadura en la que nadie se animará a decir lo que piensa, con una sola excepción: los mártires que consagraron su vida a la verdad y temen más perder la dignidad que la libertad. La quema de neumáticos frente a la sede del Ejército por un grupito de disfrazados (con pretexto en una decisión que votó el Congreso) es de una exacta funcionalidad a los alertas de quienes denuncian proyectos hegemónicos y al mismo tiempo claman por el uso de la fuerza contra aquellos que se les oponen. El mismo clima se generó hace dos años, cuando el jefe de gabinete Alfredo Atanasof anunció que se recuperarían el orden público y la libre circulación, y se desató la cacería humana del Puente Pueyrredón, que costó la vida de dos jóvenes y obligó a acortar el mandato al frente del Poder Ejecutivo que ejercía el ex senador Eduardo Duhalde. El incumplimiento de la promesa que el presidente Néstor Kirchner le hizo al padre de uno de los muertos aquel 26 de junio, de crear una comisión investigadora a la que se abrirían los archivos de la Secretaría de Inteligencia, es una de las manchas más feas en el desempeño oficial. No es que se pueda esperar gran cosas de aquellos archivos, que el ex viceministro de inteligencia Oscar Rodríguez tuvo un año para limpiar de cualquier elemento incriminatorio para el duhaldismo. El cruce de llamadas entre el comisario responsable del operativo en el puente y autor de los disparos criminales se conoció gracias al entonces viceministro de seguridad bonaerense Marcelo Saín, y permite constatar el vínculo entre quienes prepararon el operativo y quienes lo condujeron en el terreno, pero no más. Saín también descubrió que aquel día la División Departamental de Lomas de Zamora dispuso que las comunicaciones policiales fueran punto a punto, sin un registro central y, por supuesto, sin las molestas grabaciones que siempre se realizan en caso de operativos especiales, aunque más no sea la custodia de un partido de fútbol de mediana importancia. Desde el alejamiento de Saín, seis meses después, no hubo avances en la investigación. La decisión del gobernador Felipe Solá de designar en la Suprema Corte de justicia provincial al ex abogado policial Luis Genoud, que era su ministro de seguridad cuando los asesinatos de Avellaneda, releva de mayores comentarios sobre su actitud encubridora.
La pinza de hoy es ingeniosa. Se acusa al Gobierno de autoritario pero se le exige la restauración del orden. Si mantiene la cautela que mostró hasta ahora se lo presentará como cómplice o impulsor de la violencia. Si pierde la calma y da un paso en falso que avive las llamas, se le reprochará su índole represiva. Quienes juegan ese juego propenden en forma más o menos consciente a la venezuelización de la sociedad argentina, a su división tajante en bandos inconciliables, cuyos integrantes se cierren a cualquier posibilidad de diálogo y sólo admitan la exclusión definitiva del otro. La Argentina conoció muchas veces esa lógica maniquea que dio los peores frutos y es de esperar que no vuelva a caer en la misma trampa.
Pero también el gobierno tropezó en su atinado manejo para circunscribir esos focos de incendio cuando se le cruzaron con la política partidaria, en la que intenta juntar fuerzas para la ineludible confrontación con las bandas bonaerenses. Como si a último momento se hubiera preguntado qué hacía una persona como ella en un lugar como ése, la ministra Alicia Kirchner pisó donde no debía y cayó sobre su muñeca, lo cual la salvó de un contratiempo más grave, que quedó a cargo del ministro de trabajo y del secretario general de la presidencia. Como la celebración del Día del Ejército en La Matanza y el discurso peronista del general Roberto Bendini, el acto de Parque Norte remeda la participación popular con cartón pintado y sugiere antes debilidad que fortaleza. En todo caso, restan más de lo que suman.
Ingresos
Más allá de esos errores, que los fuegos se extingan o se propaguen dependerá de la capacidad de la política económica para cerrar las heridas abiertas por la suma nefasta de la convertibilidad y la devaluación que el país les debe a los integrantes de la fórmula Menem-Duhalde votada en 1989 y a su superministro Domingo Cavallo. Es cierto que la tendencia se ha invertido pero los resultados del primer año de gobierno de Kirchner no parecen suficientes para la recuperación de niveles aceptables de empleo y de ingresos. Si se desagia el invento argentino de computar como ocupados a quienes perciben 150 pesos de un subsidio se advierte que el desempleo sigue rondando el 20 por ciento. El gobierno se niega a extender e incrementar esos programas, que degradan a quienes los reciben y los cronifican en su situación actual, con el argumento de que prefiere que sus recipientes regresen al mercado laboral con empleos genuinos (lo cual de paso ratifica la incongruencia de sumarlos a los ocupados en las estadísticas). Lo único dudoso es que se estén creando tales empleos genuinos, como consecuencia del profundo proceso de desindustrialización, que incluyó la venta de maquinarias por kilo al exterior. Del millón de nuevos puestos de trabajo creados en el año de Kirchner, más de dos tercios son volátiles y precarios y su nivel de ingresos es un tercio del que corresponde a los empleos formales.
