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Mientras sigan pendientes la renegociación de la deuda pública en mora, los procedimientos de las empresas privatizadas y/o sus accionistas minoritarios ante el Ciadi y el replanteo del vínculo con los organismos multilaterales de crédito, el gobierno nacional intenta una política de equilibrios que controle o al menos minimice la eclosión de conflictos perturbadores. Llevado al extremo del humor, esto conduce a títulos como los de la desopilante revista Barcelona de esta semana: “Crece la esperanza por el diálogo oficial con la UCR y la CGT”.
Vencimientos
De aquí a fin de año la Argentina tiene compromisos con esos organismos por unos 2600 millones de dólares, de los cuales una décima parte vence en este mes. El mes próximo esa carga se duplica y vuelve a reducirse en octubre, con unos 380 millones de dólares. Los mayores esfuerzos están pautados para el último bimestre del año, en el que se acumula más de la mitad de esos vencimientos, por encima de los 1300 millones de dólares. Con los superávit de recaudación impositiva del último trimestre bastaría para cubrir más de la mitad de esos compromisos, lo que llevaría a mediados de octubre o principios de noviembre la decisión crucial. El gobierno ya tiene separados en la Tesorería del Banco Nación 1400 millones de dólares para tales pagos. A partir de allí se pondrá a prueba la posibilidad que estudia de acudir a las reservas o en cambio gestionar la postergación de los compromisos no obligatorios, para lo cual se han hecho contactos con el gobierno español. Hace ya dos meses es el Fondo el que incumple las obligaciones asumidas con la Argentina. El desembolso que debía haber hecho en junio sumaba 730 millones de dólares, en devolución de los 750 que pagó la Argentina. En este momento, las reservas son de 18.100 millones de dólares, el doble de lo que eran cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, y al ritmo actual de crecimiento oscilarían entre 19.000 y 19.500 en aquel momento. Con tales pagos aun cuando el FMI no cumpliera con su parte de lo convenido, el gobierno compraría capacidad de decisión, ya que de ese modo desaparecerían los motivos para tomar en cuenta las condiciones que el organismo impone antes de aprobar cada desembolso. Pero al suizo Kirchner no le resulta fácil la decisión de acudir a lo guardado en ese colchón.
De las condiciones del FMI hay tres que complicarían en forma decisiva la situación general: el incremento del superávit primario en un tercio; la disminución en una cuarta parte del valor del dólar y la eliminación gradual de los impuestos a las exportaciones y a los cheques a partir del 1º de enero próximo. Un estudio realizado para la OIT por el tributarista Jorge Gaggero sobre “Reforma tributaria y empleo” sostiene que toda la mejora de la recaudación obtenida por el gobierno nacional obedece a esos tributos extraordinarios, sin los cuales la recaudación sería aún más baja que en la hondonada recesiva de 2000 (16 puntos del PIB ahora, contra 17,9 entonces). La combinación de un mayor superávit con una apreciación del peso y una renuncia gradual a las retenciones abortaría el proceso de recuperación económica y privaría al Estado de recursos con los cuales impulsar la obra pública, el empleo y las remuneraciones. No sería razonable prever que semejantes decisiones fueran adoptadas por un gobierno que en forma explícita le dijo a la Sociedad Rural que no debe esperar una baja en el único impuesto progresivo que cobra el fisco, que impulsó una corrección al alza del precio del dólar e incrementó las alícuotas para las exportaciones de las petroleras, desmintiendo en los hechos la irónica afirmación que hace unos meses había hecho Roberto Lavagna ante interlocutores sindicales de que ese sector era “el socio oculto del modelo” patagónico.
El Presupuesto 2005
El crecimiento sostenido del Producto y de la recaudación y los excedentes de ingresos tributarios muy por encima de lo pactado con el FMI han creado condiciones muy distintas para la pulseada respecto de las del año pasado, cuando los vencimientos inmediatos con el organismo equivalían a dos de cada tres dólares que atesoraba el Estado. La asimetría de las relaciones de fuerza priva por encima del texto de los estatutos que regulan la existencia del organismo. Sin ninguna justificación normativa, el Fondo actúa como agente de las empresas privatizadas en demanda de mejoras tarifarias; de los bancos que reclaman compensaciones por la pesificación asimétrica y de los tenedores de bonos de la deuda en mora.
