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Organismos de derechos humanos, sobrevivientes de los campos de concentración, familiares, madres e hijos de desaparecidos se presentaron ayer ante la Justicia de La Plata con el objetivo de constituirse en querellantes en la causa que investiga los crímenes cometidos por la Policía Bonaerense, que comandaba Ramón Camps, durante la última dictadura militar.
Ayer se acercaron a los tribunales de La Plata los representantes de la Asociación Anahi, ex detenidos desaparecidos –entre ellos Nilda Eloy, Luis Velasco y Adriana Calvo– y dos hijos de desaparecidos, Clara Petrakos y Camilo Cagni. El juez a cargo de la causa, Antonio Corazza, se había comprometido a recibirlos, pero cuando los representantes de los organismos de derechos humanos subieron a su despacho, el magistrado ya se había retirado.
Luego de la presentación, aseguraron que en cuanto termine la feria judicial formularán un nuevo pedido y anticiparon su voluntad de reunirse con Corazza. “El 12 de agosto de 2003, después de años de lucha, arrancamos al Congreso nacional la ley que declaró insanablemente nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Desde entonces los jueces a cargo de la tramitación de las causas referidas al terrorismo de Estado deben continuar con los procesos retrotrayéndolos a la situación en que se encontraban cuando fueron interrumpidas por la impunidad”, explicaron.
La causa “Camps” fue reabierta por la Cámara Federal porteña después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El expediente estuvo primero a cargo del juez Jorge Ballestero, quien se declaró incompetente y envió el caso a la Justicia platense. Corazza deberá investigar ahora los crímenes cometidos por Camps, Miguel Osvaldo Etchecolatz y sus subordinados. Esos dos represores habían sido condenados junto con el capitán Norberto Corazzi y el coronel Ovidio Pablo Ricchieri. Pero hay otros policías y oficiales del Ejército que, cuando se cerró el expediente, debían ser citados a declarar.
“Llamamos a la participación efectiva de los diferentes sectores de la sociedad, a través de las organizaciones sociales y políticas presentándose como denunciantes de los hechos aberrantes del genocidio y el terrorismo de Estado al que como pueblo fuimos todos sometidos”, aseguraron ayer quienes se presentaron ante Corazza.