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La Legislatura porteña declaró como sitio histórico el inmueble ubicado en Virrey Cevallos 628, donde funcionó un centro clandestino durante la dictadura. De este modo el edificio no podrá sufrir modificaciones y deberá ser protegido como cualquier monumento de la Ciudad, con lo que se alcanza uno de los objetivos de los vecinos del lugar y de organismos de Derechos Humanos: resguardar el valor que tiene como prueba y como símbolo del terrorismo de Estado.
Durante años, la fachada antigua del domicilio de la calle Cevallos pasó inadvertida, hasta que Osvaldo López y Miriam Lewin, dos sobrevivientes del lugar, reconocieron las arquitecturas del centro clandestino que funcionó bajo la órbita de la Fuerza Aérea, y por el que se calcula que pasaron más de cien detenidos desaparecidos. López, que logró fugarse, detalló el funcionamiento del sitio en el que los detenidos eran alojados en pequeñas celdas y torturados en tres salas especialmente acondicionadas.
El proyecto que ayer aprobó la Legislatura fue presentado por la diputada ibarrista Alicia Caruso, en línea con el pedido que realizaron en junio de 2003 frente al inmueble los vecinos de los barrios de Monserrat y San Cristóbal, para que el lugar fuera protegido por el gobierno de la Ciudad. Con esta medida, el viejo edificio de tres plantas que actualmente pertenece a un particular deberá ser preservado según el Código de Planeamiento Urbano y la Ley Marco de Protección Cultural. “Con la recatalogación y la declaración del Sitio Histórico del inmueble, se ayuda a recuperar la memoria de quienes estuvieron desaparecidos y fueron torturados en el lugar”, aseguró Caruso.
Al tratarse de una iniciativa que puede incidir sobre el patrimonio urbano de la Ciudad, la norma deberá pasar una segunda aprobación, aunque según los impulsores del proyecto esto será sólo un trámite.
Esta medida fortalece además otro de los reclamos de los vecinos y de los organismos de Derechos Humanos, que exigen que el inmueble sea expropiado. Si bien las comisiones de Presupuesto y de Derechos Humanos de la Legislatura trabajan actualmente sobre un anteproyecto de ley de expropiación, los pedidos apuntan a que se aplique la Ley 961 promulgada por el gobierno de Aníbal Ibarra en 2001, que establece que todos los lugares que funcionaron como centros de detención y torturas deben constituirse en espacios para la memoria y la verdad.