Este último es el campo que en este momento más interesa al gobierno. La tercera revisión del acuerdo vigente con el Fondo debía haberse producido en junio. Pese a que la Argentina sobrecumplió con las condiciones cuantitativas fijadas, el Fondo dilató la aprobación como forma de presionar. Cuando ya todos los plazos estaban vencidos, anunció que no trataría el caso argentino hasta después de las vacaciones boreales, es decir en septiembre. Frente a ese intento de complicar las negociaciones con los acreedores privados el gobierno hizo de la necesidad virtud y respondió que septiembre no era una buena fecha y postergó la revisión hasta enero. Hasta ahora en el Fondo era un valor entendido que la aprobación del Fondo era necesaria para la negociación con los tenedores de bonos en default. Esa lógica se ha invertido y el lapso de cinco meses ganado debería permitir dos ganancias que mejorarían la situación relativa al momento de sentarse de nuevo a la mesa. Por un lado, en septiembre el Poder Ejecutivo debe enviar al Congreso el proyecto de ley de presupuesto para 2005. No hace falta disponer de información confidencial ni ser muy perspicaz para adivinar que esa ley maestra no contemplará un superávit primario superior al 3 por ciento del Producto Interno Bruto. En enero ese Presupuesto estará sancionado y promulgado, de modo que la pretensión de subir ese porcentaje hasta el 4 por ciento se habrá vuelto abstracta. Por otro lado, habrá concluido una primera ronda de la renegociación de la deuda en mora. Las especulaciones sobre porcentajes de tenedores de bonos que aceptarán la propuesta argentina pueden ser interminables, pero salvo imprevisibles milagro a favor o catástrofe en contra, es de presumir que rondarán en torno de la mitad de los acreedores. El Fondo reclamaba un porcentaje de aceptaciones del 80 por ciento para convalidar el acuerdo, pero Lavagna se negó y diluyó el compromiso en frases cualitativas susceptibles de interpretación. Por cierto, si el 60 por ciento de los tenedores acepta alguna de las formas de canje por otros títulos propuestas por el gobierno la posición nacional se fortalecerá más que si ese porcentaje es del 40 por ciento. En cualquier caso, el bloque monolítico de intereses que el Fondo intenta representar ante el gobierno se habrá quebrado y las negociaciones podrán plantearse en otros términos.
Arbitros vs. Jueces
El otro frente externo crítico se desenvuelve en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde la Argentina enfrenta en potencia sesenta y un juicios, que en acto ya son treinta. El total en juego insume entre 16 y 17.000 millones de dólares, casi tanto como las reservas actuales del país. Algunos expertos reconocidos cuestionan la estrategia seguida por el ex Procurador del Tesoro y actual ministro de Justicia, Horacio Rosatti, de discutir ante ese órgano del Banco Mundial la procedencia de medidas soberanas, como la devaluación y la pesificación dispuestas en 2002. “El ejercicio de los poderes de emergencia cuando están en juego principios de orden y derecho público es innegociable. Esto es tan elemental que no podría ser ni siquiera planteado”, sostiene uno de esos especialistas. Quienes defienden el camino elegido afirman que se trata de demostrar la buena fe del Estado, de modo de fortalecer la posición en el momento de la inevitable ruptura.
El Ciadi es la instancia arbitral de aplicación de los tratados de inversión firmados en la década pasada con la irrisoria cláusula de reciprocidad entre naciones desiguales, que arrasan con la soberanía del Estado-Nación. Por ambas partes, los caminos a seguir ya están trazados. El 2 de agosto, el Ciadi dispuso aceptar a Enron como parte en un litigio contra la Argentina, pese a que es apenas socio minoritario en Transportadora de Gas del Sur y no obstante que ya estaba entablado el litigio por la pesificación ante los tribunales argentinos. Al día siguiente aceptó entender en el reclamo de Siemens contra la Argentina por la cancelación del contrato para informatizar los controles migratorios y la identificación de personas. Pero el 1º de junio la Corte Suprema de Justicia revocó su propia jurisprudencia en el caso “Meller” y sentenció que las decisiones arbitrales no son definitivas y que pueden ser apeladas ante los tribunales nacionales.