Subsidios
Esto también pone en tela de juicio la sustentabilidad de la nueva propuesta formulada a los tenedores de títulos de la deuda pública en mora y cuestiona tanto la razonabilidad cuanto la ética del subsidio por mil millones de pesos en diferimientos impositivos para proyectos de inversión de empresas de cualquier porte. Ese monto podría ser absorbido en su totalidad por la transnacional italiana Techint. Lo mismo puede decirse de los subsidios que se siguen pagando al transporte ferroviario. La privatización se basó en el ofrecimiento de subsidios a los operadores privados, para que realizaran las inversiones necesarias, mantuvieran el servicio en condiciones operativas y cubrieran déficit operativos. Así se suprimió el riesgo empresario de los prestadores. Luego del estallido de la convertibilidad los contratos se renegociaron. Entre otros puntos, se acordó que los concesionarios reconocían las multas por 16,6 millones de pesos que adeudaban por ocho años de incumplimientos y por las cuales se les ofrecieron cuotas mensuales de 680.000 pesos. Podían presentar la boleta de depósito en el Banco Nación o el pedido de que se les descontara del subsidio, que no puede pagarse sin que se cumpla una de estas dos condiciones. Desde mayo de 2003 la secretaría de transporte dejó de constatar que los concesionarios ingresaran las cuotas por las multas o la solicitud de descuento. Hace ahora un año la subsecretaría de transporte ferroviario elevó al secretario Ricardo Jaime un estudio técnico sobre incumplimientos del plan de obras de emergencia de Metropolitano y Trenes de Buenos Aires y una nota en la que con ese sustento aconsejó la suspensión del pago de los subsidios. Pero el mismo día, y con el mismo número de nota, el subsecretario de transporte Tito Montaña elevó una segunda nota en la que declaraba que no había observaciones al cumplimiento, esta vez sin informe técnico. Además fue cesanteado el jefe de inspectores que elaboró el primer dictamen. Esto dio lugar a una denuncia penal contra Jaime y los presidentes de las empresas beneficiarias, Sergio Tasselli y Sergio Cirigliano. Luego le siguieron otras, por el manejo discrecional e indiscriminado de los cupos de gasoil a precio diferencial, que el Estado reembolsa a las compañías petroleras. El accionista principal de Metropolitano, Sergio Tasselli, fue además concesionario de la mina carbonífera de Río Turbio, también bajo subsidio, y ahora se investiga si sus incumplimientos contractuales (que también en ese caso provocaron la revocatoria) incidieron en el trágico suceso en el que murieron 14 mineros.
Lo que el gobierno tal vez ignoraba cuando tomó la decisión de sacarlo de la vía, es que de ese modo afectaba los negocios de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Antes de mudarse a sus actuales oficinas de Pacífico, Tasselli atendía en las del Arzobispado de Buenos Aires, aledañas a la Catedral. Las inversiones que realiza por cuenta de sus mandantes celestiales, dentro y fuera del país, en empresas eléctricas y de petróleo, nunca superan los 50 millones de dólares, porque los discretos accionistas que representa no quieren manejarse con créditos sino con fondos propios. Uno de sus socios, Domingo Forestieri, es propietario de la empresa de ómnibus que lleva pasajeros a Luján y reconocido benefactor de la Basílica de esa ciudad. Su ex socio, Mario Montoto mantiene una relación especial con Esteban Caselli, el ex funcionario de Menem, Duhalde y Rückauf encargado de las relaciones con el Episcopado y el Vaticano. Las relaciones de Montoto con Tasselli se rompieron y dieron lugar a reclamos judiciales cruzados en el preciso momento en que Caselli perdió influencia en el gobierno nacional.
Los especialistas opinan que la revocación del contrato de Tasselli por la Línea San Martín (que también podría extenderse a las líneas Roca y Belgrano Sur) no altera el diseño de las privatizaciones del menemismo. Además del riesgo empresario la configuración de los consorcios suprimió la transparencia en las compras y contrataciones (casi todos están conformados por constructores y proveedores de material ferroviario, que sobrefacturan sin que nadie controle) y la competencia, ya que el tercer socio en los consorcios son las dos cámaras empresarias del transporte automotor, es decir el sector que debería competir con el ferrocarril.