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Esta semana el ministerio del Interior presentará una denuncia penal contra funcionarios de las gestiones de Carlos Corach, Federico Storani, Ramón Mestre, Rodolfo Gabrielli y Jorge Matzkin, por el escandaloso manejo de un programa de asistencia a 233 municipios con recursos provistos por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La querella no involucra a los ex ministros ni a los ex mandatarios a quienes sirvieron, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, sino a quienes se desempeñaron en ese lapso en la denominada Unidad Ejecutora. El programa, iniciado en 1998, sólo distribuyó asistencia a nueve municipios por 26.000 dólares. Los restantes 224 intendentes nunca recibieron un peso. Pero entre intereses por créditos del BID no usados y gastos en consultoras se evaporaron 18 millones de dólares. El Ministerio de Economía reclamó a Interior que los municipios se hicieran cargo, a razón de 77.250 dólares por intendente, una utopía irrealizable. El Poder Ejecutivo se hará cargo de ese pago y actuará ante la justicia contra los responsables. También la Justicia deberá emitir una orden que permita cumplir la dispuesta intervención al Fondo Compensador Telefónico. La administración menemista del sindicato Foesitra se negó a permitir el acceso del interventor designado. Los bolsones de corrupción resisten hasta quemar el último cartucho.