De este modo, volvió a la jurisprudencia establecida hace tres décadas en el caso “Sargo” durante el anterior gobierno justicialista. La constructora Cartellone reclamaba mayores costos a la ex empresa pública Hidronor. El tribunal arbitral que ambas partes aceptaron se pronunció en 1991 en favor del contratista. Las apelaciones de Hidronor fueron rechazadas, hasta que el caso llegó a la Corte. El voto que concedió la apelación de Hidronor fue firmado por uno de los sobrevivientes de la mayoría automática menemista (Adolfo Vázquez), los tres ministros designados en 1983 (Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Augusto Belluscio), uno cuyo pliego firmó Kirchner (Raúl Zaffaroni) y el único que nombró Duhalde (Juan Carlos Maqueda), pluralidad que refuerza su peso. Los dos argumentos centrales de la decisión se aplican a los arbitrajes en curso en Washington y París: uno recuerda que el artículo 872 del Código Civil prohíbe la renuncia a “derechos concedidos en mira del interés público”; el otro sostiene que las decisiones arbitrales podrán impugnarse ante la justicia cuando sean inconstitucionales, ilegales o irrazonables. En un análisis reciente de la constitucionalidad de los arbitrajes, el ex ministro de la Corte Suprema Héctor Masnatta (con alta probabilidad el más brillante expositor que el país tiene en la materia) recordó que desde que la dictadura militar modificó en 1976 el Código Procesal en lo Civil y Comercial de modo de admitir que tribunales o árbitros extranjeros subrogaran a la jurisdicción nacional, el arbitraje se ha ido extendiendo en forma que es imprescindible contener. “Los árbitros deben su nombramiento al interés inmediato de las partes en el asunto que motiva el nombramiento y no están sujetos a las fiscalizaciones y responsabilidad de los jueces permanentes. Nacen para la decisión que dictan y mueren con ella, sin que el público lo advierta casi ni pueda apreciar su idoneidad por una serie de sentencias dictadas con casos y circunstancias diversas, como ocurre con aquellos jueces. De allí que salvo raras excepciones el árbitro no obra como juez, sino como defensor del litigante que lo nombra; y de ahí que el tercero en discordia prefiere casi siempre las soluciones aparentemente equitativas que evitan dar todo su derecho al que lo tiene. Así, no es extraño que los laudos resulten, por lo general, arbitrarios no sólo por su origen sino por su contenido”, dice Masnatta.
En su artículo 75, inciso 22, la Constitución advierte que incluso aquellos tratados con jerarquía superior a la de las leyes (como los de derechos humanos) “no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”, lo cual implica que la Corte Suprema deberá tener la última palabra como intérprete de la Constitución. Está claro que el gobierno no piensa reconocer al Ciadi como última instancia inapelable ni allanarse a las condiciones del FMI que, bajo el engañoso título de reformas estructurales, tiendan a consolidar una distribución del ingreso que hoy está en el valor promedio de América latina, es decir el peor del mundo. Jugadas tan fuertes, que se desenvolverán en los próximos meses, explican la política de equilibrios, que sólo se comprende si se observa la imagen en movimiento y no cada momento estático.
Brasas sin fuego
Aunque las brasas sigan ardiendo y surjan de tanto en tanto chisporroteos, no es previsible que la relación del gobierno con la rama política del peronismo se soflame. En las últimas escaramuzas el ex senador Eduardo Duhalde parece haber entendido los límites que Kirchner le fijó y hoy se muestra más interesado en opinar sobre la ex diputada Elisa Carrió que sobre el gobierno nacional. La confrontación ha descendido a las segundas líneas, con declaraciones como las de Manuel Quindimil y sus seguidores de la Juventud Renovadora Bonaerense contra el ministro de Defensa José Pampuro, por haber opinado que se imponía un cambio de autoridades en el justicialismo bonaerense. Los acuerdos entre Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para constituir la Región Centro que, con financiamiento del Estado nacional, construirá el tramo argentino de la Autopista que deberá unir Porto Alegre, en Brasil, con Coquimbo, en Chile, para concretar la salida de sus productos al Pacífico, también tiende al equilibrio. Tres gobernadores sin reelección inmediata posible, como Jorge Obeid, Jorge Busti y José de la Sota constituyen un contrapeso al poder de Buenos Aires y su hombre fuerte. Busti es quien más ha insistido en que Kirchner debe asumir la conducción del Partido Justicialista. Pero quien más ha contribuido a la pacificación entre Duhalde y Kirchner ha sido el gobernador de Buenos Aires, y no porque se lo propusiera. Su comportamiento errático, debido a una patológica indecisión, convencieron al presidente de que es imposible construir cualquier alternativa en torno del ingeniero Felipe Es Felipe. Sin llegar al punto de alguno de sus colaboradores que considera que en un pico de su ciclotimia Es Felipe abandonará el terreno sin concluir su mandato, Kirchner ha desistido de cualquier ilusión respecto de él e incluso sonríe con las pullas que le dedican otros dirigentes bonaerenses durante las excursiones presidenciales por el conurbano.
Buitres
Kirchner haría mejor en observar la conducta de algunos de sus ministros, que sintonizan con el devaluado gobernador bonaerense en asuntos fundamentales que afectarán la credibilidad del cambio de política pero también de ética que el gobierno nacional postula. Es Felipe impulsó esta semana el violento desalojo policial de los trabajadores de la fábrica de Gatic recuperada por sus trabajadores en Pigüé. El gobernador actuó en apoyo de una combinación más que sospechosa, que entrega la mayor empresa textil del país a un fondo buitre, representado por un testaferro. El Banco Nación, la AFIP, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Ciudad cederán en favor de ellos sus derechos sobre deudas de Gatic por más de 500 millones de pesos y los trabajadores recibirán como premio consuelo el apoyo para gestionar algunas plantas menores. El año pasado Kirchner recibió a los trabajadores y les prometió su apoyo. Cuando su ministro de Planificación Federal y Servicios, Julio De Vido, comenzó a operar en favor del fondo buitre y del testaferro, Kirchner le recordó que no era ésa la instrucción que le había dado.
Sin embargo De Vido siguió adelante, de acuerdo con los lineamientos fijados por su economista de cabecera, el ex director de Hacienda de Carlos Grosso y actual Secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno. “De cumplirse esta operación volveríamos a las prácticas de los ’90. ¿Cuál es la diferencia entre ENTel o Aerolíneas y esta privatización de Gatic? Los trabajadores no vamos a ser cómplices de esta estafa”, sostuvo José Abellí, uno de los organizadores del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, quien no es un opositor al gobierno sino todo lo contrario.
El frente social
En el frente social el gobierno avanzó con una serie de decisiones que ratifican un rumbo: la extensión por cinco años del fondo de incentivo docente, el incremento del 10 por ciento en las jubilaciones de hasta mil pesos mensuales (contra el 4 por ciento que proponía Lavagna), la fijación del salario mínimo en 400 pesos (el doble que al asumir) y la convocatoria al Consejo del Trabajo, la Productividad y el Salario para tratar un aumento al resto de los salarios, públicos y privados. Si la reunificación de la CGT (operada desde el gobierno por el ministro De Vido) fue un aviso a la paleoizquierda pirómana, la invitación al Consejo Directivo de la CTA constituyó un mensaje simétrico a los habitantes de la sede sindical de la calle Azopardo: Kirchner no está dispuesto a permitir que nadie lo tome de rehén. Esas medidas formaban parte del catálogo de aspiraciones de la CGT y la CTA. Las reacciones fueron diversas, lo cual califica la madera de cada uno.
La CGT despotricó contra el gobierno por haber anunciado los aumentos a jubilaciones y salario mínimo por voluntad presidencial y sin convocarla. En cambio la CTA (en especial el sindicalista de los docentes Hugo Yasky) agradeció al presidente la medida, por la cual los maestros lucharon durante años, incluyendo paros, movilizaciones y la protesta de la carpa blanca. En la CGT Luis Barrionuevo llegó a amenazar con un paro general. Quien le respondió con acritud fue Susana Rueda, cuya sintonía con Kirchner es llamativa. Ex militante de la JP de las Regionales; opositora a Carlos West Ocampo en Sanidad hasta que llegaron a un acuerdo de coexistencia pacífica, al estilo del que Andrés Castillo alcanzó con Juan José Zanola en la Asociación Bancaria, en 2003 Rueda se pronunció por la candidatura de Kirchner e hizo campaña junto con Obeid en Santa Fe. Otro de los cosecretarios de la CGT, Hugo Moyano, recibió a Raúl Castells, una decisión que causó más revuelo dentro que fuera de Azopardo. Uno de los principales consejeros de Moyano afirma que su objetivo es controlar a Castels, quien mientras marchaba hacia la CGT practicó un corte parcial de calles, sin interrumpir el tránsito. En cualquier caso, es ostensible la mutua conveniencia. Moyano se exhibe como uno de los pocos dirigentes de la CGT que puede mostrarse en la calle junto a los desocupados, a quienes dedicó una frase inobjetable: “Hay quienes creen que se puede esconderlos debajo de la alfombra”. Castels atenúa su aislamiento, lo cual tal vez le sirva para demorar una confrontación inevitable.
Por su parte el gobierno no parece preocupado por el nuevo eje. Cuando Castels salió del casino de Resistencia con 11.000 pesos en la mano, el ministro del Interior Aníbal Fernández le hizo saber que ésa era la última vez que cruzaba esa frontera entre la protesta y el delito sin consecuencias penales. Como anticipo, el gobernador Roy Nikisch estudia la rescisión de la concesión del casino con la empresa que lo consintió. El encuentro con la CTA fue cordial pero no exento de ironía. Al recibir a sus visitantes, Kirchner les dijo con una sonrisa: “Si estuviéramos en Cuba alguno de ustedes me pediría que invadiéramos Estados Unidos”.